El Poder Ejecutivo autorizó formalmente al Ministerio de Economía a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar obligaciones pactadas previamente. La medida fue oficializada mediante el Decreto 268/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y aprueba las gestiones administrativas realizadas por el equipo económico y faculta a la cartera dirigida por Luis Caputo a firmar los instrumentos necesarios para avanzar con ese financiamiento.
Según la norma, los fondos obtenidos estarán destinados a dos fines principales: saldar las letras intransferibles en dólares emitidas por el Tesoro Nacional y actualmente en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y afrontar vencimientos correspondientes al acuerdo de facilidades extendidas firmado con el FMI en 2022, que operen dentro de los próximos cuatro años.
Aunque la norma no especifica montos ni plazos exactos, deja en manos del Ministerio de Economía la ejecución práctica de los nuevos compromisos. Se espera que el Gobierno utilice este marco legal para continuar con su estrategia de reestructuración de pasivos externos en coordinación con el Fondo Monetario Internacional, bajo condiciones que desde el Gobierno indicaron que incluyen un desembolso de US$20.000 millones.
La medida se inscribe en un conjunto de acciones orientadas a despejar vencimientos de corto plazo y ordenar el frente financiero. Al facultar al Ministerio de Economía a tomar nueva deuda con destino específico, el Ejecutivo busca fortalecer la sostenibilidad del programa económico sin alterar sus metas fiscales ni monetarias.
Además del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno oficializó otro préstamo por 1.500 millones de dólares. A través del Decreto 270/2025, también publicado este lunes en el Boletín Oficial, se aprobó la firma de un contrato con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una de las entidades que integran el Grupo Banco Mundial, para financiar políticas de desarrollo enfocadas en sostenibilidad fiscal y mejora de la competitividad.
El préstamo fue denominado oficialmente como “Financiamiento de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Competitividad” y se orienta, según indica la normativa, a respaldar algunas medidas económicas impulsadas por el Poder Ejecutivo. Entre los objetivos declarados se encuentran la reducción del gasto público, la eliminación de distorsiones económicas, el fomento de la inversión privada y la protección de sectores vulnerables ante el ajuste fiscal.
El contrato prevé una entrega de fondos en un solo tramo, siempre que se cumpla una serie de compromisos previos acordados con el organismo internacional. Según explicó el Gobierno, estos compromisos están plasmados en una “matriz de políticas” que fue consensuada entre ambas partes del acuerdo. La normativa también establece que el préstamo será gestionado y ejecutado por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas.
La aprobación del contrato habilita al ministro de Economía, Luis Caputo, o al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a firmar el acuerdo y toda la documentación asociada en nombre del Estado argentino. El texto aclara que el acuerdo incluye cláusulas habituales en este tipo de financiamientos y que no contempla condiciones fuera de las prácticas internacionales.
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo destacó que el préstamo tiene un costo financiero más conveniente que el que obtendría el país en los mercados voluntarios de deuda, según un informe de la Oficina Nacional de Crédito Público. También se menciona que el Banco Central evaluó el impacto de la operación sobre la balanza de pagos y concluyó que será limitado y manejable.
El Poder Ejecutivo autorizó formalmente al Ministerio de Economía a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar obligaciones pactadas previamente. La medida fue oficializada mediante el Decreto 268/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y aprueba las gestiones administrativas realizadas por el equipo económico y faculta a la cartera dirigida por Luis Caputo a firmar los instrumentos necesarios para avanzar con ese financiamiento.
Según la norma, los fondos obtenidos estarán destinados a dos fines principales: saldar las letras intransferibles en dólares emitidas por el Tesoro Nacional y actualmente en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y afrontar vencimientos correspondientes al acuerdo de facilidades extendidas firmado con el FMI en 2022, que operen dentro de los próximos cuatro años.
Aunque la norma no especifica montos ni plazos exactos, deja en manos del Ministerio de Economía la ejecución práctica de los nuevos compromisos. Se espera que el Gobierno utilice este marco legal para continuar con su estrategia de reestructuración de pasivos externos en coordinación con el Fondo Monetario Internacional, bajo condiciones que desde el Gobierno indicaron que incluyen un desembolso de US$20.000 millones.
La medida se inscribe en un conjunto de acciones orientadas a despejar vencimientos de corto plazo y ordenar el frente financiero. Al facultar al Ministerio de Economía a tomar nueva deuda con destino específico, el Ejecutivo busca fortalecer la sostenibilidad del programa económico sin alterar sus metas fiscales ni monetarias.
Además del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno oficializó otro préstamo por 1.500 millones de dólares. A través del Decreto 270/2025, también publicado este lunes en el Boletín Oficial, se aprobó la firma de un contrato con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una de las entidades que integran el Grupo Banco Mundial, para financiar políticas de desarrollo enfocadas en sostenibilidad fiscal y mejora de la competitividad.
El préstamo fue denominado oficialmente como “Financiamiento de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Competitividad” y se orienta, según indica la normativa, a respaldar algunas medidas económicas impulsadas por el Poder Ejecutivo. Entre los objetivos declarados se encuentran la reducción del gasto público, la eliminación de distorsiones económicas, el fomento de la inversión privada y la protección de sectores vulnerables ante el ajuste fiscal.
El contrato prevé una entrega de fondos en un solo tramo, siempre que se cumpla una serie de compromisos previos acordados con el organismo internacional. Según explicó el Gobierno, estos compromisos están plasmados en una “matriz de políticas” que fue consensuada entre ambas partes del acuerdo. La normativa también establece que el préstamo será gestionado y ejecutado por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas.
La aprobación del contrato habilita al ministro de Economía, Luis Caputo, o al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a firmar el acuerdo y toda la documentación asociada en nombre del Estado argentino. El texto aclara que el acuerdo incluye cláusulas habituales en este tipo de financiamientos y que no contempla condiciones fuera de las prácticas internacionales.
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo destacó que el préstamo tiene un costo financiero más conveniente que el que obtendría el país en los mercados voluntarios de deuda, según un informe de la Oficina Nacional de Crédito Público. También se menciona que el Banco Central evaluó el impacto de la operación sobre la balanza de pagos y concluyó que será limitado y manejable.
El nuevo decreto autoriza a Hacienda a cerrar operaciones para obtener fondos y afrontar compromisos con el BCRA y el Fondo Monetario Read More