El gestión del expresidente Alberto Fernández vuelve a estar bajo la lupa de la Justicia por la demora en la compra de las vacunas Pfizer en el marco de la pandemia por el Covid-19. La Cámara Federal porteña reabrió una investigación que, por falta de pruebas, el juez federal Ariel Lijo había cerrado a fines del año pasado.
“Entendemos que aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación, sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios”, dijeron en su fallo los miembros de la Sala I del tribunal, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
Los camaristas consideraron que la investigación a cargo de Lijo no profundizó en los procesos de adquisición ni en las negociaciones que trabó el Estado con las empresas a las que le compró las vacunas contra el virus.
“Esta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer”, afirmaron.
El juez Lijo cerró la causa al entender que la “presunta demora” en la compra de las vacunas no fue una decisión “voluntaria, arbitraria o direccionada”.
“Lo cierto es que se evidencia y hasta es reconocido por la propia empresa Pfizer, el esfuerzo, interés y voluntad política que desde el gobierno nacional emanaba desde un inicio para la adquisición en tiempo y forma de las vacunas que por entonces comenzaban a desarrollar”, afirmó el magistrado propuesto por el presidente Javier Milei para la Corte Suprema y rechazado por el Senado.
Argumentó que la decisión de celebrar determinados contratos para la compra de vacunas “es, en sí misma, una decisión política que fue tomada por el gobierno en el marco de sus facultades, obligaciones y funciones”.
Contra esa decisión se pronunció el fiscal Carlos Stornelli. Sostuvo que el archivo de las actuaciones fue prematuro y apeló ante la Cámara. Su dictamen fue apoyado por su colega en esa instancia.
“No podemos soslayar –dijeron los camaristas– la opinión del Ministerio Público Fiscal, de ambas instancias, en cuanto a la necesidad de avanzar en la encuesta describiendo el rumbo que debiera seguir la causa, a fin de agotar todos los medios disponibles para poder esclarecer los eventos denunciados”.
La causa busca esclarecer si existió alguna suerte de favoritismo en la decisión de emprender negociaciones con determinados laboratorios en detrimento de otros.
La denuncia fue originada por los diputados Omar de Marchi, Waldo Wolff, Álvaro de Lamadrid, María Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Jorge Enríquez y Federico Zamarbide.
Los denunciantes cuestionaron los motivos por los cuales “no se habría firmado un acuerdo con el laboratorio Pfizer para la provisión de las vacunas, mientras que el Gobierno habría dispensado un trato preferente a otros laboratorios que fueron privilegiados con su contratación”.
El primer acuerdo con Pfizer para la compra de 13 millones de vacunas fracasó, según trascendió, porque la ley enviada al Congreso contemplaba una protección legal que se encontraba por debajo de las pretensiones de la empresa norteamericana. El eje de la controversia fue la palabra “negligencia”.
En ese contexto, en un encendido discurso en el recinto, el presidente de la bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, sostuvo: “Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que, con muchísima mezquindad, buscan siempre doblarle el brazo al Gobierno”.
El gestión del expresidente Alberto Fernández vuelve a estar bajo la lupa de la Justicia por la demora en la compra de las vacunas Pfizer en el marco de la pandemia por el Covid-19. La Cámara Federal porteña reabrió una investigación que, por falta de pruebas, el juez federal Ariel Lijo había cerrado a fines del año pasado.
“Entendemos que aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación, sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios”, dijeron en su fallo los miembros de la Sala I del tribunal, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
Los camaristas consideraron que la investigación a cargo de Lijo no profundizó en los procesos de adquisición ni en las negociaciones que trabó el Estado con las empresas a las que le compró las vacunas contra el virus.
“Esta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer”, afirmaron.
El juez Lijo cerró la causa al entender que la “presunta demora” en la compra de las vacunas no fue una decisión “voluntaria, arbitraria o direccionada”.
“Lo cierto es que se evidencia y hasta es reconocido por la propia empresa Pfizer, el esfuerzo, interés y voluntad política que desde el gobierno nacional emanaba desde un inicio para la adquisición en tiempo y forma de las vacunas que por entonces comenzaban a desarrollar”, afirmó el magistrado propuesto por el presidente Javier Milei para la Corte Suprema y rechazado por el Senado.
Argumentó que la decisión de celebrar determinados contratos para la compra de vacunas “es, en sí misma, una decisión política que fue tomada por el gobierno en el marco de sus facultades, obligaciones y funciones”.
Contra esa decisión se pronunció el fiscal Carlos Stornelli. Sostuvo que el archivo de las actuaciones fue prematuro y apeló ante la Cámara. Su dictamen fue apoyado por su colega en esa instancia.
“No podemos soslayar –dijeron los camaristas– la opinión del Ministerio Público Fiscal, de ambas instancias, en cuanto a la necesidad de avanzar en la encuesta describiendo el rumbo que debiera seguir la causa, a fin de agotar todos los medios disponibles para poder esclarecer los eventos denunciados”.
La causa busca esclarecer si existió alguna suerte de favoritismo en la decisión de emprender negociaciones con determinados laboratorios en detrimento de otros.
La denuncia fue originada por los diputados Omar de Marchi, Waldo Wolff, Álvaro de Lamadrid, María Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Jorge Enríquez y Federico Zamarbide.
Los denunciantes cuestionaron los motivos por los cuales “no se habría firmado un acuerdo con el laboratorio Pfizer para la provisión de las vacunas, mientras que el Gobierno habría dispensado un trato preferente a otros laboratorios que fueron privilegiados con su contratación”.
El primer acuerdo con Pfizer para la compra de 13 millones de vacunas fracasó, según trascendió, porque la ley enviada al Congreso contemplaba una protección legal que se encontraba por debajo de las pretensiones de la empresa norteamericana. El eje de la controversia fue la palabra “negligencia”.
En ese contexto, en un encendido discurso en el recinto, el presidente de la bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, sostuvo: “Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que, con muchísima mezquindad, buscan siempre doblarle el brazo al Gobierno”.
La Cámara federal reabrió una causa que investiga si hubo delitos en las negociaciones con las empresas; la denuncia presume que hubo favoritismos y direccionamientos Read More