CÓRDOBA.- El presidente Javier Milei prometió eliminar las retenciones al campo después de que se haga lo mismo con el impuesto PAIS. Según un estudio de la consultora Fundar, si tomara esa decisión el Estado recuperaría el 58,9% de esa pérdida de recaudación a través de dos efectos indirectos: por el aumento en los precios internos que deriva en un mayor ingreso de los productores y un valor más alto pagado por los consumidores, y por el incremento en la producción agrícola, estimulado por la desgravación.
Esa recuperación parcial no se distribuye de forma neutral entre niveles de gobierno. Las provincias resultan más beneficiadas porque se agranda la masa coparticipable por la ampliación de las bases imponibles de impuestos nacionales coparticipables y de cargas locales.
“Discutir los derechos de exportación: hacia un nuevo marco fiscal para el agro”, es el reporte de Tomás Allan, Kevin Corfield, Juan O’Farrell y Carlos Freytes, quienes plantean que la reducción de las retenciones debería llevar a una ampliación automática (aunque no necesariamente inmediata) de la base imponible de otros impuestos, dado que se generan nuevos excedentes y se espera un aumento en la producción de los bienes desgravados.
Como no se compensa la totalidad de la pérdida recaudatoria para el Estado nacional, proponen reemplazar los derechos de exportación, que recaen sobre valores brutos de venta, por un fortalecimiento en la recaudación de cargas que recaen sobre los ingresos netos y la propiedad: Ganancias, Inmobiliario Rural, Bienes Personales y Renta Extraordinaria de los recursos naturales. Enfatizan que la temporalidad y la forma de instrumentación de este tipo de medidas son “tan importante como su contenido”. Ante las necesidades fiscales del Estado nacional en el corto plazo vuelven “desaconsejable la reducción inmediata de las retenciones, “sobre todo si se produce una nueva devaluación”.
Señalan que una gradualidad de las reformas da “margen para hacer ajustes necesarios y que los actores se adapten al nuevo marco regulatorio”. Una ley del Congreso, apuntan, sería la “mejor forma de cumplir con las disposiciones constitucionales, otorgar previsibilidad a la inversión privada y brindar el marco institucional para la celebración de acuerdos entre la Nación y las provincias”.
Impacto en la producción
“Este sistema mixto, que combina tributos sobre activos patrimoniales fijos (Inmobiliario Rural) y sobre ingresos netos (Ganancias) tendría claras ventajas sobre el esquema actual tanto desde el punto de vista de la eficiencia económica como de la equidad intrasectorial y la adaptación al contexto económico”, señalan los autores del trabajo. Subrayan que para “fortalecer” esas cargas la precondición es reducir retenciones, sino resultaría “contraproducente en términos productivos”.
Otro aspecto que analizan es que, como las retenciones “también pretenden promover la diversificación productiva y la agregación de valor”, eliminarlas dejaría en ventaja a la soja y provocarían un incentivo al monocultivo, por eso entienden que debería mantenerse “una tasa residual para la soja de modo de asegurar un diferencial con el maíz e incentivar la rotación de cultivos”. También sugieren que siga un diferencial entre productos con distinto grado de elaboración al interior del complejo oleaginoso, de modo de incentivar el procesamiento del poroto de soja y sostener la diversificación que se ha alcanzado al interior del complejo.
Además, plantean que debería armarse un fondo de desarrollo orientado a financiar inversiones en investigación y desarrollo agrícola y la prestación de bienes y servicios generales, como infraestructura rural y sanidad vegetal, para aumentar la productividad sectorial. “Esta clase de apoyos son los más eficientes para la agregación de valor en el sector agrícola”, sostienen.
Desde Fundar advierten que la reforma fiscal para el sector agrícola requiere no sólo una “adecuada calibración técnica de los instrumentos”, sino también “acuerdos fiscales multinivel que establezcan nuevos arreglos sobre cómo se distribuyen ingresos y gastos públicos entre la Nación y las provincias”.
Repasan que en la actualidad Nación es la que tiene “mayores incentivos” para sostener las retenciones en el corto plazo ya que le proporcionan una fuente de ingresos “de fácil recaudación” que no coparticipa.
Las provincias productoras tienen, en cambio, “grandes incentivos” para pedir su eliminación, dado que se verían beneficiadas en el nivel de actividad y recaudación local. Los de las no productoras dependen de la coparticipación que se haga de los derechos de exportación.
En ese contexto, los autores ratifican que, “cualquier iniciativa de reducción debería prever una compensación para el principal actor perjudicado: el Estado nacional”.
