El estado de Washington demandó a la Oficina del Sheriff del condado de Adams para detener la aplicación de una ley de inmigración ilegal. El fiscal general, Nick Brown, señala que las autoridades locales han endurecido su postura para cooperar con agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
¿Qué dice la demanda del fiscal de Washington al condado de Adams?
La demanda, interpuesta en el Tribunal Superior del Condado de Spokane, dice que la Oficina del Sheriff ha detenido ilegalmente a personas con base únicamente en su estatus migratorio, ha ayudado a agentes federales a interrogar arrestados y ha proporcionado rutinariamente a los funcionarios de inmigración información personal confidencial de cientos de habitantes.
“Toda esta conducta viola expresamente la ley estatal”, señala la parte demandante. Según la legislación del estado, llamada Keep Washington Working, se prohíbe a las fuerzas de seguridad locales brindar ayuda para la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Brown señaló que a fines del año pasado, el condado de Adams estaba en negociaciones de buena fe con la fiscalía para llegar a un acuerdo, pero después de la investidura de Donald Trump, “de repente endurecieron su postura” y se aliaron con una organización fundada por un importante asesor del presidente.
De acuerdo con un comunicado del estado de Washington, en febrero de este año, la Oficina del Sheriff del condado de Adams contrató a abogados de America First Legal (AFL), una organización fundada por Stephen Miller, quien es asistente y asesor de seguridad nacional del presidente Trump y es responsable de algunas de las políticas de inmigración de la administración.
“El estado no puede quedarse de brazos cruzados cuando los funcionarios electos se jactan públicamente de que están violando la ley estatal y poniendo en riesgo a sus propias comunidades”, indica la demanda del fiscal general.
La preocupación de los legisladores y las autoridades del estado es que si las fuerzas de seguridad locales ayudan en los esfuerzos federales de inmigración, las víctimas de delitos podrían mostrarse reacias a llamar a la policía para pedir ayuda o a denunciar crímenes.
En ese contexto, la Asociación de Sheriffs y Jefes de Policía de Washington (WASPC, por sus siglas en inglés) envió una carta a sus miembros en febrero en la que reiteró que se deben cumplir tanto las leyes federales como las estatales y que “nadie en el estado debería tener miedo de llamar al 911 para pedir ayuda debido a su estatus migratorio”.
La Ley Keep Washington Working y las acciones de America First Legal
La demanda tiene como objetivo hacer cumplir la Ley Keep Washington Working, aprobada en 2019, y cuya premisa establece que no es tarea de las fuerzas del orden estatales, los alguaciles del condado o los departamentos de policía locales en Washington hacer cumplir la ley federal de inmigración.
America First Legal lanzó una campaña en las redes sociales en referencia a la ley y colocó en su sitio web un banner en el que señalaba que estaba “contraatacando” y “combatiendo el plan de santuario ilegal del estado de Washington”.
En un comunicado de la organización, presentado antes de que se interpusiera la demanda, precisan: “AFL seguirá luchando incansablemente junto al condado de Adams y otros patriotas con principios para proteger la soberanía estadounidense, defender el estado de derecho y poner fin a las leyes y políticas de santuario ilegales y peligrosas”.
El sheriff del condado de Adams responde a la demanda
En una publicación de Facebook, Dale Wagner, sheriff del condado de Adams, señaló que como autoridad su máxima prioridad es garantizar la seguridad de los residentes, y que la demanda del fiscal Brown “es un intento decepcionante” de obstaculizar la capacidad de su comunidad de mantener la seguridad pública.
En su comunicación vía web, el sheriff agradeció el apoyo de la America First Legal y añadió que la afirmación de que están “participando en la aplicación ilegal de la inmigración federal tergiversa la realidad de las fuerzas del orden en el condado de Adams”.
La autoridad local asegura que no aplican la ley federal de inmigración, pero tampoco se harán de la vista gorda a la actividad criminal, sin importar quién la cometa.
“Las restricciones del estado intentan atar las manos de los cuerpos policiales, haciendo que sea más difícil cooperar con las agencias federales que ayudan a mantener a personas peligrosas fuera de nuestras calles. La seguridad pública nunca debería ser un problema político, pero esta demanda da prioridad a la ideología sobre la seguridad de nuestras comunidades”, precisó Wagner.
