El gobierno porteño busca eliminar el techo establecido por ley para la actualización del tributo que abonan cada mes los vecinos de la ciudad y que abarca el servicio de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) junto con el impuesto inmobiliario. Por eso, le pidió a la Legislatura que sancione un “destopeo” del máximo aumento que permite la legislación vigente, establecido en un 100% anual. De aprobarse, la administración de Jorge Macri quedará autorizada para mantener los incrementos del impuesto también en el segundo semestre.
Desde 2020 y hasta la actualidad, la metodología para el cobro de la cuota mensual a los contribuyentes está sujeta a las variaciones que surjan del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, que se ajusta por inflación.
Sin embargo, este esquema cuenta con otras dos características: el tributo no puede tener incrementos por encima del 100% respecto del año anterior y su aplicación no es inmediata, sino que el coeficiente que marca la fluctuación de los precios recién se observa en las boletas emitidas cinco meses después. De acuerdo con este modelo, en mayo los vecinos tuvieron un aumento del 21,1%, que correspondió a la variación registrada en diciembre.
Según estimaciones oficiales y teniendo en cuenta los índices inflacionarios de los primeros meses de 2024, en junio la actualización acumulada del ABL llegará al techo del 100% previsto por ley, por lo cual la cuota quedaría “planchada” en un mismo valor durante el segundo semestre, algo que afectaría el nivel de recaudación y la progresividad del impuesto.
Para evitar que la cuota quede congelada, el Ejecutivo porteño elaboró un proyecto para quitar el tope y lo remitió a la Legislatura, donde fue analizado en diversas reuniones de la Comisión de Presupuesto y llegará al recinto en la segunda sesión ordinaria del año, convocada para el jueves de la semana próxima.
“No se trata de ningún aumento porque no existen incrementos de las partidas, sino que la propuesta intenta recuperar una parte de la depreciación monetaria que permita sostener el gasto”, señalaron desde el oficialismo porteño. Sin embargo, desde la oposición se mostraron en desacuerdo y calificaron a la quita del tope como un “impuestazo” y una “considerable suba” del ABL.
El Ejecutivo circuló entre los legisladores una tabla de ejemplos con los montos estimados para este 2024, en la que un propietario de un departamento en el barrio de Palermo que abonó en la primera cuota $3211, en junio llegará a $5796 y, si prospera la eliminación del tope propuesta, a fin de año superaría los $10.000. Otro caso testigo fue un PH en Villa General Mitre que arrancó el año con $18.746 y finalizará en $58.724.
Negociaciones
Además de este cambio en el ABL, el gobierno porteño pretende que en la sesión del jueves 18 sea aprobada una ampliación de un 80% del actual presupuesto en $4,5 billones, de los cuales cerca de $2 billones estarán destinados al pago salarial de empleados estatales tras los acuerdos paritarios.
El actual cálculo de gastos y recursos porteños supera los $5,7 billones, por lo cual, de sancionarse, el monto estará por encima de los $10 billones.
“En estos primeros meses del año, se puede observar que la realidad económica está fuertemente alejada de las proyecciones macroeconómicas incluidas en el presupuesto aprobado por esta Legislatura”, afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, en una reciente visita al Parlamento porteño para explicar los motivos del proyecto.
Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto, el funcionario remarcó que la aprobación de la ampliación es “de vital importancia para poder continuar ejecutando el plan de gobierno” y afrontar la suba de precios de, por ejemplo, los medicamentos para hospitales, los productos lácteos para las escuelas y el combustible y las municiones de la Policía. “Permitirá que los trabajadores de la ciudad puedan ver actualizados sus haberes”, subrayó.
En declaraciones a LA NACION, la legisladora del oficialismo porteño Paola Michielotto, que está al frente de la Comisión de Presupuesto, argumentó que “la variación exponencial de las variables macroeconómicas contempladas en 2023 hace que la Ciudad se encuentre ante una gran dificultad a la hora de querer hacer frente a los gastos”.