CÓRDOBA.- El presidente Javier Milei prometió eliminar las retenciones al campo después de que se haga lo mismo con el impuesto PAIS. Según un estudio de la consultora Fundar, si tomara esa decisión el Estado recuperaría el 58,9% de esa pérdida de recaudación a través de dos efectos indirectos: por el aumento en los precios internos que deriva en un mayor ingreso de los productores y un valor más alto pagado por los consumidores, y por el incremento en la producción agrícola, estimulado por la desgravación.
Esa recuperación parcial no se distribuye de forma neutral entre niveles de gobierno. Las provincias resultan más beneficiadas porque se agranda la masa coparticipable por la ampliación de las bases imponibles de impuestos nacionales coparticipables y de cargas locales.
“Discutir los derechos de exportación: hacia un nuevo marco fiscal para el agro”, es el reporte de Tomás Allan, Kevin Corfield, Juan O’Farrell y Carlos Freytes, quienes plantean que la reducción de las retenciones debería llevar a una ampliación automática (aunque no necesariamente inmediata) de la base imponible de otros impuestos, dado que se generan nuevos excedentes y se espera un aumento en la producción de los bienes desgravados.
Como no se compensa la totalidad de la pérdida recaudatoria para el Estado nacional, proponen reemplazar los derechos de exportación, que recaen sobre valores brutos de venta, por un fortalecimiento en la recaudación de cargas que recaen sobre los ingresos netos y la propiedad: Ganancias, Inmobiliario Rural, Bienes Personales y Renta Extraordinaria de los recursos naturales. Enfatizan que la temporalidad y la forma de instrumentación de este tipo de medidas son “tan importante como su contenido”. Ante las necesidades fiscales del Estado nacional en el corto plazo vuelven “desaconsejable la reducción inmediata de las retenciones, “sobre todo si se produce una nueva devaluación”.
Señalan que una gradualidad de las reformas da “margen para hacer ajustes necesarios y que los actores se adapten al nuevo marco regulatorio”. Una ley del Congreso, apuntan, sería la “mejor forma de cumplir con las disposiciones constitucionales, otorgar previsibilidad a la inversión privada y brindar el marco institucional para la celebración de acuerdos entre la Nación y las provincias”.
Impacto en la producción
“Este sistema mixto, que combina tributos sobre activos patrimoniales fijos (Inmobiliario Rural) y sobre ingresos netos (Ganancias) tendría claras ventajas sobre el esquema actual tanto desde el punto de vista de la eficiencia económica como de la equidad intrasectorial y la adaptación al contexto económico”, señalan los autores del trabajo. Subrayan que para “fortalecer” esas cargas la precondición es reducir retenciones, sino resultaría “contraproducente en términos productivos”.
Otro aspecto que analizan es que, como las retenciones “también pretenden promover la diversificación productiva y la agregación de valor”, eliminarlas dejaría en ventaja a la soja y provocarían un incentivo al monocultivo, por eso entienden que debería mantenerse “una tasa residual para la soja de modo de asegurar un diferencial con el maíz e incentivar la rotación de cultivos”. También sugieren que siga un diferencial entre productos con distinto grado de elaboración al interior del complejo oleaginoso, de modo de incentivar el procesamiento del poroto de soja y sostener la diversificación que se ha alcanzado al interior del complejo.
Además, plantean que debería armarse un fondo de desarrollo orientado a financiar inversiones en investigación y desarrollo agrícola y la prestación de bienes y servicios generales, como infraestructura rural y sanidad vegetal, para aumentar la productividad sectorial. “Esta clase de apoyos son los más eficientes para la agregación de valor en el sector agrícola”, sostienen.
Desde Fundar advierten que la reforma fiscal para el sector agrícola requiere no sólo una “adecuada calibración técnica de los instrumentos”, sino también “acuerdos fiscales multinivel que establezcan nuevos arreglos sobre cómo se distribuyen ingresos y gastos públicos entre la Nación y las provincias”.
Repasan que en la actualidad Nación es la que tiene “mayores incentivos” para sostener las retenciones en el corto plazo ya que le proporcionan una fuente de ingresos “de fácil recaudación” que no coparticipa.
Las provincias productoras tienen, en cambio, “grandes incentivos” para pedir su eliminación, dado que se verían beneficiadas en el nivel de actividad y recaudación local. Los de las no productoras dependen de la coparticipación que se haga de los derechos de exportación.
En ese contexto, los autores ratifican que, “cualquier iniciativa de reducción debería prever una compensación para el principal actor perjudicado: el Estado nacional”.
Según la consultora Fundar, el Estado tiene formas para recuperar el 58,9% de esa pérdida que sobrevendría; la alternativa de una reducción gradual de los derechos de exportación Read More