En medio de una disputa judicial cada vez más intensa, la Justicia federal frenó los intentos de Florida por aplicar una controvertida ley que criminaliza a los inmigrantes indocumentados que ingresan al Estado Soleado. Aunque el gobernador Ron DeSantis impulsó esta legislación en febrero, un fallo determinó que su aplicación viola normas constitucionales, lo que genera un conflicto directo entre la autoridad estatal y las normas federales.

En Florida: la batalla judicial en torno a la ley SB-4 firmada por DeSantis

El centro del conflicto legal es una disposición de la ley SB-4, firmada por DeSantis, que tipifica como delito estatal el ingreso de personas sin autorización legal a Florida. Desde el inicio, organizaciones como la Florida Immigrant Coalition y la Farmworker Association of Florida, con el respaldo de la ACLU, denunciaron que esta normativa excedía las competencias del estado y se inmiscuía en un ámbito que corresponde exclusivamente al gobierno federal.

La jueza Kathleen Williams coincidió con este planteo y, en una decisión preliminar tomada en abril, suspendió la aplicación de la ley. La magistrada fundamentó su decisión en la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que la legislación federal tiene primacía sobre las leyes estatales. Esta postura fue ratificada el 6 de junio por un panel de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, que rechazó el pedido de la fiscalía general de Florida para levantar el bloqueo judicial.

A pesar de la orden federal, James Uthmeier, fiscal general de Florida y ex jefe de gabinete de DeSantis, tomó una postura de abierta confrontación con la jueza. El 18 de abril, envió un comunicado a la Patrulla de Carreteras de Florida y a otras agencias policiales para informarles que debían acatar el fallo judicial y abstenerse de efectuar detenciones con base en la nueva ley. Sin embargo, solo cinco días después, el 23 de abril, revirtió esa instrucción al afirmar que “no existía ninguna orden judicial que realmente les impidiera realizar arrestos”, según informó Miami Herald.

La jueza Williams consideró esa afirmación como una interpretación engañosa y desobediente de su orden. Asimismo, sostuvo que los litigantes no pueden alterar el significado claro de sus palabras para justificar sus acciones. El 17 de junio, la magistrada lo declaró en desacato civil.

Como sanción, ordenó que Uthmeier entregue informes quincenales a partir del 1° de julio, en los que detalle si se produjeron arrestos vinculados con la ley suspendida, en donde especifique la cantidad, fechas y las agencias policiales involucradas. Además, cualquier detención debe ser notificada de inmediato al tribunal.

Qué dice la Justicia federal sobre la suspensión de la ley SB-4 en Florida

El tribunal de apelaciones en Atlanta, que ratificó la decisión de Williams, reconoció que el fiscal podía tener argumentos para considerar que la orden de la jueza era demasiado amplia. Sin embargo, dejó en claro que eso no justificaba, bajo ninguna circunstancia, que Uthmeier insinuara que no la acataría. “Eso parece, al menos, una amenaza velada de no obedecerla”, señalaron los jueces citados por Miami Herald.

El mismo panel confirmó la medida cautelar que impide aplicar la ley migratoria por parte de policías y fiscales estatales. Esta decisión mantiene la prohibición de realizar arrestos a inmigrantes en situación irregular al ingresar a Florida, tal como se había establecido en la orden inicial del 29 de abril.

Por qué Florida no puede aplicar su ley migratoria

La ley SB-4 criminaliza el ingreso de inmigrantes sin documentos al estado, pero enfrenta un bloqueo judicial por considerarse inconstitucional.La jueza Williams determinó que solo el gobierno federal tiene competencias en materia de inmigración, por lo que cualquier intento estatal de legislar sobre el tema viola la Constitución.El fiscal general James Uthmeier desafió abiertamente la autoridad del tribunal, lo que derivó en una sanción por desacato.La Corte de Apelaciones confirmó la decisión de Williams y rechazó la solicitud del estado para seguir aplicándola mientras continúa el litigio.

Con este panorama, la ley migratoria de Florida quedó suspendida y cualquier intento de reactivarla sin autorización judicial podría llevar a nuevas sanciones o consecuencias legales para los funcionarios implicados.