Ambas propuestas requerirán de al menos 31 votos de los 60 legisladores porteños, cifra a la cual el oficialismo no llega ni siquiera sumando los de las bancadas aliadas como UCR-Evolución, Confianza Pública y el Frente Liberal Republicano. Por ello, busca respaldos dentro de La Libertad Avanza, que reúne nueve escaños, o en el arco opositor, donde Unión por la Patria cuenta con 18 lugares.
Para asegurarse la mayor cantidad de manos alzadas para la sesión, Michielotto abrió canales de diálogo con los espacios políticos, cuyos referentes le trasladaron el pedido para incluir en el debate en el recinto una serie de propuestas de alivio fiscal vinculadas al régimen de tarifas vigente.
Alivio fiscal
Desde el radicalismo, impulsaron dos proyectos que apuntan, en primera instancia, a un esquema del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos que evite que los contribuyentes pasen al Régimen General por efecto de la inflación; y la actualización del mínimo no imponible para la exención del impuesto a los sellos que se cobra para la adquisición de una vivienda única y de ocupación permanente.
“Planteamos hace rato la necesidad de corregir distorsiones y es bueno que se puedan incluir porque son pequeñas medidas que ayudan en este contexto económico que estamos viviendo”, dijo a LA NACION el diputado de la UCR-Evolución Lucio Lapeña, autor de ambas propuestas.
Otra de las iniciativas que podrían sumar desde el oficialismo para la discusión pertenece a la legisladora Sol Méndez, del bloque de Confianza Pública que preside Graciela Ocaña. En este caso, establece que queden exentos de pagar el impuesto de ABL los centros de jubilados que sean propietarios de los inmuebles donde funcionan, lo que beneficiaría a una veintena de este tipo de instituciones.
Ocaña también pretende que se debata una ampliación de la norma que libera del pago del impuesto o morigera el valor para jubilados y pensionados que residen en la ciudad de Buenos Aires, que alcanza a unos 98.000 contribuyentes, lo cual interpretó “son muy pocos teniendo en cuenta que hay casi 800.000 personas mayores de 60 años, entre los que hay una gran parte que son titulares de su inmueble”.
“Desde Confianza Pública, firmamos en disidencia parcial los dictámenes porque queremos que se amplíe la cantidad de beneficiarios o que no se le aplique el ´destopeo´”, señaló. La legisladora también valoró las conversaciones encaradas por la Comisión de Presupuesto; no obstante, sostuvo que quitar el techo del 100% “implica un fuerte aumento”.
El diputado Matías Barroetaveña, de Unión por la Patria, objetó que “frente a la situación actual de inflación con recesión, el gobierno de la ciudad suma aumentos”, por lo que planteó que “la distribución” del incremento “tiene que ser más justa”, lo que podría ocurrir a partir de la implementación de un número mayor de categorías en las que se agrupan el impuesto inmobiliario y el ABL. “A diferencia del impuestazo de Jorge Macri, proponemos un sistema impositivo que acompañe en una situación de crisis a los que más necesitan desde el lado del gasto”, sostuvo.
Otros aumentos
Más allá de las actualizaciones del ABL, el expediente que tratarán en la Legislatura contiene también una serie de incrementos en los valores de las entradas y de las actividades que se realizan en los parques públicos porteños. De aprobarse, el costo del acceso general a los parques Sarmiento y Belgrano irá de $530 a $800, mientras el complejo de golf pasará de $6300 a $8600 aproximadamente.
Subirán además los aranceles para utilizar las piletas climatizadas de marzo a diciembre en los polideportivos Chacabuco, Patricios, Santojanni, Martín Fierro y Pomar; y de las piscinas a cielo abierto de enero a febrero en los complejos Pereyra, Dorrego, Avellaneda, Costa Rica y Colegiales. En cambio, bajará el valor de las actividades deportivas que realizan los adultos mayores.
Finalmente, actualizarán los valores de algunos conceptos puntuales vinculados con los servicios de cementerios relativos a la cremación directa de ataúdes y la entrada de los turistas internacionales. Asimismo, extenderán la segmentación de la capacidad respecto de los eventos masivos, a los efectos de asegurar la progresividad y equidad en el pago de los derechos por cada solicitud de permiso especial.
