La inteligencia del Ejército, manejada por el entonces general César Milani con un creciente número de agentes militares y civiles, ganó un progresivo espacio durante el gobierno de Cristina Kirchner y eso se reflejó en los fondos asignados a su funcionamiento. Entre 2010 y 2014 la Secretaría de Inteligencia del Estado (hoy SIDE) recibió un aumento presupuestario del 36%, un porcentaje inferior a la inflación acumulada en entre 2010 y 2014. En cambio, los recursos del área de Inteligencia del Ejército crecieron un 134%, casi cuatro veces más.
El manejo de los fondos, además, carecía de controles y auditorías claras, al amparo de la reserva y los secretos que permitían las leyes vigentes.
La preeminencia de los gastos militares dedicados a esta finalidad fue señalada a LA NACION por el exdiputado y exsecretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma, quien no midió el período 2010/2014 por azar. “Esos años coinciden con el comienzo de las negociaciones del entonces canciller Héctor Timerman con su par de Irán, Ali Akbar Salehi, y la firma del memorándum de entendimiento con el régimen de Teherán que más tarde denunció el fiscal Alberto Nisman”, advirtió el exfuncionario peronista.
Los datos aportan precisiones a un escenario político que, ahora, se recrea en la esfera judicial, luego de la desclasificación de archivos que aportó datos a la investigación del caso Nisman.
En las Fuerzas Armadas entienden hoy que “si existían agentes de la inteligencia militar y recursos asignados a tareas turbias, actuaron por fuera de la estructura del Ejército”, dijo un general retirado a LA NACION.
“La Secretaría de Inteligencia, con su principal agente Antonio “Jaime” Stiuso como uno de los principales auxiliares de la Justicia en la causa AMIA, apoyaba la investigación del fiscal Nisman contra Irán como máximo responsable del atentado y su actuación ya no era funcional al realineamiento geopolítico del gobierno de Cristina”, evaluó Toma, quien definió la estructura de Milani como “una organización paralela de control y represión social”.
Varias crónicas periodísticas de los últimos años coinciden en que el sostenido refuerzo presupuestario que se dispuso en el gobierno kirchnerista se destinó a la incorporación de personal militar y civiles a la estructura de Inteligencia del Ejército y la compra de equipos de inteligencia telefónica, como valijas instaladas en cuatro camionetas Traffic blancas, cuyo destino hoy se ignora”, detalló una fuente consultada por este diario.
Los fondos que recibía la Dirección General de Inteligencia del Ejército, sumados a las partidas asignadas a las áreas similares del Ministerio de Defensa y de la Armada, superaban los montos asignados para esos fines al Ministerio de Seguridad, que respondían a Sergio Berni.
Ante una consulta de LA NACION, el exdiputado Toma vinculó el avance de esta línea de investigación con las carpetas que el recordado juez Carlos Bonadio encontró en la casa de Cristina Kirchner, en un allanamiento en El Calafate. En ese procedimiento se encontró material que apuntaban a un presunto espionaje ilegal a Clarín, a políticos como Carlos Reutemann y al recordado abuelo que había comprado dólares. Incluso había una carpeta en la que estaban transcriptas las comunicaciones telefónicas que yo había realizado en 2012. Esas eran las tareas que realizaba la gente de Milani”, denunció el propio Toma.
Influencia creciente
La figura de Milani -hoy de 70 años- cobró peso en el Ejército a partir de 2007, cuando asumió al frente de la Dirección General de Inteligencia de la fuerza y fue ascendido a general de brigada. Su influencia creció por su lealtad, entusiasmo y aspiraciones personales, a medida que ganaba la confianza de la ministra de Defensa, Nilda Garré, y tres años después fue promovido a general de división, tras lograr el acuerdo del Senado.
Designado en 2011 subjefe del Ejército, conservó la función de director general de Inteligencia, lo que acrecentó su poder como hombre fuerte de la inteligencia militar. En 2013 pasó a ser jefe del Ejército y, en momentos en que decrecía la confianza de la Presidenta en la estructura formal de los servicios de Inteligencia del Estado y, en particular, en Stiuso”, la estructura de Milani habría sido puesta al servicio de los planes del Gobierno, según especulan distintas fuentes.
Aunque se conocieron informes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que objetaron el pliego de su ascenso a teniente general, al involucrarlo en casos de violaciones a los derechos humanos, Milani acercó posiciones con los organismos del sector, a partir de una recordada entrevista con la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y se mantuvo al frente del Ejército hasta julio de 2015, cuando Cristina Kirchner dispuso su pase a retiro. Habían pasado seis meses de la muerte del fiscal Nisman.
La sintonía que Milani había mantenido con Garré y conservado con el siguiente ministro, el santacruceño Arturo Puricelli, encontró algunos cortocircuitos con la gestión de Agustín Rossi, quien se negó a promover el ascenso a general del del asistente personal del jefe militar, el coronel Marcelo Oscar Granitto, ligado al aparato de inteligencia que respondía a Milani. A pesar de ello, el propio Milani le otorgó un reconocimiento, al concederle un “ascenso honorífico al grado de coronel mayor”. En 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández, Granitto fue nombrado asesor de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.
