WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos confirmó que detuvo un envío de bombas a Israel la semana pasada ante la inminente decisión israelí de lanzar un asalto a gran escala en Rafah, ciudad en el sur de Gaza, en contra de los deseos de Washington ya que cree que podría poner en riesgo a los civiles palestinos, según dijo el miércoles el secretario de Defensa, Lloyd Austin.
Austin fue el primer alto funcionario de la administración Biden en explicar públicamente lo que parecía ser un posible cambio en la política estadounidense hacia el armamento de Israel.
Austin destacó que el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Israel sigue siendo “férreo” y que la decisión de suspender el envío de municiones no es definitiva.
Aún así, dijo que la preferencia de Estados Unidos sería que “no se produzcan combates importantes en Rafah” y que, como mínimo, cualquier operación israelí debe salvaguardar vidas civiles.
“Hemos sido muy claros. Desde el principio en que Israel no debería lanzar un ataque importante contra Rafah sin tener en cuenta y proteger a los civiles que se encuentran en ese espacio de batalla”, señaló Austin en una audiencia en el Senado.
“Y nuevamente, mientras evaluamos la situación, hemos detenido un envío de municiones de alta carga útil”, afirmó. “No hemos tomado una decisión final sobre cómo proceder con ese envío”.
Se suponía que el envío constaría de 1800 bombas de 900 kilos y 1700 bombas de 225 kilos, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato. El foco de preocupación de Estados Unidos fueron los explosivos más grandes y cómo podrían usarse en un entorno urbano denso como Rafah, donde más de un millón de civiles se están refugiando después de evacuar otras partes de Gaza en medio de la guerra de Israel contra Hamas.
Israel ha amenazado con un gran asalto contra Rafah para derrotar a miles de combatientes de Hamas que, según dice, están escondidos allí, pero las naciones occidentales y las Naciones Unidas aseguran que un ataque a gran escala contra la ciudad desencadenaría una catástrofe humanitaria.
El ataque de Hamas del 7 de octubre mató a unas 1200 personas y otras 250 fueron secuestradas, de las cuales se cree que 133 permanecen cautivas en Gaza, según los recuentos israelíes.
La campaña de Israel para destruir a Hamas ha llevado a una operación militar de siete meses de duración que hasta ahora ha matado a un total de 34.789 palestinos, en su mayoría civiles, dijo el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas.
El conflicto también ha dejado a muchos de los 2,3 millones de habitantes de Gaza al borde de la hambruna y provocó protestas en Estados Unidos exigiendo que las universidades y Biden retiren el apoyo a Israel, incluido el suministro de armamento.
Biden también está bajo presión de los demócratas, incluidos los legisladores de su partido, para ejercer más presión sobre Israel en un año en el que el mandatario se jugará su reelección en las urnas.
El senador republicano Lindsey Graham estuvo entre los republicanos que reprendieron a la administración Biden por la decisión.
“Esto es obsceno. Es absurdo. Denle a Israel lo que necesitan”, dijo Graham, agregando que no le corresponde a Washington cuestionar cómo Israel libró una guerra contra los militantes de Hamas empeñados en la destrucción de Israel.
La senadora estadounidense Deb Fischer, que forma parte del Comité de Servicios Armados del Senado, pidió a Biden que abandone “su control por motivos políticos”.
“El apoyo estadounidense a Israel no puede estar en duda, especialmente ahora”, afirmó.
Por su parte, el Ejército israelí pareció restar importancia el miércoles al retraso en los envíos de armas, diciendo que los aliados resuelven cualquier desacuerdo “a puerta cerrada”.
Hablando en una conferencia organizada por el medio Yedioth Ahronoth cuando la guerra de Gaza entraba en su octavo mes, el principal portavoz militar, el contraalmirante Daniel Hagari, describió la coordinación entre Israel y Estados Unidos como alcanzando “un alcance sin precedentes, creo, en la historia”.
Según un acta del Congreso de 1997 conocida como Ley Leahy, cuando Estados Unidos encuentra evidencia creíble de que una unidad de seguridad de fuerzas extranjeras ha cometido graves abusos contra los derechos humanos, se supone que cualquier ayuda estadounidense a esa unidad se suspende automáticamente.
Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, escribió la semana pasada a Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, que Estados Unidos encontró creíbles las pruebas de tales abusos por parte de una unidad israelí en particular. Blinken añadió que Israel aún tenía que rectificar las malas acciones de esa unidad, algo que según la Ley Leahy debe ocurrir para que se levante cualquier suspensión de ayuda militar. Blinken dijo que, en lugar de suspender la ayuda, Estados Unidos trabajaría con Israel para “participar en la identificación de un camino para la remediación efectiva de esta unidad”.
Un informe dirigido al gobierno por un panel no oficial de expertos militares y exfuncionarios del Departamento de Estado, incluidos Josh Paul y Charles Blaha, señala ataques israelíes específicos contra caravanas de ayuda, periodistas, hospitales, escuelas, centros de refugiados y otros objetivos protegidos por la ley. El informe sostiene que el gobierno debe encontrar que la conducta de Israel en Gaza ha violado la ley. Amnistía Internacional ha sostenido lo mismo.
En tanto, el Ejército de Israel anunció el miércoles la reapertura del paso de Kerem Shalom con Gaza, un puesto clave para la entrada de ayuda humanitaria al sitiado enclave palestino que se había cerrado durante el fin de semana luego de que un ataque de Hamas con cohetes matara a cuatro soldados en las inmediaciones.
Pero la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos dijo que por el momento no había entrado ninguna ayuda y que en el lado gazatí no había nadie para recibirla. Los trabajadores huyeron en la víspera, durante la incursión de una brigada de carros de combate israelíes que se hizo con el control del cercano cruce de Rafah, entre la Franja y Egipto, que permanecía cerrado.
Esa operación limitada no parecía ser el inicio de la invasión de Rafah que Israel lleva tiempo prometiendo. Pero el cierre prolongado de los dos principales pasos fronterizos podría exacerbar la crisis humanitaria en el sitiado enclave palestino. De acuerdo con la ONU, el norte de Gaza está ya en una situación de “hambruna total”.
Agencias AP y Reuters
WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos confirmó que detuvo un envío de bombas a Israel la semana pasada ante la inminente decisión israelí de lanzar un asalto a gran escala en Rafah, ciudad en el sur de Gaza, en contra de los deseos de Washington ya que cree que podría poner en riesgo a los civiles palestinos, según dijo el miércoles el secretario de Defensa, Lloyd Austin.
Austin fue el primer alto funcionario de la administración Biden en explicar públicamente lo que parecía ser un posible cambio en la política estadounidense hacia el armamento de Israel.
Austin destacó que el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Israel sigue siendo “férreo” y que la decisión de suspender el envío de municiones no es definitiva.
Aún así, dijo que la preferencia de Estados Unidos sería que “no se produzcan combates importantes en Rafah” y que, como mínimo, cualquier operación israelí debe salvaguardar vidas civiles.
“Hemos sido muy claros. Desde el principio en que Israel no debería lanzar un ataque importante contra Rafah sin tener en cuenta y proteger a los civiles que se encuentran en ese espacio de batalla”, señaló Austin en una audiencia en el Senado.
“Y nuevamente, mientras evaluamos la situación, hemos detenido un envío de municiones de alta carga útil”, afirmó. “No hemos tomado una decisión final sobre cómo proceder con ese envío”.
Se suponía que el envío constaría de 1800 bombas de 900 kilos y 1700 bombas de 225 kilos, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato. El foco de preocupación de Estados Unidos fueron los explosivos más grandes y cómo podrían usarse en un entorno urbano denso como Rafah, donde más de un millón de civiles se están refugiando después de evacuar otras partes de Gaza en medio de la guerra de Israel contra Hamas.
Israel ha amenazado con un gran asalto contra Rafah para derrotar a miles de combatientes de Hamas que, según dice, están escondidos allí, pero las naciones occidentales y las Naciones Unidas aseguran que un ataque a gran escala contra la ciudad desencadenaría una catástrofe humanitaria.
El ataque de Hamas del 7 de octubre mató a unas 1200 personas y otras 250 fueron secuestradas, de las cuales se cree que 133 permanecen cautivas en Gaza, según los recuentos israelíes.