El gobierno porteño busca eliminar el techo establecido por ley para la actualización del tributo que abonan cada mes los vecinos de la ciudad y que abarca el servicio de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) junto con el impuesto inmobiliario. Por eso, le pidió a la Legislatura que sancione un “destopeo” del máximo aumento que permite la legislación vigente, establecido en un 100% anual. De aprobarse, la administración de Jorge Macri quedará autorizada para mantener los incrementos del impuesto también en el segundo semestre.
Desde 2020 y hasta la actualidad, la metodología para el cobro de la cuota mensual a los contribuyentes está sujeta a las variaciones que surjan del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, que se ajusta por inflación.
Sin embargo, este esquema cuenta con otras dos características: el tributo no puede tener incrementos por encima del 100% respecto del año anterior y su aplicación no es inmediata, sino que el coeficiente que marca la fluctuación de los precios recién se observa en las boletas emitidas cinco meses después. De acuerdo con este modelo, en mayo los vecinos tuvieron un aumento del 21,1%, que correspondió a la variación registrada en diciembre.
Según estimaciones oficiales y teniendo en cuenta los índices inflacionarios de los primeros meses de 2024, en junio la actualización acumulada del ABL llegará al techo del 100% previsto por ley, por lo cual la cuota quedaría “planchada” en un mismo valor durante el segundo semestre, algo que afectaría el nivel de recaudación y la progresividad del impuesto.
Para evitar que la cuota quede congelada, el Ejecutivo porteño elaboró un proyecto para quitar el tope y lo remitió a la Legislatura, donde fue analizado en diversas reuniones de la Comisión de Presupuesto y llegará al recinto en la segunda sesión ordinaria del año, convocada para el jueves de la semana próxima.
“No se trata de ningún aumento porque no existen incrementos de las partidas, sino que la propuesta intenta recuperar una parte de la depreciación monetaria que permita sostener el gasto”, señalaron desde el oficialismo porteño. Sin embargo, desde la oposición se mostraron en desacuerdo y calificaron a la quita del tope como un “impuestazo” y una “considerable suba” del ABL.
El Ejecutivo circuló entre los legisladores una tabla de ejemplos con los montos estimados para este 2024, en la que un propietario de un departamento en el barrio de Palermo que abonó en la primera cuota $3211, en junio llegará a $5796 y, si prospera la eliminación del tope propuesta, a fin de año superaría los $10.000. Otro caso testigo fue un PH en Villa General Mitre que arrancó el año con $18.746 y finalizará en $58.724.
Negociaciones
Además de este cambio en el ABL, el gobierno porteño pretende que en la sesión del jueves 18 sea aprobada una ampliación de un 80% del actual presupuesto en $4,5 billones, de los cuales cerca de $2 billones estarán destinados al pago salarial de empleados estatales tras los acuerdos paritarios.
El actual cálculo de gastos y recursos porteños supera los $5,7 billones, por lo cual, de sancionarse, el monto estará por encima de los $10 billones.
“En estos primeros meses del año, se puede observar que la realidad económica está fuertemente alejada de las proyecciones macroeconómicas incluidas en el presupuesto aprobado por esta Legislatura”, afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, en una reciente visita al Parlamento porteño para explicar los motivos del proyecto.
Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto, el funcionario remarcó que la aprobación de la ampliación es “de vital importancia para poder continuar ejecutando el plan de gobierno” y afrontar la suba de precios de, por ejemplo, los medicamentos para hospitales, los productos lácteos para las escuelas y el combustible y las municiones de la Policía. “Permitirá que los trabajadores de la ciudad puedan ver actualizados sus haberes”, subrayó.
En declaraciones a LA NACION, la legisladora del oficialismo porteño Paola Michielotto, que está al frente de la Comisión de Presupuesto, argumentó que “la variación exponencial de las variables macroeconómicas contempladas en 2023 hace que la Ciudad se encuentre ante una gran dificultad a la hora de querer hacer frente a los gastos”.
Ambas propuestas requerirán de al menos 31 votos de los 60 legisladores porteños, cifra a la cual el oficialismo no llega ni siquiera sumando los de las bancadas aliadas como UCR-Evolución, Confianza Pública y el Frente Liberal Republicano. Por ello, busca respaldos dentro de La Libertad Avanza, que reúne nueve escaños, o en el arco opositor, donde Unión por la Patria cuenta con 18 lugares.
