El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, recibió este jueves, por separado, a funcionarios de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, en su búsqueda de convencer a las diferentes jurisdicciones del país para que avalen el plan oficial que promueve el uso de dólares no declarados por parte de ahorristas.

Desde la gobernación bonaerense se dejó saber que, para dar formalmente un acuerdo, se espera que haya una ley que respalde el programa. En la agencia de recaudación ARBA dijeron a LA NACION que debe haber seguridad jurídica no solo para las personas que ingresen, sino también para los responsables de los entes encargados de recaudar los tributos locales.

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, consideran que una ley del Congreso Nacional es indispensable para que el plan sea sostenible. En la jurisdicción porteña se analizarán “los detalles de la propuesta”, desde una “actitud propositiva”.

Quienes participaron de los encuentros señalaron que el diálogo fue cordial y de carácter informativo. Las reuniones tuvieron lugar dos días después de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, hicieron un zoom con gobernadores, al que no estuvieron convocados ni el mandatorio bonaerense, Axel Kicillof, ni el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a quien el presidente Javier Milei le negó el saludo al pasar a su lado adentro de la Catedral Metropolitana, antes del Tedéum del 25 de mayo.

Por parte del gobierno porteño estuvieron el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, y el jefe de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Gustavo Krivocapich. Por el gobierno provincial participaron del encuentro con Pazo el ministro de Economía, Pablo López, y el director ejecutivo de la agencia de Recaudación ARBA, Cristian Girard.

Comunistas que piden seguridad jurídica

Antes del diálogo, hubo cruces verbales entre funcionarios bonaerenses y nacionales. A la acusación de tener una “mentalidad soviética”, hecha por Pazo respecto de Kicillof (el gobernador había dicho que ARBA seguirá con los controles antievasión, ya que no hay normativa que respalde dejar de hacerlos), Girard reaccionó con ironía: “Ellos son los defensores de los argentinos de bien y resulta que nosotros somos los comunistas que pedimos seguridad jurídica”.

El funcionario agregó que “hasta el momento no hay nada a lo que adherir”, porque lo anunciado es “la creación de un régimen simplificado de Ganancias como condición para un blanqueo sin ley”. Dijo que no se modificó aún “ni el régimen penal tributario, ni el código fiscal, ni la normativa de prevención de lavado de activos”, por lo que consideró apresurado el anuncio del Gobierno. “Si alguien usa fondos sin declarar para comprar un bien, el Estado tiene cinco años para exigirle la deuda impositiva que se genera por no haber declarado esos ingresos. Les guste o no, es así por ley”, afirmó.

Tras la reunión con el director de ARCA, Girard insistió en que “todavía no se conocen los detalles del régimen” y en que “cualquier esquema de blanqueo [palabra que no se usa desde el Gobierno nacional para definir el plan] debería contar con el respaldo de una ley aprobada por el Congreso Nacional”. Agregó que la provincia ya está trabajando en una agenda de simplificación tributaria.

Desde ARCA se ratificó en las reuniones que los proyectos de ley anunciados, que buscarán, por ejemplo, reducir a dos años el plazo de prescripción de las deudas con el fisco, serán enviados al Congreso la semana próxima, aunque no se precisó qué día.

El plan del Gobierno nacional, anunciado la semana última por Caputo, promueve que los ahorristas utilicen, para la compra de activos, dólares no declarados, los llamados “dólares debajo del colchón”, sin verse expuestos a controles tendientes a luchar contra la evasión. Las dudas que surgieron de inmediato están vinculadas con el eventual uso de fondos derivados de actividades ilícitas, y con la posibilidad de que en el futuro quienes adhieran al plan reciban reclamos del fisco por impuestos impagos.

ARCA busca convencer a las provincias de firmar convenios de colaboración en el marco del nuevo plan. En un comunicado emitido el lunes último, el organismo advirtió que las jurisdicciones que no suscriban un pacto “perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima del umbral” de $50 millones.

Desde el gobierno bonaerense señalaron ayer que los cuestionamientos al anuncio del plan oficial fueron tomados como un rechazo a la posibilidad de adherir, cuando, en realidad, se advirtió que no hay información suficiente ni respaldo normativo.

Desde CABA, el ministro Gustavo Arengo señaló que hubo “una buena reunión” con Pazo. El funcionario sostuvo que desde la gestión de Macri hay “una actitud propositiva”. Agregó: “Vamos a acompañar todas aquellas acciones que incentiven y promuevan el crecimiento de la actividad económica y eliminen burocracia”.

