En el mundo de los colectivos, todo lo que no sea suba de tarifas pasa prácticamente desapercibido para el usuario. De hecho hoy, después de varios meses de estar congelado, subirá 37% el transporte de colectivos en el área metropolitana.

Sin embargo, mientras esto sucede, recrudeció la pelea entre la Ciudad y la Nación por la quita de los subsidios que circulan solamente por territorio porteño.

Todo empezó la semana pasada cuando el secretario de Transporte del gobierno nacional, Franco Mogetta, dijo que los subsidios de las 31 líneas de colectivos con recorridos por las calles de la Ciudad y que no pasan a la provincia de Buenos Aires, deberían ser pagados íntegramente por la administración local.

La inmediata reacción de los funcionarios que responden al Jefe de Gobierno Jorge Macri fue la oposición a la medida. Pero, en las últimas horas, la cuestión se formalizó. Desde el Ministerio de Infraestructura porteño se envió una carta a su par de Economía nacional donde advierten que no permitirán la quita de subsidios y advirtieron que concurrirán a la Justicia si se advierte algún descuento en la liquidación mensual.

“Cabe tener presente que la Jurisdicción Nacional es la que ejerce, en forma exclusiva, la competencia y fiscalización de todo servicio público de pasajeros por automotor con recorrido en esta Ciudad, encontrándose a su exclusivo cargo las compensaciones tarifarias y subsidios, y el mantenimiento del normal funcionamiento del sistema”, dice el texto de la nota que firma Pablo Bereciartua, ministro porteño, y que está dirigida a su par de Economía, Luis Caputo, con copia al secretario de Transporte, Franco Mogetta.

El tenor de la carta no deja lugar a dudas respecto de la escalada de tensión, por plata, hay que decirlo, entre la administración del presidente Javier Milei y la de Macri. De hecho, le recuerda que hasta la semana pasada no se había realizado la liquidación correspondiente a este mes. “Mediante la presente se informa que, en el caso de que el Estado Nacional no efectivice la parte de las compensaciones que le corresponde realizar, conforme a lo oportunamente comprometido y en el marco de la doctrina de los actos propios, corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias del transporte público automotor”, se lee.

Mientras el conflicto se tensa, la Nación decidió aumentar el boleto de colectivos, justamente, en el área metropolitana, en promedio un 37,5%. Pero un tema a tener en cuenta: se trata de una actualización por la inflación del primer bimestre. Sucede que el boleto de colectivos subió en febrero pero desde entonces permaneció quieto, pese a que aquella suba establecía la posibilidad de seguir la evolución de la inflación.

Desde la Casa Rosada decidieron darle prioridad a otras subas postergar la de los colectivos metropolitanos. Ahora, junto con este ajuste, el Gobierno advirtió que quedó pendiente, para futuras actualizaciones, un 32,5% correspondiente al periodo comprendido por los meses de marzo, abril, mayo y junio.

Así las cosas, la tarifa mínima para subir a un colectivo y viajar hasta 3 kilómetros pasará de $270 a $371,13, siempre que el pasajero tenga la tarjeta prepaga SUBE registrada. En caso de que no sea así, pues el importe se irá de $429,30 a 590,10 pesos.

Para el trayecto que sigue, es decir de 3 a 6 kilómetros, siempre con la SUBE registrada, la Secretaría de Transporte decidió que el boleto tenga un valor de $413,44 (hasta ahora se cobraba $300,78); mientras que los siguientes tiene los siguientes precios: de 6 a 12 kilómetros, $445,29; entre 12 y 27 kilómetros, de $ 347,15 a $ 477,17; y trayectos de más de 27 kilómetros pasan de $ 370,18 a $ 508,83.

La protesta porteña

Justamente, la potestad regulatoria y sobre todo, tarifaria, que tiene la Casa Rosada sobre el mundo de los colectivos es el principal nudo de controversia entre la Nación y la Ciudad.

Bereciartua dejó claro en la carta que la Casa Rosada tiene bajo su órbita la regulación del servicio, la determinación del régimen tarifario, la elaboración de las estructuras arancelarias, además de manejar la estructura la red como las características técnicas, los recorridos, las frecuencias y los horarios. “Establece los mecanismos de control y fiscalización para la liquidación de las compensaciones tarifarias relacionadas con los servicios de transporte. Realiza el registro y otorgamiento de los permisos de los operadores de las líneas que circulan por esta Ciudad”, dice la carta de intimación que llegó a las oficinas de Caputo.