Para asegurarse la mayor cantidad de manos alzadas para la sesión, Michielotto abrió canales de diálogo con los espacios políticos, cuyos referentes le trasladaron el pedido para incluir en el debate en el recinto una serie de propuestas de alivio fiscal vinculadas al régimen de tarifas vigente.
Alivio fiscal
Desde el radicalismo, impulsaron dos proyectos que apuntan, en primera instancia, a un esquema del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos que evite que los contribuyentes pasen al Régimen General por efecto de la inflación; y la actualización del mínimo no imponible para la exención del impuesto a los sellos que se cobra para la adquisición de una vivienda única y de ocupación permanente.
“Planteamos hace rato la necesidad de corregir distorsiones y es bueno que se puedan incluir porque son pequeñas medidas que ayudan en este contexto económico que estamos viviendo”, dijo a LA NACION el diputado de la UCR-Evolución Lucio Lapeña, autor de ambas propuestas.
Otra de las iniciativas que podrían sumar desde el oficialismo para la discusión pertenece a la legisladora Sol Méndez, del bloque de Confianza Pública que preside Graciela Ocaña. En este caso, establece que queden exentos de pagar el impuesto de ABL los centros de jubilados que sean propietarios de los inmuebles donde funcionan, lo que beneficiaría a una veintena de este tipo de instituciones.
Ocaña también pretende que se debata una ampliación de la norma que libera del pago del impuesto o morigera el valor para jubilados y pensionados que residen en la ciudad de Buenos Aires, que alcanza a unos 98.000 contribuyentes, lo cual interpretó “son muy pocos teniendo en cuenta que hay casi 800.000 personas mayores de 60 años, entre los que hay una gran parte que son titulares de su inmueble”.
“Desde Confianza Pública, firmamos en disidencia parcial los dictámenes porque queremos que se amplíe la cantidad de beneficiarios o que no se le aplique el ´destopeo´”, señaló. La legisladora también valoró las conversaciones encaradas por la Comisión de Presupuesto; no obstante, sostuvo que quitar el techo del 100% “implica un fuerte aumento”.
El diputado Matías Barroetaveña, de Unión por la Patria, objetó que “frente a la situación actual de inflación con recesión, el gobierno de la ciudad suma aumentos”, por lo que planteó que “la distribución” del incremento “tiene que ser más justa”, lo que podría ocurrir a partir de la implementación de un número mayor de categorías en las que se agrupan el impuesto inmobiliario y el ABL. “A diferencia del impuestazo de Jorge Macri, proponemos un sistema impositivo que acompañe en una situación de crisis a los que más necesitan desde el lado del gasto”, sostuvo.
Otros aumentos
Más allá de las actualizaciones del ABL, el expediente que tratarán en la Legislatura contiene también una serie de incrementos en los valores de las entradas y de las actividades que se realizan en los parques públicos porteños. De aprobarse, el costo del acceso general a los parques Sarmiento y Belgrano irá de $530 a $800, mientras el complejo de golf pasará de $6300 a $8600 aproximadamente.
Subirán además los aranceles para utilizar las piletas climatizadas de marzo a diciembre en los polideportivos Chacabuco, Patricios, Santojanni, Martín Fierro y Pomar; y de las piscinas a cielo abierto de enero a febrero en los complejos Pereyra, Dorrego, Avellaneda, Costa Rica y Colegiales. En cambio, bajará el valor de las actividades deportivas que realizan los adultos mayores.
Finalmente, actualizarán los valores de algunos conceptos puntuales vinculados con los servicios de cementerios relativos a la cremación directa de ataúdes y la entrada de los turistas internacionales. Asimismo, extenderán la segmentación de la capacidad respecto de los eventos masivos, a los efectos de asegurar la progresividad y equidad en el pago de los derechos por cada solicitud de permiso especial.
Lo debate la Legislatura porteña a pedido de la administración de Jorge Macri; el oficialismo argumenta que es una adecuación de la tasa por la inflación, mientras la oposición denuncia un “impuestazo” Read More