Respecto del plan de los dólares del colchón, precisó: “Queremos primero analizar los detalles de la propuesta acerca del convenio de intercambio de información fiscal”. Se propuso, en ese marco, armar una mesa de trabajo sobre la cuestión.

Régimen simplificado de Ganancias

Como parte del plan, el Gobierno nacional anunció la creación de un régimen simplificado de Ganancias, en el cual ARCA ya no les pedirá a los contribuyentes información sobre sus consumos ni sobre las variaciones patrimoniales del período al que corresponde el impuesto. Por eso, se indicó que quienes compren bienes registrables por más de $50 millones (operaciones de la cuales el organismo seguirá recibiendo información por parte de los registros de propiedad, como también la reciben entes como ARBA, según especificaron en el gobierno bonaerense) deberán ingresar en ese sistema simplificado, de forma de evitar controles. Según el decreto 353, ese sistema excluye, sin embargo, a quienes tengan ingresos provenientes del exterior.

En el caso de las provincias y de CABA, un interrogante que surge es qué ocurrirá con el cobro del impuesto sobre los Ingresos Brutos, si en los organismos de recaudación detectan que las compras hechas no son consistentes con la facturación declarada. Los entes reciben información de los registros de propiedad y de otras fuentes.

Sí está claro que, más allá de lo que ocurra con las imposiciones sobre los ingresos, los activos que sean adquiridos luego quedarán sujetos al tributo nacional sobre los Bienes Personales, y a los impuestos automotor e inmobiliario de cada jurisdicción.

Primer acuerdo firmado

Al margen de las reuniones con representantes de los gobiernos porteño y bonaerense, ARCA anunció que firmó el primer convenio de colaboración con una provincia, en el marco del plan para el uso de dólares. Se trata de Catamarca.

Según el organismo de recaudación nacional, los tres puntos principales de ese pacto son el fortalecimiento de la colaboración en el intercambio de información; la garantía por parte de la provincia de implementar el régimen simplificado de Ganancias, “preservando la información de los consumos personales y de la situación patrimonial de los ciudadanos”, y el compromiso de la jurisdicción respecto de revisar los regímenes de información existentes y de no establecer nuevos, que impliquen una carga burocrática y administrativa excesiva en el ciudadano.

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El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, recibió este jueves, por separado, a funcionarios de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, en su búsqueda de convencer a las diferentes jurisdicciones del país para que avalen el plan oficial que promueve el uso de dólares no declarados por parte de ahorristas.

Desde la gobernación bonaerense se dejó saber que, para dar formalmente un acuerdo, se espera que haya una ley que respalde el programa. En la agencia de recaudación ARBA dijeron a LA NACION que debe haber seguridad jurídica no solo para las personas que ingresen, sino también para los responsables de los entes encargados de recaudar los tributos locales.

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, consideran que una ley del Congreso Nacional es indispensable para que el plan sea sostenible. En la jurisdicción porteña se analizarán “los detalles de la propuesta”, desde una “actitud propositiva”.

Quienes participaron de los encuentros señalaron que el diálogo fue cordial y de carácter informativo. Las reuniones tuvieron lugar dos días después de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, hicieron un zoom con gobernadores, al que no estuvieron convocados ni el mandatorio bonaerense, Axel Kicillof, ni el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a quien el presidente Javier Milei le negó el saludo al pasar a su lado adentro de la Catedral Metropolitana, antes del Tedéum del 25 de mayo.

Por parte del gobierno porteño estuvieron el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, y el jefe de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Gustavo Krivocapich. Por el gobierno provincial participaron del encuentro con Pazo el ministro de Economía, Pablo López, y el director ejecutivo de la agencia de Recaudación ARBA, Cristian Girard.

Comunistas que piden seguridad jurídica

Antes del diálogo, hubo cruces verbales entre funcionarios bonaerenses y nacionales. A la acusación de tener una “mentalidad soviética”, hecha por Pazo respecto de Kicillof (el gobernador había dicho que ARBA seguirá con los controles antievasión, ya que no hay normativa que respalde dejar de hacerlos), Girard reaccionó con ironía: “Ellos son los defensores de los argentinos de bien y resulta que nosotros somos los comunistas que pedimos seguridad jurídica”.

El funcionario agregó que “hasta el momento no hay nada a lo que adherir”, porque lo anunciado es “la creación de un régimen simplificado de Ganancias como condición para un blanqueo sin ley”. Dijo que no se modificó aún “ni el régimen penal tributario, ni el código fiscal, ni la normativa de prevención de lavado de activos”, por lo que consideró apresurado el anuncio del Gobierno. “Si alguien usa fondos sin declarar para comprar un bien, el Estado tiene cinco años para exigirle la deuda impositiva que se genera por no haber declarado esos ingresos. Les guste o no, es así por ley”, afirmó.