La relación entre ambas jurisdicciones tiene un largo derrotero. De hecho, hace 5 años, en un acuerdo firmado por la Nación y los hombres del entonces Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta firmaron un acuerdo mediante la cual la Ciudad se comprometió a pagar el 50% de los subsidios que se liquiden a las 31 líneas de colectivos que circulan solamente por la Ciudad. En ese acuerdo se establecía la posibilidad de pasar la jurisdicción, pero, la iniciativa jamás llegó a concretarse.

Desde entonces, la Nación decide qué tarifa cobra, qué costos reconoce y, en función de eso, calcula las compensaciones que les giran todos los meses a los colectiveros. “Hace más de 5 años esta Ciudad colabora en el subsidio de tarifas que refieren a líneas cuya jurisdicción es exclusiva del Estado Nacional, pese a no participar en la definición de dichas tarifas, las que también son definidas unilateralmente por esa jurisdicción”, sostiene la carta que Bereciartua le envió a Caputo.

Como se dijo, hasta fines de la semana pasada, la Nación no había depositado el importe que mensualmente enviaba al gobierno porteño para compensar los colectivos. “se informa que, en el caso de que el Estado Nacional no efectivice la parte de las compensaciones que le corresponde realizar, conforme a lo oportunamente comprometido y en el marco de la doctrina de los actos propios, corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias del transporte público automotor”, advierte el funcionario de Jorge Macri.

Estos días, la situación dejará ver la próxima jugada. Si el gobierno nacional paga, pues es probable que la cosa quede acá nomás, al menos hasta que decida realizar la entrega de la potestad total sobre los colectivos. Si no paga, en la Ciudad ya decidieron el camino: un planteo judicial como el que existe por la coparticipación.

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En el mundo de los colectivos, todo lo que no sea suba de tarifas pasa prácticamente desapercibido para el usuario. De hecho hoy, después de varios meses de estar congelado, subirá 37% el transporte de colectivos en el área metropolitana.

Sin embargo, mientras esto sucede, recrudeció la pelea entre la Ciudad y la Nación por la quita de los subsidios que circulan solamente por territorio porteño.

Todo empezó la semana pasada cuando el secretario de Transporte del gobierno nacional, Franco Mogetta, dijo que los subsidios de las 31 líneas de colectivos con recorridos por las calles de la Ciudad y que no pasan a la provincia de Buenos Aires, deberían ser pagados íntegramente por la administración local.

La inmediata reacción de los funcionarios que responden al Jefe de Gobierno Jorge Macri fue la oposición a la medida. Pero, en las últimas horas, la cuestión se formalizó. Desde el Ministerio de Infraestructura porteño se envió una carta a su par de Economía nacional donde advierten que no permitirán la quita de subsidios y advirtieron que concurrirán a la Justicia si se advierte algún descuento en la liquidación mensual.

“Cabe tener presente que la Jurisdicción Nacional es la que ejerce, en forma exclusiva, la competencia y fiscalización de todo servicio público de pasajeros por automotor con recorrido en esta Ciudad, encontrándose a su exclusivo cargo las compensaciones tarifarias y subsidios, y el mantenimiento del normal funcionamiento del sistema”, dice el texto de la nota que firma Pablo Bereciartua, ministro porteño, y que está dirigida a su par de Economía, Luis Caputo, con copia al secretario de Transporte, Franco Mogetta.

El tenor de la carta no deja lugar a dudas respecto de la escalada de tensión, por plata, hay que decirlo, entre la administración del presidente Javier Milei y la de Macri. De hecho, le recuerda que hasta la semana pasada no se había realizado la liquidación correspondiente a este mes. “Mediante la presente se informa que, en el caso de que el Estado Nacional no efectivice la parte de las compensaciones que le corresponde realizar, conforme a lo oportunamente comprometido y en el marco de la doctrina de los actos propios, corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias del transporte público automotor”, se lee.