Las denuncias que comprometían a Milani por la desaparición del conscripto Alberto Ledo y el secuestro de Alfredo Olivera durante la dictadura militar, cuando Milani transcurría sus primeros años como oficial del Ejército, fueron desestimadas en los últimos años por la Justicia –dos jueces absolvieron al militar-y se mantiene la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La inteligencia del Ejército, manejada por el entonces general César Milani con un creciente número de agentes militares y civiles, ganó un progresivo espacio durante el gobierno de Cristina Kirchner y eso se reflejó en los fondos asignados a su funcionamiento. Entre 2010 y 2014 la Secretaría de Inteligencia del Estado (hoy SIDE) recibió un aumento presupuestario del 36%, un porcentaje inferior a la inflación acumulada en entre 2010 y 2014. En cambio, los recursos del área de Inteligencia del Ejército crecieron un 134%, casi cuatro veces más.
El manejo de los fondos, además, carecía de controles y auditorías claras, al amparo de la reserva y los secretos que permitían las leyes vigentes.
La preeminencia de los gastos militares dedicados a esta finalidad fue señalada a LA NACION por el exdiputado y exsecretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma, quien no midió el período 2010/2014 por azar. “Esos años coinciden con el comienzo de las negociaciones del entonces canciller Héctor Timerman con su par de Irán, Ali Akbar Salehi, y la firma del memorándum de entendimiento con el régimen de Teherán que más tarde denunció el fiscal Alberto Nisman”, advirtió el exfuncionario peronista.
Los datos aportan precisiones a un escenario político que, ahora, se recrea en la esfera judicial, luego de la desclasificación de archivos que aportó datos a la investigación del caso Nisman.
En las Fuerzas Armadas entienden hoy que “si existían agentes de la inteligencia militar y recursos asignados a tareas turbias, actuaron por fuera de la estructura del Ejército”, dijo un general retirado a LA NACION.
“La Secretaría de Inteligencia, con su principal agente Antonio “Jaime” Stiuso como uno de los principales auxiliares de la Justicia en la causa AMIA, apoyaba la investigación del fiscal Nisman contra Irán como máximo responsable del atentado y su actuación ya no era funcional al realineamiento geopolítico del gobierno de Cristina”, evaluó Toma, quien definió la estructura de Milani como “una organización paralela de control y represión social”.
Varias crónicas periodísticas de los últimos años coinciden en que el sostenido refuerzo presupuestario que se dispuso en el gobierno kirchnerista se destinó a la incorporación de personal militar y civiles a la estructura de Inteligencia del Ejército y la compra de equipos de inteligencia telefónica, como valijas instaladas en cuatro camionetas Traffic blancas, cuyo destino hoy se ignora”, detalló una fuente consultada por este diario.
Los fondos que recibía la Dirección General de Inteligencia del Ejército, sumados a las partidas asignadas a las áreas similares del Ministerio de Defensa y de la Armada, superaban los montos asignados para esos fines al Ministerio de Seguridad, que respondían a Sergio Berni.
Ante una consulta de LA NACION, el exdiputado Toma vinculó el avance de esta línea de investigación con las carpetas que el recordado juez Carlos Bonadio encontró en la casa de Cristina Kirchner, en un allanamiento en El Calafate. En ese procedimiento se encontró material que apuntaban a un presunto espionaje ilegal a Clarín, a políticos como Carlos Reutemann y al recordado abuelo que había comprado dólares. Incluso había una carpeta en la que estaban transcriptas las comunicaciones telefónicas que yo había realizado en 2012. Esas eran las tareas que realizaba la gente de Milani”, denunció el propio Toma.
Influencia creciente
La figura de Milani -hoy de 70 años- cobró peso en el Ejército a partir de 2007, cuando asumió al frente de la Dirección General de Inteligencia de la fuerza y fue ascendido a general de brigada. Su influencia creció por su lealtad, entusiasmo y aspiraciones personales, a medida que ganaba la confianza de la ministra de Defensa, Nilda Garré, y tres años después fue promovido a general de división, tras lograr el acuerdo del Senado.
Designado en 2011 subjefe del Ejército, conservó la función de director general de Inteligencia, lo que acrecentó su poder como hombre fuerte de la inteligencia militar. En 2013 pasó a ser jefe del Ejército y, en momentos en que decrecía la confianza de la Presidenta en la estructura formal de los servicios de Inteligencia del Estado y, en particular, en Stiuso”, la estructura de Milani habría sido puesta al servicio de los planes del Gobierno, según especulan distintas fuentes.
Aunque se conocieron informes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que objetaron el pliego de su ascenso a teniente general, al involucrarlo en casos de violaciones a los derechos humanos, Milani acercó posiciones con los organismos del sector, a partir de una recordada entrevista con la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y se mantuvo al frente del Ejército hasta julio de 2015, cuando Cristina Kirchner dispuso su pase a retiro. Habían pasado seis meses de la muerte del fiscal Nisman.
La sintonía que Milani había mantenido con Garré y conservado con el siguiente ministro, el santacruceño Arturo Puricelli, encontró algunos cortocircuitos con la gestión de Agustín Rossi, quien se negó a promover el ascenso a general del del asistente personal del jefe militar, el coronel Marcelo Oscar Granitto, ligado al aparato de inteligencia que respondía a Milani. A pesar de ello, el propio Milani le otorgó un reconocimiento, al concederle un “ascenso honorífico al grado de coronel mayor”. En 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández, Granitto fue nombrado asesor de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.
Las denuncias que comprometían a Milani por la desaparición del conscripto Alberto Ledo y el secuestro de Alfredo Olivera durante la dictadura militar, cuando Milani transcurría sus primeros años como oficial del Ejército, fueron desestimadas en los últimos años por la Justicia –dos jueces absolvieron al militar-y se mantiene la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Entre 2010 y 2014, antes de la firma del pacto con Irán, la Dirección General de Inteligencia del Ejército incrementó sus fondos en un 134%, cuatro veces más que los servicios de inteligencia del Estado Read More