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En medio de una disputa judicial cada vez más intensa, la Justicia federal frenó los intentos de Florida por aplicar una controvertida ley que criminaliza a los inmigrantes indocumentados que ingresan al Estado Soleado. Aunque el gobernador Ron DeSantis impulsó esta legislación en febrero, un fallo determinó que su aplicación viola normas constitucionales, lo que genera un conflicto directo entre la autoridad estatal y las normas federales.

En Florida: la batalla judicial en torno a la ley SB-4 firmada por DeSantis

El centro del conflicto legal es una disposición de la ley SB-4, firmada por DeSantis, que tipifica como delito estatal el ingreso de personas sin autorización legal a Florida. Desde el inicio, organizaciones como la Florida Immigrant Coalition y la Farmworker Association of Florida, con el respaldo de la ACLU, denunciaron que esta normativa excedía las competencias del estado y se inmiscuía en un ámbito que corresponde exclusivamente al gobierno federal.

La jueza Kathleen Williams coincidió con este planteo y, en una decisión preliminar tomada en abril, suspendió la aplicación de la ley. La magistrada fundamentó su decisión en la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que la legislación federal tiene primacía sobre las leyes estatales. Esta postura fue ratificada el 6 de junio por un panel de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, que rechazó el pedido de la fiscalía general de Florida para levantar el bloqueo judicial.

A pesar de la orden federal, James Uthmeier, fiscal general de Florida y ex jefe de gabinete de DeSantis, tomó una postura de abierta confrontación con la jueza. El 18 de abril, envió un comunicado a la Patrulla de Carreteras de Florida y a otras agencias policiales para informarles que debían acatar el fallo judicial y abstenerse de efectuar detenciones con base en la nueva ley. Sin embargo, solo cinco días después, el 23 de abril, revirtió esa instrucción al afirmar que “no existía ninguna orden judicial que realmente les impidiera realizar arrestos”, según informó Miami Herald.

La jueza Williams consideró esa afirmación como una interpretación engañosa y desobediente de su orden. Asimismo, sostuvo que los litigantes no pueden alterar el significado claro de sus palabras para justificar sus acciones. El 17 de junio, la magistrada lo declaró en desacato civil.

Como sanción, ordenó que Uthmeier entregue informes quincenales a partir del 1° de julio, en los que detalle si se produjeron arrestos vinculados con la ley suspendida, en donde especifique la cantidad, fechas y las agencias policiales involucradas. Además, cualquier detención debe ser notificada de inmediato al tribunal.

Qué dice la Justicia federal sobre la suspensión de la ley SB-4 en Florida

El tribunal de apelaciones en Atlanta, que ratificó la decisión de Williams, reconoció que el fiscal podía tener argumentos para considerar que la orden de la jueza era demasiado amplia. Sin embargo, dejó en claro que eso no justificaba, bajo ninguna circunstancia, que Uthmeier insinuara que no la acataría. “Eso parece, al menos, una amenaza velada de no obedecerla”, señalaron los jueces citados por Miami Herald.

El mismo panel confirmó la medida cautelar que impide aplicar la ley migratoria por parte de policías y fiscales estatales. Esta decisión mantiene la prohibición de realizar arrestos a inmigrantes en situación irregular al ingresar a Florida, tal como se había establecido en la orden inicial del 29 de abril.

Por qué Florida no puede aplicar su ley migratoria

La ley SB-4 criminaliza el ingreso de inmigrantes sin documentos al estado, pero enfrenta un bloqueo judicial por considerarse inconstitucional.La jueza Williams determinó que solo el gobierno federal tiene competencias en materia de inmigración, por lo que cualquier intento estatal de legislar sobre el tema viola la Constitución.El fiscal general James Uthmeier desafió abiertamente la autoridad del tribunal, lo que derivó en una sanción por desacato.La Corte de Apelaciones confirmó la decisión de Williams y rechazó la solicitud del estado para seguir aplicándola mientras continúa el litigio.

Con este panorama, la ley migratoria de Florida quedó suspendida y cualquier intento de reactivarla sin autorización judicial podría llevar a nuevas sanciones o consecuencias legales para los funcionarios implicados.

 Freno judicial en Florida: una jueza bloqueó la ley migratoria SB-4 de Ron DeSantis al considerar que invade competencias exclusivas del gobierno federal.  Read More