Un tribunal federal de apelaciones bloqueó el intento del presidente Donald Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. El reciente fallo mantuvo en pie la suspensión nacional de la Orden Ejecutiva que comenzó el conflicto legal y reafirmó la vigencia de la Enmienda 14 de la Constitución.
La Enmienda 14, en el centro del conflicto sobre la ciudadanía por nacimiento
En un dictamen de 48 páginas, dos de los tres jueces que integraron el panel de apelaciones determinaron que la orden ejecutiva de Trump contradice directamente la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a “todas las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”.
Según el juez Ronald M. Gould, designado por Bill Clinton y autor de la opinión mayoritaria, el presidente Trump carece de facultades para alterar cláusulas de la Constitución mediante decretos.
Los jueces consideraron que la interpretación propuesta por el Departamento de Justicia, que vinculaba la frase “sujeto a la jurisdicción” con una supuesta “lealtad primaria” o “domicilio permanente” de los padres, resultaba “forzada y novedosa”.
En cambio, el tribunal sostuvo que esa expresión significa estar sujeto a las leyes y autoridad de Estados Unidos, y que cualquier persona nacida en suelo estadounidense —incluidos los hijos de inmigrantes sin estatus legal o de visitantes temporales— cumple con ese criterio.
Otros argumentos: las consecuencias económicas que provocaría a los estados demandantes
La decisión de mantener la suspensión de la orden ejecutiva no se limitó a argumentos constitucionales. El tribunal también reconoció el derecho de los estados demandantes (Washington, Illinois, Oregon y Arizona) a llevar el caso ante la Justicia y destacó que enfrentaban consecuencias financieras directas.
Los magistrados señalaron que la implementación del decreto presidencial provocaría:
Pérdida de fondos federales: los estados dejarían de recibir reembolsos clave para programas como Medicaid, CHIP (seguro infantil) y Title IV-E (asistencia para menores en hogares de acogida), ya que los niños nacidos en sus territorios podrían no ser reconocidos como ciudadanos.Costos administrativos adicionales: la necesidad de desarrollar nuevos sistemas para verificar la ciudadanía conllevaría una carga considerable sobre los presupuestos estatales.Impactos imprevistos en otros estados: si la orden se aplicara solo de forma parcial, las personas afectadas podrían trasladarse a estados donde no estuviera vigente.
La corte también descartó la idea de que estas pérdidas fueran autoinfligidas. Según el fallo, los estados no actuaban como representantes de ciudadanos individuales, sino en defensa de sus propios recursos económicos.
El intento de Trump para terminar con la ciudadanía por nacimiento: una medida sin base constitucional ni legal
Más allá del plano económico, los jueces del Noveno Circuito concluyeron que la orden ejecutiva de Trump violaba no solo la Enmienda 14, sino también la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Según el fallo, los argumentos de los estados y organizaciones demandantes tenían una alta probabilidad de éxito.
El tribunal señaló que los daños económicos serían irreparables, ya que no existen mecanismos para recuperar compensaciones monetarias por parte de agencias federales o funcionarios del gobierno. También consideró que permitir la ejecución de una orden probablemente inconstitucional resultaba contrario al interés público.
Respecto al alcance de la suspensión, el tribunal confirmó la necesidad de que se aplicara de manera universal. Cualquier limitación geográfica habría sido ineficaz, ya que no impediría que personas dieran a luz en otros estados o se trasladaran a los territorios de los demandantes.
Qué puede pasar ahora con la ciudadanía por nacimiento
El caso escaló un peldaño más en su camino hacia una posible revisión por parte de la Corte Suprema, que hasta ahora solo intervino en aspectos técnicos relacionados con el alcance de las medidas cautelares.
Sin embargo, el fallo del Noveno Circuito, al declarar directamente inconstitucional la orden de Trump, coloca la cuestión en el centro del debate nacional sobre los límites del poder ejecutivo y los derechos que garantiza la Constitución.
Según informó The New York Times, esta es la primera vez que un tribunal federal de apelaciones se pronuncia sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento tras la decisión de la Corte Suprema que restringió el uso de medidas cautelares de alcance general.
