Una corte federal bloqueó el intento de Nueva Jersey de erradicar los centros de detención para inmigrantes gestionados por empresas privadas. Se trata de un revés judicial para el estado gobernador por el demócrata Phil Murphy, que buscaba limitar el alcance del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Nueva Jersey: el fallo judicial que frenó la ley AB 5207

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Tercer Circuito ratificó una sentencia anterior que había declarado inconstitucional la ley AB 5207, una normativa sancionada por Nueva Jersey en 2021 que prohibía nuevos contratos con empresas privadas para la detención de inmigrantes con causas civiles.

Esta legislación, de haber sido validada, habría impedido que la empresa CoreCivic renovara su contrato con el ICE para seguir con la administración del centro de detención de Elizabeth, una instalación clave para las operaciones migratorias del gobierno federal.

El fallo, redactado por el juez Stephanos Bibas —designado durante la primera presidencia de Donald Trump—, sostuvo que Nueva Jersey “cruzó la línea” al intentar obstaculizar una herramienta esencial de la política federal migratoria. Según enfatizó, el estado no puede simplemente legislar en contra de prácticas federales con las que no concuerda.

“A Nueva Jersey no le gustan algunas de las herramientas migratorias del gobierno federal, así que aprobó una ley con la intención de prohibir nuevos contratos para detención civil de inmigrantes”, escribió Bibas. “Esa ley interfiere con el poder central del gobierno para aplicar las leyes migratorias”, aclaró.

Los argumentos del fallo de la Corte a favor del ICE en Nueva Jersey

La resolución de la mayoría del tribunal se apoyó en la doctrina de inmunidad intergubernamental, un principio constitucional que impide a los estados imponer límites o regulaciones que interfieran directamente con funciones esenciales del gobierno nacional. Aunque la ley AB 5207 no menciona de manera explícita a la administración federal, el tribunal consideró que el efecto real de la normativa era una obstrucción directa.

Entre los argumentos que respaldaron el fallo, se destacaron:

Regulación funcional directa: si bien la norma no apunta literalmente al gobierno federal, prohíbe a cualquier entidad privada celebrar contratos de detención con el ICE, una actividad en la que el gobierno federal es el único cliente posible.Interferencia sustancial con funciones centrales: la ley habría impedido la renovación del contrato para operar el centro de Elizabeth, una instalación catalogada por el ICE como “ubicación de misión crítica” a nivel nacional.Impacto operativo en el ICE: de cerrarse esta cárcel, los detenidos deberían ser trasladados a más de 400 kilómetros de distancia, una situación que, según el tribunal, afectaría seriamente la capacidad operativa del organismo.Peligro de efecto dominó: el fallo advirtió que si otros estados replicaran leyes como AB 5207, se produciría una parálisis en funciones clave del gobierno federal, desde inmigración hasta defensa.No hace falta legislación explícita: para el tribunal, ni siquiera es necesario que exista una ley federal que anule la norma estatal. El solo hecho de que esta última viole la inmunidad intergubernamental basta para considerarla inválida.

El papel de CoreCivic y el auge de las detenciones bajo la administración Trump

La empresa CoreCivic, principal afectada por la ley ahora anulada, celebró el fallo de la Corte. Ryan Gustin, director senior de asuntos públicos, destacó que la decisión reafirmó la legitimidad del rol del centro de Elizabeth en las operaciones migratorias de EE.UU.

En declaraciones citadas por Courthouse News, expresó: “Estamos agradecidos con la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito por reafirmar la discrecionalidad del gobierno federal para contar con el centro de detención de Elizabeth en el cumplimiento de su vital misión”.

CoreCivic gestiona una porción considerable del sistema de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Más del 85% de las personas detenidas por el ICE se encuentra en centros operados por empresas con fines de lucro.

En febrero de este año, la empresa firmó un nuevo acuerdo con la agencia federal para albergar hasta 784 nuevos detenidos en instalaciones distribuidas entre Mississippi, Nevada, Ohio y Oklahoma.