Tras la reunión con el director de ARCA, Girard insistió en que “todavía no se conocen los detalles del régimen” y en que “cualquier esquema de blanqueo [palabra que no se usa desde el Gobierno nacional para definir el plan] debería contar con el respaldo de una ley aprobada por el Congreso Nacional”. Agregó que la provincia ya está trabajando en una agenda de simplificación tributaria.

Desde ARCA se ratificó en las reuniones que los proyectos de ley anunciados, que buscarán, por ejemplo, reducir a dos años el plazo de prescripción de las deudas con el fisco, serán enviados al Congreso la semana próxima, aunque no se precisó qué día.

El plan del Gobierno nacional, anunciado la semana última por Caputo, promueve que los ahorristas utilicen, para la compra de activos, dólares no declarados, los llamados “dólares debajo del colchón”, sin verse expuestos a controles tendientes a luchar contra la evasión. Las dudas que surgieron de inmediato están vinculadas con el eventual uso de fondos derivados de actividades ilícitas, y con la posibilidad de que en el futuro quienes adhieran al plan reciban reclamos del fisco por impuestos impagos.

ARCA busca convencer a las provincias de firmar convenios de colaboración en el marco del nuevo plan. En un comunicado emitido el lunes último, el organismo advirtió que las jurisdicciones que no suscriban un pacto “perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima del umbral” de $50 millones.

Desde el gobierno bonaerense señalaron ayer que los cuestionamientos al anuncio del plan oficial fueron tomados como un rechazo a la posibilidad de adherir, cuando, en realidad, se advirtió que no hay información suficiente ni respaldo normativo.

Desde CABA, el ministro Gustavo Arengo señaló que hubo “una buena reunión” con Pazo. El funcionario sostuvo que desde la gestión de Macri hay “una actitud propositiva”. Agregó: “Vamos a acompañar todas aquellas acciones que incentiven y promuevan el crecimiento de la actividad económica y eliminen burocracia”.

Respecto del plan de los dólares del colchón, precisó: “Queremos primero analizar los detalles de la propuesta acerca del convenio de intercambio de información fiscal”. Se propuso, en ese marco, armar una mesa de trabajo sobre la cuestión.

Régimen simplificado de Ganancias

Como parte del plan, el Gobierno nacional anunció la creación de un régimen simplificado de Ganancias, en el cual ARCA ya no les pedirá a los contribuyentes información sobre sus consumos ni sobre las variaciones patrimoniales del período al que corresponde el impuesto. Por eso, se indicó que quienes compren bienes registrables por más de $50 millones (operaciones de la cuales el organismo seguirá recibiendo información por parte de los registros de propiedad, como también la reciben entes como ARBA, según especificaron en el gobierno bonaerense) deberán ingresar en ese sistema simplificado, de forma de evitar controles. Según el decreto 353, ese sistema excluye, sin embargo, a quienes tengan ingresos provenientes del exterior.

En el caso de las provincias y de CABA, un interrogante que surge es qué ocurrirá con el cobro del impuesto sobre los Ingresos Brutos, si en los organismos de recaudación detectan que las compras hechas no son consistentes con la facturación declarada. Los entes reciben información de los registros de propiedad y de otras fuentes.

Sí está claro que, más allá de lo que ocurra con las imposiciones sobre los ingresos, los activos que sean adquiridos luego quedarán sujetos al tributo nacional sobre los Bienes Personales, y a los impuestos automotor e inmobiliario de cada jurisdicción.

Primer acuerdo firmado

Al margen de las reuniones con representantes de los gobiernos porteño y bonaerense, ARCA anunció que firmó el primer convenio de colaboración con una provincia, en el marco del plan para el uso de dólares. Se trata de Catamarca.

Según el organismo de recaudación nacional, los tres puntos principales de ese pacto son el fortalecimiento de la colaboración en el intercambio de información; la garantía por parte de la provincia de implementar el régimen simplificado de Ganancias, “preservando la información de los consumos personales y de la situación patrimonial de los ciudadanos”, y el compromiso de la jurisdicción respecto de revisar los regímenes de información existentes y de no establecer nuevos, que impliquen una carga burocrática y administrativa excesiva en el ciudadano.

 El director de ARCA, Juan Pazo, se reunió con funcionarios de ambas jurisdicciones tras los cruces verbales y el desplante de Milei a Macri; funcionarios bonaerenses dicen que se debe garantizar la seguridad jurídica del programa, al que definen como un blanqueo  Read More