El estado de Washington demandó a la Oficina del Sheriff del condado de Adams para detener la aplicación de una ley de inmigración ilegal. El fiscal general, Nick Brown, señala que las autoridades locales han endurecido su postura para cooperar con agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
¿Qué dice la demanda del fiscal de Washington al condado de Adams?
La demanda, interpuesta en el Tribunal Superior del Condado de Spokane, dice que la Oficina del Sheriff ha detenido ilegalmente a personas con base únicamente en su estatus migratorio, ha ayudado a agentes federales a interrogar arrestados y ha proporcionado rutinariamente a los funcionarios de inmigración información personal confidencial de cientos de habitantes.
“Toda esta conducta viola expresamente la ley estatal”, señala la parte demandante. Según la legislación del estado, llamada Keep Washington Working, se prohíbe a las fuerzas de seguridad locales brindar ayuda para la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Brown señaló que a fines del año pasado, el condado de Adams estaba en negociaciones de buena fe con la fiscalía para llegar a un acuerdo, pero después de la investidura de Donald Trump, “de repente endurecieron su postura” y se aliaron con una organización fundada por un importante asesor del presidente.
De acuerdo con un comunicado del estado de Washington, en febrero de este año, la Oficina del Sheriff del condado de Adams contrató a abogados de America First Legal (AFL), una organización fundada por Stephen Miller, quien es asistente y asesor de seguridad nacional del presidente Trump y es responsable de algunas de las políticas de inmigración de la administración.
“El estado no puede quedarse de brazos cruzados cuando los funcionarios electos se jactan públicamente de que están violando la ley estatal y poniendo en riesgo a sus propias comunidades”, indica la demanda del fiscal general.
La preocupación de los legisladores y las autoridades del estado es que si las fuerzas de seguridad locales ayudan en los esfuerzos federales de inmigración, las víctimas de delitos podrían mostrarse reacias a llamar a la policía para pedir ayuda o a denunciar crímenes.
En ese contexto, la Asociación de Sheriffs y Jefes de Policía de Washington (WASPC, por sus siglas en inglés) envió una carta a sus miembros en febrero en la que reiteró que se deben cumplir tanto las leyes federales como las estatales y que “nadie en el estado debería tener miedo de llamar al 911 para pedir ayuda debido a su estatus migratorio”.
La Ley Keep Washington Working y las acciones de America First Legal
La demanda tiene como objetivo hacer cumplir la Ley Keep Washington Working, aprobada en 2019, y cuya premisa establece que no es tarea de las fuerzas del orden estatales, los alguaciles del condado o los departamentos de policía locales en Washington hacer cumplir la ley federal de inmigración.
America First Legal lanzó una campaña en las redes sociales en referencia a la ley y colocó en su sitio web un banner en el que señalaba que estaba “contraatacando” y “combatiendo el plan de santuario ilegal del estado de Washington”.
En un comunicado de la organización, presentado antes de que se interpusiera la demanda, precisan: “AFL seguirá luchando incansablemente junto al condado de Adams y otros patriotas con principios para proteger la soberanía estadounidense, defender el estado de derecho y poner fin a las leyes y políticas de santuario ilegales y peligrosas”.
El sheriff del condado de Adams responde a la demanda
En una publicación de Facebook, Dale Wagner, sheriff del condado de Adams, señaló que como autoridad su máxima prioridad es garantizar la seguridad de los residentes, y que la demanda del fiscal Brown “es un intento decepcionante” de obstaculizar la capacidad de su comunidad de mantener la seguridad pública.
En su comunicación vía web, el sheriff agradeció el apoyo de la America First Legal y añadió que la afirmación de que están “participando en la aplicación ilegal de la inmigración federal tergiversa la realidad de las fuerzas del orden en el condado de Adams”.
La autoridad local asegura que no aplican la ley federal de inmigración, pero tampoco se harán de la vista gorda a la actividad criminal, sin importar quién la cometa.
“Las restricciones del estado intentan atar las manos de los cuerpos policiales, haciendo que sea más difícil cooperar con las agencias federales que ayudan a mantener a personas peligrosas fuera de nuestras calles. La seguridad pública nunca debería ser un problema político, pero esta demanda da prioridad a la ideología sobre la seguridad de nuestras comunidades”, precisó Wagner.
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