El condado de Douglas, en Nevada, firmó dos acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) que permitirán a los oficiales locales ejecutar órdenes administrativas de inmigración y realizar detenciones por estatus migratorio. Se trata de la primera jurisdicción del estado en participar en el programa 287(g) en casi cinco años.
Los acuerdos del condado de Douglas con el ICE
El miércoles pasado, el condado de Douglas firmó dos acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE).
Jail Enforcement Model (Modelo de Aplicación de la Ley en Prisiones): permite a oficiales locales ejecutar órdenes administrativas del ICE dentro de cárceles. No otorga autoridad para operativos fuera de los centros de detención.Task Force Model (Modelo de Grupo de Trabajo): habilita a ciertos oficiales del condado de Douglas interrogar y posiblemente arrestar a personas que sospechen que no son ciudadanas estadounidenses si creen que han violado la ley de inmigración. Además, otorga facultades de aplicación de la ley de inmigración fuera de las cárceles, en el marco de operativos en la comunidad.
Esto ocurre en un contexto en el que la administración Trump busca ampliar los acuerdos 287(g) para compensar la escasez de personal del ICE.
Qué es el programa 287(g) y cómo funciona
El programa 287(g) fue reintroducido por la administración de Donald Trump, pero fue establecido con anterioridad bajo la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes de 1996.
A través de este mecanismo, el ICE puede delegar funciones de control migratorio a oficiales estatales y locales, quienes pasar a estar habilitados para actuar bajo su dirección y supervisión.
Según el ICE, el objetivo del programa es identificar y deportar a extranjeros con antecedentes penales antes de que sean liberados en la comunidad. Para ello, la agencia establece acuerdos con autoridades locales e integra sus operaciones a las de las fuerzas de seguridad estatales y municipales.
Preocupaciones por los derechos civiles en el Condado Douglas
La decisión de la Oficina del Alguacil del condado de Douglas, liderada por Daniel Coverley, se produce en un contexto en el que Nevada cuenta con la mayor proporción de población indocumentada per cápita en Estados Unidos.
El condado Douglas, una región rural con alrededor de 50.000 habitantes, tiene un 6% de residentes nacidos en el extranjero y un 13% que se identifican como hispanos o latinos, según datos del Censo de 2023.
Nevada protege la igualdad de derechos en su Constitución estatal, tras la aprobación de la Enmienda de Igualdad de Derechos en 2022. Esta medida prohíbe la discriminación basada en origen nacional, ascendencia o etnia, lo que podría generar desafíos legales en la aplicación del nuevo acuerdo con el ICE.
Perfil racial y violaciones constitucionales: los antecedentes del programa en Arizona
A diferencia de otros modelos dentro del mismo programa, como el Jail Enforcement Model, que se limita a detenciones dentro de cárceles, el Task Force Model otorga a oficiales locales mayores facultades en operativos fuera de los centros de detención. Esto genera preocupaciones entre organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés).
Una investigación del Departamento de Justicia realizada en el 2011 determinó que en Arizona se habían generado prácticas de perfil racial y otras formas de discriminación contra la población latina cuando el programa funcionaba.
Sadmira Ramic, abogada de ACLU en Nevada, advirtió a The Nevada Independent sobre la falta de claridad en la implementación del acuerdo: “Hace tiempo que no existe este tipo de modelo y con razón. Después de la investigación se descubrió que se habían cometido graves violaciones de la Constitución”.
Posturas políticas y ausencia de regulación estatal en Nevada frente a la colaboración con el ICE
En Nevada no existen leyes que prohíban la cooperación con ICE, como ocurre en otros estados santuario. Aunque hubo intentos en sesiones legislativas previas, actualmente no hay planes para prohibir los acuerdos 287(g).
El director ejecutivo de ACLU Nevada, Athar Haseebullah, señaló a The Nevada Independent que, bajo el liderazgo del gobernador republicano Joe Lombardo, es poco probable que se implemente una regulación en contra de este tipo de medidas.
Desde 2019, Nevada no tenía acuerdos 287(g) activos, luego de que la Policía Metropolitana de Las Vegas cancelara su participación bajo la administración de Lombardo como alguacil. Sin embargo, el condado de Douglas se suma a una tendencia nacional: ICE anunció que 11 de los 15 nuevos acuerdos firmados la semana pasada corresponden al Task Force Model.
