Bahía Blanca fue una muestra de la capacidad de destrucción que tienen los desastres naturales. Afectan irreversiblemente a las familias y generan pérdidas económicas de difícil recuperación. El intendente de esa localidad bonaerense, Federico Susbielles, las había estimado en $400.000 millones. Un estudio del Banco Interamericano (BID) relevó que 74 eventos de ese tipo azotaron a América Latina en 2024 y causaron daños equivalentes a US$10.000 millones.
Por ese motivo, el BID lanzó un nuevo programa que tiene como objetivo calcular riesgos, detectar las zonas proclives a sufrir desastres, poner al servicio de los gobiernos esos datos a la hora de decidir dónde realizar obras de inversión pública, articular ayudas entre países y el sector privado, y emitir ayudas financieras.
“Fortalecer la resiliencia ante los desastres naturales ya no es opcional, es una necesidad”, sostuvo el presidente del BID, Ilan Goldfajn, cuando presentó el programa “Preparados y resilientes en las Américas”. Se trata de una iniciativa que destinará “US$10 millones de financiamiento no reembolsables” al programa entre 2025 y 2030, que se suman a la cooperación que ya brinda a cada uno de los países.
A propósito de las consecuencias que provocan los desastres naturales en las sociedades a las que golpean, la vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID indicó: “Tiene un impacto desproporcionado sobre la población pobre y la población vulnerable, lo que nos puede generar unos ciclos de pobreza y unas trampas de pobreza importantes”. De este modo, enfatizó la importancia de prevenirlos.
Tal cual explicó la entidad, la iniciativa cuenta con tres pilares. El primero de ellos “se enfoca en poner a disposición de los países herramientas avanzadas para evaluar mejor los riesgos y sus costos asociados”.
En otras palabras, esto significa que el Gobierno podría acceder a datos sobre cálculos o estimaciones de las zonas que podrían ser afectadas por un desastre natural. “Datos que le permitan a los gobiernos tomar decisiones de priorización de inversiones”, describió Ibáñez.
Tal cual relevó LA NACION en base a datos del Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, existen al menos 19 obras inconclusas que tienen como objetivo evitar inundaciones, entre ellas la del Río Salado, en los municipios bonaerenses de 25 de mayo y Roque Pérez.
La funcionaria del BID estimó que una inversión de un dólar “ahorra” cuatro dólares después de ocurridas las catástrofes.
El segundo pilar de este nuevo programa consiste en establecer una “red de colaboración entre países y el sector privado” para garantizar el acceso y coordinación de servicios y bienes necesarios para canalizar una respuesta rápida cuando eventualmente ocurra un desastre natural. “Cuando sucede un desastre natural en este momento, los países tienen que llamar a todos los otros países para ver si les mandan helicópteros, les mandan aviones, les mandan ayuda. Nosotros queremos hacer estas alianzas público-privadas para que precisamente esos momentos de los desastres donde el tiempo es oro, todo sea más rápido y sea menos costoso”, explicó Ibáñez.
Y el tercer punto de la iniciativa busca promover “instrumentos financieros innovadores para fortalecer la capacidad económica” cuando a los países les toque enfrentar desastres naturales. ¿Cómo sería esto? Se traduce como el apoyo del BID para que los Estados puedan emitir “bonos catastróficos, swaps y la exploración de mecanismos” que contribuyan a reducir costos y aumentar la capacidad de respuesta al encontrar financiamiento proveniente del sector privado.
“Después de un desastre natural muy fuerte se pierde en el momento inmediato entre dos y cuatro puntos porcentuales del PIB. Esto es brutal. Entonces, lo que buscamos con esto es ayudar a los países a fortalecer su resiliencia financiera”, comentó Ibáñez.
Esta iniciativa lanzada en la reunión anual del BID en Chile está disponible para los países miembro, como Argentina. ¿Cómo funciona? Tal cual explicaron sus autoridades, las autoridades gubernamentales deberían solicitar acceso a ella.
Sobre el caso Bahía Blanca, mencionado entre los funcionarios del BID, el banco acordó un préstamo con el Gobierno de US$200 millones. Goldfajn indicó en su cuenta de redes sociales que esta asistencia corresponde a una “Facilidad de Crédito Contingente”. ¿Qué significa esto? Según explicó el comunicado oficial, se trata de una línea de financiamiento con el objetivo de dar respuesta rápida a emergencias y contempla la reasignación de recursos previamente comprometidos para la Argentina, pero destinados a otros fines.
