El expresidente Alberto Fernández vuelve a estar en zona de definiciones en el terreno judicial. La instrucción de la causa que investiga su participación en el presunto direccionamiento de los contratos de seguros en distintas dependencias del Estado, un caso “alta complejidad”, definen fuentes judiciales, que se alargó más de la cuenta por el cambio de manos que sufrió el juzgado donde tramita, se encamina lentamente a un cierre.
El juez Sebastián Casanello tiene trabajando a los equipos de los dos juzgados a su cargo para pulir los detalles del caso, analizar y ordenar las últimas medidas de prueba, y decidir la situación procesal del expresidente -investigado por la firma del decreto que obligó a contratar los seguros a través de Nación- y otra treintena de personas implicadas en la presunta trama de corrupción, entre quienes figuran funcionarios, empresarios y brokers.
De todos ellos, por tratarse de un caso de criminalidad económica, el juez solicitó informes patrimoniales a Arca (exAFIP). Entre otras cuestiones, todavía se trabaja en la apertura de algunos de sus teléfonos.
En este tramo de la pesquisa, bajo la lupa de los investigadores se encuentra una dependencia en particular, Gendarmería, donde se concentra el grueso de los contratos investigados.
A los ojos de los brokers, que en la operatoria oficiaban de intermediarios con Nación Seguros, por cantidad de personal, infraestructura y el volumen de contrataciones públicas, es una las dependencias más atractivas de Estado, según explicaron fuentes que conocen el caso. En total, a lo largo de cuatro años, se cobraron comisiones por más de mil quinientos millones de pesos.
El interés de los productores en algunos negocios en particular quedó reflejado en una de las tantas conversaciones que María Cantero, histórica secretaria del expresidente, mantuvo con su marido, el bróker Héctor Martínez Sosa, especialmente favorecido en el reparto de los Seguros.
Junto con Fabricaciones Militares, Cancillería era uno de los contratos que el bróker perdió a mano de competidores y buscaba recuperar mediante la intervención de Cantero.
“Tengo un problema, están sacándole Cancillería a Hecky (por Martínez Sosa) están nombrando otro productor […] ya le sacaron algunas cuentas…La Cámpora arma bróker. Pero Cancillería son nuestros”, le escribió Cantero a su jefe, en mayo de 2023, en alusión a Net Broker, otras de las firmas implicadas.
“Ya me ocupo”, contestó Fernández. Según aclararía frente al fiscal Carlos Rívolo en su declaración indagatoria, con esa frase, el expresidente dio a entender que buscaría evitar que “algún pícaro hiciera algún negocio” a menos de 10 meses de terminar su gobierno.
El juez Casanello estará de licencia toda la semana que viene, por lo que no se esperan definiciones en lo inmediato. Con todo, estará monitoreando los avances de las últimas medidas ordenadas.
“Es un delito de alta complejidad económica”, explica un investigador, en referencia a los obstáculos que presenta el caso, en donde se investigan comisiones por más de 3 mil millones de pesos, sin actualizar por inflación.
Desde hace meses que la instrucción del caso está en condiciones formales de recibir término, pero el juzgado donde tramita el expediente, vacante desde 2020, cambió de titularidad: de ser subrogado por Julián Ercolini, a quien Fernández buscó apartar de la causa, pasó a manos de Casanello.
El juez heredó un expediente pesado en instancias decisivas: el último de los imputados, Carlos Soria, un ex director de Nación Seguros, ya había cerrado la ronda de indagatorias y corría el plazo no ordenatorio de 10 días para definir la suerte procesal de los imputados. El juez debió interiorizarse en el caso y todo se demoró.
El otro expediente
En la causa por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez, Fernández cuenta con procesamiento confirmado por la Cámara Federal y se encuentra en condiciones formales de ir a juicio oral.
El expresidente radicó una denuncia contra la ex primera dama que pasó por dos juzgados y ahora tramita en el de Julián Ercolini, que podría rechazar nuevamente el caso. En tal caso, la competencia será definida por la Cámara Federal.