El condado de Douglas, en Nevada, firmó dos acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) que permitirán a los oficiales locales ejecutar órdenes administrativas de inmigración y realizar detenciones por estatus migratorio. Se trata de la primera jurisdicción del estado en participar en el programa 287(g) en casi cinco años.
Los acuerdos del condado de Douglas con el ICE
El miércoles pasado, el condado de Douglas firmó dos acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE).
Jail Enforcement Model (Modelo de Aplicación de la Ley en Prisiones): permite a oficiales locales ejecutar órdenes administrativas del ICE dentro de cárceles. No otorga autoridad para operativos fuera de los centros de detención.Task Force Model (Modelo de Grupo de Trabajo): habilita a ciertos oficiales del condado de Douglas interrogar y posiblemente arrestar a personas que sospechen que no son ciudadanas estadounidenses si creen que han violado la ley de inmigración. Además, otorga facultades de aplicación de la ley de inmigración fuera de las cárceles, en el marco de operativos en la comunidad.
Esto ocurre en un contexto en el que la administración Trump busca ampliar los acuerdos 287(g) para compensar la escasez de personal del ICE.
Qué es el programa 287(g) y cómo funciona
El programa 287(g) fue reintroducido por la administración de Donald Trump, pero fue establecido con anterioridad bajo la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes de 1996.
A través de este mecanismo, el ICE puede delegar funciones de control migratorio a oficiales estatales y locales, quienes pasar a estar habilitados para actuar bajo su dirección y supervisión.
Según el ICE, el objetivo del programa es identificar y deportar a extranjeros con antecedentes penales antes de que sean liberados en la comunidad. Para ello, la agencia establece acuerdos con autoridades locales e integra sus operaciones a las de las fuerzas de seguridad estatales y municipales.
Preocupaciones por los derechos civiles en el Condado Douglas
La decisión de la Oficina del Alguacil del condado de Douglas, liderada por Daniel Coverley, se produce en un contexto en el que Nevada cuenta con la mayor proporción de población indocumentada per cápita en Estados Unidos.
El condado Douglas, una región rural con alrededor de 50.000 habitantes, tiene un 6% de residentes nacidos en el extranjero y un 13% que se identifican como hispanos o latinos, según datos del Censo de 2023.
Nevada protege la igualdad de derechos en su Constitución estatal, tras la aprobación de la Enmienda de Igualdad de Derechos en 2022. Esta medida prohíbe la discriminación basada en origen nacional, ascendencia o etnia, lo que podría generar desafíos legales en la aplicación del nuevo acuerdo con el ICE.
Perfil racial y violaciones constitucionales: los antecedentes del programa en Arizona
A diferencia de otros modelos dentro del mismo programa, como el Jail Enforcement Model, que se limita a detenciones dentro de cárceles, el Task Force Model otorga a oficiales locales mayores facultades en operativos fuera de los centros de detención. Esto genera preocupaciones entre organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés).
Una investigación del Departamento de Justicia realizada en el 2011 determinó que en Arizona se habían generado prácticas de perfil racial y otras formas de discriminación contra la población latina cuando el programa funcionaba.
Sadmira Ramic, abogada de ACLU en Nevada, advirtió a The Nevada Independent sobre la falta de claridad en la implementación del acuerdo: “Hace tiempo que no existe este tipo de modelo y con razón. Después de la investigación se descubrió que se habían cometido graves violaciones de la Constitución”.
Posturas políticas y ausencia de regulación estatal en Nevada frente a la colaboración con el ICE
En Nevada no existen leyes que prohíban la cooperación con ICE, como ocurre en otros estados santuario. Aunque hubo intentos en sesiones legislativas previas, actualmente no hay planes para prohibir los acuerdos 287(g).
El director ejecutivo de ACLU Nevada, Athar Haseebullah, señaló a The Nevada Independent que, bajo el liderazgo del gobernador republicano Joe Lombardo, es poco probable que se implemente una regulación en contra de este tipo de medidas.
Desde 2019, Nevada no tenía acuerdos 287(g) activos, luego de que la Policía Metropolitana de Las Vegas cancelara su participación bajo la administración de Lombardo como alguacil. Sin embargo, el condado de Douglas se suma a una tendencia nacional: ICE anunció que 11 de los 15 nuevos acuerdos firmados la semana pasada corresponden al Task Force Model.
Un condado de Nevada se asocia con ICE para permitir la detención de extranjeros por estatus migratorio. Conoce los acuerdos que amplían el control en cárceles y arrestos. Read More