El lunes de esta semana el fiscal Guillermo Marijuan pidió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que elimine a 2954 beneficiarios del cobro de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) por vivir en el extranjero. Esta mañana, en tanto, el funcionario judicial dio detalles de la causa. No solo dijo que hay otras más de 7000 personas que todavía son investigadas, por lo que los requerimientos podrían ampliarse, sino que también precisó que las casi 3000 que ya solicitó bajar representaban 500 millones de pesos por mes para el Estado.
Esto en medio de la irrupción de otro expediente, que llevan adelante su colega Gerardo Pollicita y el juez federal Sebastián Casanello, que investiga a grupos piqueteros por un supuesto sistema extorsivo que tenía una estructura jerárquica de cinco niveles. Sobre esa carátula, Marijuan adelantó que hay “infinidad de comunicaciones” que involucran a distintos movimientos sociales.
En cuanto a los beneficiarios de pensiones que vivían en el extranjero, cuando en realidad el programa está destinado a garantizar cobertura previsional para adultos mayores de 65 años que no tengan tramitada su jubilación o pensión, Marijuan explicó -tal como adelantó LA NACION- que hay 2954 personas que ya no están en el país y que cobraban el plan igual. “Pedí la baja de manera inmediata”, explicó al respecto y precisó: “Hay un logro inmediato que es dar de baja estos beneficios. Representaban 500 millones de pesos mensuales”.
Pero no fue todo. “Después hay 7512 casos que están bajo observación, que es gente que entra y sale del país. Queremos ver y analizar con la gente de la Anses la situación, pero también podrían ser suspendidas”, adelantó en Radio La Red.
Asimismo, advirtió que no tiene “ningún impedimento” para -en ocasión de última necesidad- realizar detenciones si alguna de estas personas intenta eludir la acción de la Justicia.
“Son delitos sumamente graves. En el caso de las PUAM son pensiones universales para personas de más de 65 años sin ningún tipo de beneficio social y uno de los pocos requisitos es que residan en la República Argentina. Ahora nosotros tenemos que procesar 3000 causas porque cada beneficiario de esos que no están en el país van a ser denunciados”, marcó el fiscal, a la vez que amplió: “Se les va a preguntar a los funcionarios públicos de Anses y los organismos que correspondan por qué no detectaron esto. Tiene que haber un cruce mes a mes de la base de datos de Anses, para determinar a las personas que cobraron o tramitaron su beneficio y se fueron del país, residen afuera”.
Noticia en desarrollo
El lunes de esta semana el fiscal Guillermo Marijuan pidió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que elimine a 2954 beneficiarios del cobro de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) por vivir en el extranjero. Esta mañana, en tanto, el funcionario judicial dio detalles de la causa. No solo dijo que hay otras más de 7000 personas que todavía son investigadas, por lo que los requerimientos podrían ampliarse, sino que también precisó que las casi 3000 que ya solicitó bajar representaban 500 millones de pesos por mes para el Estado.
Esto en medio de la irrupción de otro expediente, que llevan adelante su colega Gerardo Pollicita y el juez federal Sebastián Casanello, que investiga a grupos piqueteros por un supuesto sistema extorsivo que tenía una estructura jerárquica de cinco niveles. Sobre esa carátula, Marijuan adelantó que hay “infinidad de comunicaciones” que involucran a distintos movimientos sociales.
En cuanto a los beneficiarios de pensiones que vivían en el extranjero, cuando en realidad el programa está destinado a garantizar cobertura previsional para adultos mayores de 65 años que no tengan tramitada su jubilación o pensión, Marijuan explicó -tal como adelantó LA NACION- que hay 2954 personas que ya no están en el país y que cobraban el plan igual. “Pedí la baja de manera inmediata”, explicó al respecto y precisó: “Hay un logro inmediato que es dar de baja estos beneficios. Representaban 500 millones de pesos mensuales”.
Pero no fue todo. “Después hay 7512 casos que están bajo observación, que es gente que entra y sale del país. Queremos ver y analizar con la gente de la Anses la situación, pero también podrían ser suspendidas”, adelantó en Radio La Red.
Asimismo, advirtió que no tiene “ningún impedimento” para -en ocasión de última necesidad- realizar detenciones si alguna de estas personas intenta eludir la acción de la Justicia.
“Son delitos sumamente graves. En el caso de las PUAM son pensiones universales para personas de más de 65 años sin ningún tipo de beneficio social y uno de los pocos requisitos es que residan en la República Argentina. Ahora nosotros tenemos que procesar 3000 causas porque cada beneficiario de esos que no están en el país van a ser denunciados”, marcó el fiscal, a la vez que amplió: “Se les va a preguntar a los funcionarios públicos de Anses y los organismos que correspondan por qué no detectaron esto. Tiene que haber un cruce mes a mes de la base de datos de Anses, para determinar a las personas que cobraron o tramitaron su beneficio y se fueron del país, residen afuera”.
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