El expresidente Alberto Fernández vuelve a estar en zona de definiciones en el terreno judicial. La instrucción de la causa que investiga su participación en el presunto direccionamiento de los contratos de seguros en distintas dependencias del Estado, un caso “alta complejidad”, definen fuentes judiciales, que se alargó más de la cuenta por el cambio de manos que sufrió el juzgado donde tramita, se encamina lentamente a un cierre.
El juez Sebastián Casanello tiene trabajando a los equipos de los dos juzgados a su cargo para pulir los detalles del caso, analizar y ordenar las últimas medidas de prueba, y decidir la situación procesal del expresidente -investigado por la firma del decreto que obligó a contratar los seguros a través de Nación- y otra treintena de personas implicadas en la presunta trama de corrupción, entre quienes figuran funcionarios, empresarios y brokers.
De todos ellos, por tratarse de un caso de criminalidad económica, el juez solicitó informes patrimoniales a Arca (exAFIP). Entre otras cuestiones, todavía se trabaja en la apertura de algunos de sus teléfonos.
En este tramo de la pesquisa, bajo la lupa de los investigadores se encuentra una dependencia en particular, Gendarmería, donde se concentra el grueso de los contratos investigados.
A los ojos de los brokers, que en la operatoria oficiaban de intermediarios con Nación Seguros, por cantidad de personal, infraestructura y el volumen de contrataciones públicas, es una las dependencias más atractivas de Estado, según explicaron fuentes que conocen el caso. En total, a lo largo de cuatro años, se cobraron comisiones por más de mil quinientos millones de pesos.
El interés de los productores en algunos negocios en particular quedó reflejado en una de las tantas conversaciones que María Cantero, histórica secretaria del expresidente, mantuvo con su marido, el bróker Héctor Martínez Sosa, especialmente favorecido en el reparto de los Seguros.
Junto con Fabricaciones Militares, Cancillería era uno de los contratos que el bróker perdió a mano de competidores y buscaba recuperar mediante la intervención de Cantero.
“Tengo un problema, están sacándole Cancillería a Hecky (por Martínez Sosa) están nombrando otro productor […] ya le sacaron algunas cuentas…La Cámpora arma bróker. Pero Cancillería son nuestros”, le escribió Cantero a su jefe, en mayo de 2023, en alusión a Net Broker, otras de las firmas implicadas.
“Ya me ocupo”, contestó Fernández. Según aclararía frente al fiscal Carlos Rívolo en su declaración indagatoria, con esa frase, el expresidente dio a entender que buscaría evitar que “algún pícaro hiciera algún negocio” a menos de 10 meses de terminar su gobierno.
El juez Casanello estará de licencia toda la semana que viene, por lo que no se esperan definiciones en lo inmediato. Con todo, estará monitoreando los avances de las últimas medidas ordenadas.
“Es un delito de alta complejidad económica”, explica un investigador, en referencia a los obstáculos que presenta el caso, en donde se investigan comisiones por más de 3 mil millones de pesos, sin actualizar por inflación.
Desde hace meses que la instrucción del caso está en condiciones formales de recibir término, pero el juzgado donde tramita el expediente, vacante desde 2020, cambió de titularidad: de ser subrogado por Julián Ercolini, a quien Fernández buscó apartar de la causa, pasó a manos de Casanello.
El juez heredó un expediente pesado en instancias decisivas: el último de los imputados, Carlos Soria, un ex director de Nación Seguros, ya había cerrado la ronda de indagatorias y corría el plazo no ordenatorio de 10 días para definir la suerte procesal de los imputados. El juez debió interiorizarse en el caso y todo se demoró.
El otro expediente
En la causa por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez, Fernández cuenta con procesamiento confirmado por la Cámara Federal y se encuentra en condiciones formales de ir a juicio oral.
El expresidente radicó una denuncia contra la ex primera dama que pasó por dos juzgados y ahora tramita en el de Julián Ercolini, que podría rechazar nuevamente el caso. En tal caso, la competencia será definida por la Cámara Federal.
La instrucción del caso que investiga la contratación de Seguros en distintas dependencias del Estado se encamina lentamente al cierre; Gendarmería, otra vez bajo la mira Read More