La campaña de Israel para destruir a Hamas ha llevado a una operación militar de siete meses de duración que hasta ahora ha matado a un total de 34.789 palestinos, en su mayoría civiles, dijo el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas.
El conflicto también ha dejado a muchos de los 2,3 millones de habitantes de Gaza al borde de la hambruna y provocó protestas en Estados Unidos exigiendo que las universidades y Biden retiren el apoyo a Israel, incluido el suministro de armamento.
Biden también está bajo presión de los demócratas, incluidos los legisladores de su partido, para ejercer más presión sobre Israel en un año en el que el mandatario se jugará su reelección en las urnas.
El senador republicano Lindsey Graham estuvo entre los republicanos que reprendieron a la administración Biden por la decisión.
“Esto es obsceno. Es absurdo. Denle a Israel lo que necesitan”, dijo Graham, agregando que no le corresponde a Washington cuestionar cómo Israel libró una guerra contra los militantes de Hamas empeñados en la destrucción de Israel.
La senadora estadounidense Deb Fischer, que forma parte del Comité de Servicios Armados del Senado, pidió a Biden que abandone “su control por motivos políticos”.
“El apoyo estadounidense a Israel no puede estar en duda, especialmente ahora”, afirmó.
Por su parte, el Ejército israelí pareció restar importancia el miércoles al retraso en los envíos de armas, diciendo que los aliados resuelven cualquier desacuerdo “a puerta cerrada”.
Hablando en una conferencia organizada por el medio Yedioth Ahronoth cuando la guerra de Gaza entraba en su octavo mes, el principal portavoz militar, el contraalmirante Daniel Hagari, describió la coordinación entre Israel y Estados Unidos como alcanzando “un alcance sin precedentes, creo, en la historia”.
Según un acta del Congreso de 1997 conocida como Ley Leahy, cuando Estados Unidos encuentra evidencia creíble de que una unidad de seguridad de fuerzas extranjeras ha cometido graves abusos contra los derechos humanos, se supone que cualquier ayuda estadounidense a esa unidad se suspende automáticamente.
Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, escribió la semana pasada a Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, que Estados Unidos encontró creíbles las pruebas de tales abusos por parte de una unidad israelí en particular. Blinken añadió que Israel aún tenía que rectificar las malas acciones de esa unidad, algo que según la Ley Leahy debe ocurrir para que se levante cualquier suspensión de ayuda militar. Blinken dijo que, en lugar de suspender la ayuda, Estados Unidos trabajaría con Israel para “participar en la identificación de un camino para la remediación efectiva de esta unidad”.
Un informe dirigido al gobierno por un panel no oficial de expertos militares y exfuncionarios del Departamento de Estado, incluidos Josh Paul y Charles Blaha, señala ataques israelíes específicos contra caravanas de ayuda, periodistas, hospitales, escuelas, centros de refugiados y otros objetivos protegidos por la ley. El informe sostiene que el gobierno debe encontrar que la conducta de Israel en Gaza ha violado la ley. Amnistía Internacional ha sostenido lo mismo.
En tanto, el Ejército de Israel anunció el miércoles la reapertura del paso de Kerem Shalom con Gaza, un puesto clave para la entrada de ayuda humanitaria al sitiado enclave palestino que se había cerrado durante el fin de semana luego de que un ataque de Hamas con cohetes matara a cuatro soldados en las inmediaciones.
Pero la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos dijo que por el momento no había entrado ninguna ayuda y que en el lado gazatí no había nadie para recibirla. Los trabajadores huyeron en la víspera, durante la incursión de una brigada de carros de combate israelíes que se hizo con el control del cercano cruce de Rafah, entre la Franja y Egipto, que permanecía cerrado.
Esa operación limitada no parecía ser el inicio de la invasión de Rafah que Israel lleva tiempo prometiendo. Pero el cierre prolongado de los dos principales pasos fronterizos podría exacerbar la crisis humanitaria en el sitiado enclave palestino. De acuerdo con la ONU, el norte de Gaza está ya en una situación de “hambruna total”.
Agencias AP y Reuters
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