Mientras el conflicto se tensa, la Nación decidió aumentar el boleto de colectivos, justamente, en el área metropolitana, en promedio un 37,5%. Pero un tema a tener en cuenta: se trata de una actualización por la inflación del primer bimestre. Sucede que el boleto de colectivos subió en febrero pero desde entonces permaneció quieto, pese a que aquella suba establecía la posibilidad de seguir la evolución de la inflación.

Desde la Casa Rosada decidieron darle prioridad a otras subas postergar la de los colectivos metropolitanos. Ahora, junto con este ajuste, el Gobierno advirtió que quedó pendiente, para futuras actualizaciones, un 32,5% correspondiente al periodo comprendido por los meses de marzo, abril, mayo y junio.

Así las cosas, la tarifa mínima para subir a un colectivo y viajar hasta 3 kilómetros pasará de $270 a $371,13, siempre que el pasajero tenga la tarjeta prepaga SUBE registrada. En caso de que no sea así, pues el importe se irá de $429,30 a 590,10 pesos.

Para el trayecto que sigue, es decir de 3 a 6 kilómetros, siempre con la SUBE registrada, la Secretaría de Transporte decidió que el boleto tenga un valor de $413,44 (hasta ahora se cobraba $300,78); mientras que los siguientes tiene los siguientes precios: de 6 a 12 kilómetros, $445,29; entre 12 y 27 kilómetros, de $ 347,15 a $ 477,17; y trayectos de más de 27 kilómetros pasan de $ 370,18 a $ 508,83.

La protesta porteña

Justamente, la potestad regulatoria y sobre todo, tarifaria, que tiene la Casa Rosada sobre el mundo de los colectivos es el principal nudo de controversia entre la Nación y la Ciudad.

Bereciartua dejó claro en la carta que la Casa Rosada tiene bajo su órbita la regulación del servicio, la determinación del régimen tarifario, la elaboración de las estructuras arancelarias, además de manejar la estructura la red como las características técnicas, los recorridos, las frecuencias y los horarios. “Establece los mecanismos de control y fiscalización para la liquidación de las compensaciones tarifarias relacionadas con los servicios de transporte. Realiza el registro y otorgamiento de los permisos de los operadores de las líneas que circulan por esta Ciudad”, dice la carta de intimación que llegó a las oficinas de Caputo.

La relación entre ambas jurisdicciones tiene un largo derrotero. De hecho, hace 5 años, en un acuerdo firmado por la Nación y los hombres del entonces Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta firmaron un acuerdo mediante la cual la Ciudad se comprometió a pagar el 50% de los subsidios que se liquiden a las 31 líneas de colectivos que circulan solamente por la Ciudad. En ese acuerdo se establecía la posibilidad de pasar la jurisdicción, pero, la iniciativa jamás llegó a concretarse.

Desde entonces, la Nación decide qué tarifa cobra, qué costos reconoce y, en función de eso, calcula las compensaciones que les giran todos los meses a los colectiveros. “Hace más de 5 años esta Ciudad colabora en el subsidio de tarifas que refieren a líneas cuya jurisdicción es exclusiva del Estado Nacional, pese a no participar en la definición de dichas tarifas, las que también son definidas unilateralmente por esa jurisdicción”, sostiene la carta que Bereciartua le envió a Caputo.

Como se dijo, hasta fines de la semana pasada, la Nación no había depositado el importe que mensualmente enviaba al gobierno porteño para compensar los colectivos. “se informa que, en el caso de que el Estado Nacional no efectivice la parte de las compensaciones que le corresponde realizar, conforme a lo oportunamente comprometido y en el marco de la doctrina de los actos propios, corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias del transporte público automotor”, advierte el funcionario de Jorge Macri.

Estos días, la situación dejará ver la próxima jugada. Si el gobierno nacional paga, pues es probable que la cosa quede acá nomás, al menos hasta que decida realizar la entrega de la potestad total sobre los colectivos. Si no paga, en la Ciudad ya decidieron el camino: un planteo judicial como el que existe por la coparticipación.

 El ministerio de Economía dispuso un aumentó de 37% y el boleto mínimo costará $371,13; el gobierno de Jorge Macri advirtió que recurrirá a la Justicia si la Nación no liquida las compensaciones  Read More