Bahía Blanca fue una muestra de la capacidad de destrucción que tienen los desastres naturales. Afectan irreversiblemente a las familias y generan pérdidas económicas de difícil recuperación. El intendente de esa localidad bonaerense, Federico Susbielles, las había estimado en $400.000 millones. Un estudio del Banco Interamericano (BID) relevó que 74 eventos de ese tipo azotaron a América Latina en 2024 y causaron daños equivalentes a US$10.000 millones.
Por ese motivo, el BID lanzó un nuevo programa que tiene como objetivo calcular riesgos, detectar las zonas proclives a sufrir desastres, poner al servicio de los gobiernos esos datos a la hora de decidir dónde realizar obras de inversión pública, articular ayudas entre países y el sector privado, y emitir ayudas financieras.
“Fortalecer la resiliencia ante los desastres naturales ya no es opcional, es una necesidad”, sostuvo el presidente del BID, Ilan Goldfajn, cuando presentó el programa “Preparados y resilientes en las Américas”. Se trata de una iniciativa que destinará “US$10 millones de financiamiento no reembolsables” al programa entre 2025 y 2030, que se suman a la cooperación que ya brinda a cada uno de los países.
A propósito de las consecuencias que provocan los desastres naturales en las sociedades a las que golpean, la vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID indicó: “Tiene un impacto desproporcionado sobre la población pobre y la población vulnerable, lo que nos puede generar unos ciclos de pobreza y unas trampas de pobreza importantes”. De este modo, enfatizó la importancia de prevenirlos.
Tal cual explicó la entidad, la iniciativa cuenta con tres pilares. El primero de ellos “se enfoca en poner a disposición de los países herramientas avanzadas para evaluar mejor los riesgos y sus costos asociados”.
En otras palabras, esto significa que el Gobierno podría acceder a datos sobre cálculos o estimaciones de las zonas que podrían ser afectadas por un desastre natural. “Datos que le permitan a los gobiernos tomar decisiones de priorización de inversiones”, describió Ibáñez.
Tal cual relevó LA NACION en base a datos del Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, existen al menos 19 obras inconclusas que tienen como objetivo evitar inundaciones, entre ellas la del Río Salado, en los municipios bonaerenses de 25 de mayo y Roque Pérez.
La funcionaria del BID estimó que una inversión de un dólar “ahorra” cuatro dólares después de ocurridas las catástrofes.
El segundo pilar de este nuevo programa consiste en establecer una “red de colaboración entre países y el sector privado” para garantizar el acceso y coordinación de servicios y bienes necesarios para canalizar una respuesta rápida cuando eventualmente ocurra un desastre natural. “Cuando sucede un desastre natural en este momento, los países tienen que llamar a todos los otros países para ver si les mandan helicópteros, les mandan aviones, les mandan ayuda. Nosotros queremos hacer estas alianzas público-privadas para que precisamente esos momentos de los desastres donde el tiempo es oro, todo sea más rápido y sea menos costoso”, explicó Ibáñez.
Y el tercer punto de la iniciativa busca promover “instrumentos financieros innovadores para fortalecer la capacidad económica” cuando a los países les toque enfrentar desastres naturales. ¿Cómo sería esto? Se traduce como el apoyo del BID para que los Estados puedan emitir “bonos catastróficos, swaps y la exploración de mecanismos” que contribuyan a reducir costos y aumentar la capacidad de respuesta al encontrar financiamiento proveniente del sector privado.
“Después de un desastre natural muy fuerte se pierde en el momento inmediato entre dos y cuatro puntos porcentuales del PIB. Esto es brutal. Entonces, lo que buscamos con esto es ayudar a los países a fortalecer su resiliencia financiera”, comentó Ibáñez.
Esta iniciativa lanzada en la reunión anual del BID en Chile está disponible para los países miembro, como Argentina. ¿Cómo funciona? Tal cual explicaron sus autoridades, las autoridades gubernamentales deberían solicitar acceso a ella.
Sobre el caso Bahía Blanca, mencionado entre los funcionarios del BID, el banco acordó un préstamo con el Gobierno de US$200 millones. Goldfajn indicó en su cuenta de redes sociales que esta asistencia corresponde a una “Facilidad de Crédito Contingente”. ¿Qué significa esto? Según explicó el comunicado oficial, se trata de una línea de financiamiento con el objetivo de dar respuesta rápida a emergencias y contempla la reasignación de recursos previamente comprometidos para la Argentina, pero destinados a otros fines.
“Preparados y resilientes en las Américas” es la nueva iniciativa de la entidad para detectar las zonas proclives a sufrir desastres, articular ayudas entre países y el sector privado, y emitir ayudas financieras. Read More