Poco más de un mes después de iniciar la privatización por decreto de Corredores Viales S.A., el Gobierno dispuso la intervención del organismo estatal. Desde el Ejecutivo justificaron nuevamente que el proceso va de la mano con el intento de reducir los déficits financieros de la empresa, por lo que consideraron que “resulta adecuado llevar a cabo una ordenada y completa investigación de la situación y promover las adecuaciones que permitan desarrollar el procedimiento”.
“Dispónese la intervención de Corredores Viales S.A., empresa del sector público nacional actuante en la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, por el plazo y en los términos previstos por el artículo 6° de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos [autorización al Gobierno de intervenir organismos]“, se establece en el Decreto 244/2025, publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma de Javier Milei y Luis Caputo.
Dentro de los considerandos del documento, el Gobierno expresó que la administración se propuso optimizar los servicios y funciones a cargo del Estado nacional para fomentar el transporte de pasajeros y de cargas con el fin de promover la industria, el turismo y la producción agrícola. En este punto, explicó: “Se considera prioritaria la construcción de obras de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos con el objeto de asegurar la conexión de las distintas regiones del país de manera segura y previsible, para lo cual se precisa la participación del sector privado”.
La intervención estará a cargo de Anastasia María de los Ángeles Adem, quien tendrá la tarea de: “Realizar una auditoría de gestión al inicio y al final de la intervención dispuesta; evaluar e informar sobre el estado financiero, su estructura orgánica y el funcionamiento en general de la empresa; elaborar un plan de acción, reformulación y readecuación para la sociedad, con la eventual modificación del estatuto societario vigente, el cual deberá ser puesto a consideración del Ministerio de Economía; revisar la administración de compras y contrataciones; disponer una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales; operar y mantener la sociedad, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a sostener la empresa durante el período de transición, previo a su disolución y posterior liquidación; designar y remover a funcionarios y personal de la sociedad; presentar la rendición de cuentas”.
A mediados de febrero, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado que el Gobierno avanzaría con la privatización de rutas y autopistas, con lo cual se habilitaría la participación del sector privado en la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima. Días más tarde se publicó el Decreto 97/2025, que autoriza al Ministerio de Economía, en conjunto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a llevar adelante el proceso, incluyendo la disolución de la empresa estatal y la adjudicación de contratos de concesión de obra pública a empresas privadas para los tramos viales actualmente bajo su administración.
Poco más de un mes después de iniciar la privatización por decreto de Corredores Viales S.A., el Gobierno dispuso la intervención del organismo estatal. Desde el Ejecutivo justificaron nuevamente que el proceso va de la mano con el intento de reducir los déficits financieros de la empresa, por lo que consideraron que “resulta adecuado llevar a cabo una ordenada y completa investigación de la situación y promover las adecuaciones que permitan desarrollar el procedimiento”.
“Dispónese la intervención de Corredores Viales S.A., empresa del sector público nacional actuante en la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, por el plazo y en los términos previstos por el artículo 6° de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos [autorización al Gobierno de intervenir organismos]“, se establece en el Decreto 244/2025, publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma de Javier Milei y Luis Caputo.
Dentro de los considerandos del documento, el Gobierno expresó que la administración se propuso optimizar los servicios y funciones a cargo del Estado nacional para fomentar el transporte de pasajeros y de cargas con el fin de promover la industria, el turismo y la producción agrícola. En este punto, explicó: “Se considera prioritaria la construcción de obras de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos con el objeto de asegurar la conexión de las distintas regiones del país de manera segura y previsible, para lo cual se precisa la participación del sector privado”.
La intervención estará a cargo de Anastasia María de los Ángeles Adem, quien tendrá la tarea de: “Realizar una auditoría de gestión al inicio y al final de la intervención dispuesta; evaluar e informar sobre el estado financiero, su estructura orgánica y el funcionamiento en general de la empresa; elaborar un plan de acción, reformulación y readecuación para la sociedad, con la eventual modificación del estatuto societario vigente, el cual deberá ser puesto a consideración del Ministerio de Economía; revisar la administración de compras y contrataciones; disponer una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales; operar y mantener la sociedad, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a sostener la empresa durante el período de transición, previo a su disolución y posterior liquidación; designar y remover a funcionarios y personal de la sociedad; presentar la rendición de cuentas”.
A mediados de febrero, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado que el Gobierno avanzaría con la privatización de rutas y autopistas, con lo cual se habilitaría la participación del sector privado en la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima. Días más tarde se publicó el Decreto 97/2025, que autoriza al Ministerio de Economía, en conjunto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a llevar adelante el proceso, incluyendo la disolución de la empresa estatal y la adjudicación de contratos de concesión de obra pública a empresas privadas para los tramos viales actualmente bajo su administración.
Se dispuso por medio del Decreto 244/2025, donde explicaron que se debe a un intento de reducir los déficits; la intervención estará a cargo de Anastasia María de los Ángeles Adem Read More