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Una corte federal bloqueó el intento de Nueva Jersey de erradicar los centros de detención para inmigrantes gestionados por empresas privadas. Se trata de un revés judicial para el estado gobernador por el demócrata Phil Murphy, que buscaba limitar el alcance del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Nueva Jersey: el fallo judicial que frenó la ley AB 5207

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Tercer Circuito ratificó una sentencia anterior que había declarado inconstitucional la ley AB 5207, una normativa sancionada por Nueva Jersey en 2021 que prohibía nuevos contratos con empresas privadas para la detención de inmigrantes con causas civiles.

Esta legislación, de haber sido validada, habría impedido que la empresa CoreCivic renovara su contrato con el ICE para seguir con la administración del centro de detención de Elizabeth, una instalación clave para las operaciones migratorias del gobierno federal.

El fallo, redactado por el juez Stephanos Bibas —designado durante la primera presidencia de Donald Trump—, sostuvo que Nueva Jersey “cruzó la línea” al intentar obstaculizar una herramienta esencial de la política federal migratoria. Según enfatizó, el estado no puede simplemente legislar en contra de prácticas federales con las que no concuerda.

“A Nueva Jersey no le gustan algunas de las herramientas migratorias del gobierno federal, así que aprobó una ley con la intención de prohibir nuevos contratos para detención civil de inmigrantes”, escribió Bibas. “Esa ley interfiere con el poder central del gobierno para aplicar las leyes migratorias”, aclaró.

Los argumentos del fallo de la Corte a favor del ICE en Nueva Jersey

La resolución de la mayoría del tribunal se apoyó en la doctrina de inmunidad intergubernamental, un principio constitucional que impide a los estados imponer límites o regulaciones que interfieran directamente con funciones esenciales del gobierno nacional. Aunque la ley AB 5207 no menciona de manera explícita a la administración federal, el tribunal consideró que el efecto real de la normativa era una obstrucción directa.

Entre los argumentos que respaldaron el fallo, se destacaron:

Regulación funcional directa: si bien la norma no apunta literalmente al gobierno federal, prohíbe a cualquier entidad privada celebrar contratos de detención con el ICE, una actividad en la que el gobierno federal es el único cliente posible.Interferencia sustancial con funciones centrales: la ley habría impedido la renovación del contrato para operar el centro de Elizabeth, una instalación catalogada por el ICE como “ubicación de misión crítica” a nivel nacional.Impacto operativo en el ICE: de cerrarse esta cárcel, los detenidos deberían ser trasladados a más de 400 kilómetros de distancia, una situación que, según el tribunal, afectaría seriamente la capacidad operativa del organismo.Peligro de efecto dominó: el fallo advirtió que si otros estados replicaran leyes como AB 5207, se produciría una parálisis en funciones clave del gobierno federal, desde inmigración hasta defensa.No hace falta legislación explícita: para el tribunal, ni siquiera es necesario que exista una ley federal que anule la norma estatal. El solo hecho de que esta última viole la inmunidad intergubernamental basta para considerarla inválida.

El papel de CoreCivic y el auge de las detenciones bajo la administración Trump

La empresa CoreCivic, principal afectada por la ley ahora anulada, celebró el fallo de la Corte. Ryan Gustin, director senior de asuntos públicos, destacó que la decisión reafirmó la legitimidad del rol del centro de Elizabeth en las operaciones migratorias de EE.UU.

En declaraciones citadas por Courthouse News, expresó: “Estamos agradecidos con la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito por reafirmar la discrecionalidad del gobierno federal para contar con el centro de detención de Elizabeth en el cumplimiento de su vital misión”.

CoreCivic gestiona una porción considerable del sistema de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Más del 85% de las personas detenidas por el ICE se encuentra en centros operados por empresas con fines de lucro.

En febrero de este año, la empresa firmó un nuevo acuerdo con la agencia federal para albergar hasta 784 nuevos detenidos en instalaciones distribuidas entre Mississippi, Nevada, Ohio y Oklahoma.

 Una corte federal frenó la ley que prohibía centros del ICE en Nueva Jersey, al dictaminar que el estado no puede impedir funciones federales de inmigración.  Read More