El dictamen del juez Gould, respaldado por el también juez Michael Daly Hawkins, deja abierta la posibilidad de que el máximo tribunal de Estados Unidos deba pronunciarse sobre el tema en un futuro cercano.
Un tribunal federal de apelaciones bloqueó el intento del presidente Donald Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. El reciente fallo mantuvo en pie la suspensión nacional de la Orden Ejecutiva que comenzó el conflicto legal y reafirmó la vigencia de la Enmienda 14 de la Constitución.
La Enmienda 14, en el centro del conflicto sobre la ciudadanía por nacimiento
En un dictamen de 48 páginas, dos de los tres jueces que integraron el panel de apelaciones determinaron que la orden ejecutiva de Trump contradice directamente la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a “todas las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”.
Según el juez Ronald M. Gould, designado por Bill Clinton y autor de la opinión mayoritaria, el presidente Trump carece de facultades para alterar cláusulas de la Constitución mediante decretos.
Los jueces consideraron que la interpretación propuesta por el Departamento de Justicia, que vinculaba la frase “sujeto a la jurisdicción” con una supuesta “lealtad primaria” o “domicilio permanente” de los padres, resultaba “forzada y novedosa”.
En cambio, el tribunal sostuvo que esa expresión significa estar sujeto a las leyes y autoridad de Estados Unidos, y que cualquier persona nacida en suelo estadounidense —incluidos los hijos de inmigrantes sin estatus legal o de visitantes temporales— cumple con ese criterio.
Otros argumentos: las consecuencias económicas que provocaría a los estados demandantes
La decisión de mantener la suspensión de la orden ejecutiva no se limitó a argumentos constitucionales. El tribunal también reconoció el derecho de los estados demandantes (Washington, Illinois, Oregon y Arizona) a llevar el caso ante la Justicia y destacó que enfrentaban consecuencias financieras directas.
Los magistrados señalaron que la implementación del decreto presidencial provocaría:
Pérdida de fondos federales: los estados dejarían de recibir reembolsos clave para programas como Medicaid, CHIP (seguro infantil) y Title IV-E (asistencia para menores en hogares de acogida), ya que los niños nacidos en sus territorios podrían no ser reconocidos como ciudadanos.Costos administrativos adicionales: la necesidad de desarrollar nuevos sistemas para verificar la ciudadanía conllevaría una carga considerable sobre los presupuestos estatales.Impactos imprevistos en otros estados: si la orden se aplicara solo de forma parcial, las personas afectadas podrían trasladarse a estados donde no estuviera vigente.
La corte también descartó la idea de que estas pérdidas fueran autoinfligidas. Según el fallo, los estados no actuaban como representantes de ciudadanos individuales, sino en defensa de sus propios recursos económicos.
El intento de Trump para terminar con la ciudadanía por nacimiento: una medida sin base constitucional ni legal
Más allá del plano económico, los jueces del Noveno Circuito concluyeron que la orden ejecutiva de Trump violaba no solo la Enmienda 14, sino también la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Según el fallo, los argumentos de los estados y organizaciones demandantes tenían una alta probabilidad de éxito.
El tribunal señaló que los daños económicos serían irreparables, ya que no existen mecanismos para recuperar compensaciones monetarias por parte de agencias federales o funcionarios del gobierno. También consideró que permitir la ejecución de una orden probablemente inconstitucional resultaba contrario al interés público.
Respecto al alcance de la suspensión, el tribunal confirmó la necesidad de que se aplicara de manera universal. Cualquier limitación geográfica habría sido ineficaz, ya que no impediría que personas dieran a luz en otros estados o se trasladaran a los territorios de los demandantes.
Qué puede pasar ahora con la ciudadanía por nacimiento
El caso escaló un peldaño más en su camino hacia una posible revisión por parte de la Corte Suprema, que hasta ahora solo intervino en aspectos técnicos relacionados con el alcance de las medidas cautelares.
Sin embargo, el fallo del Noveno Circuito, al declarar directamente inconstitucional la orden de Trump, coloca la cuestión en el centro del debate nacional sobre los límites del poder ejecutivo y los derechos que garantiza la Constitución.
Según informó The New York Times, esta es la primera vez que un tribunal federal de apelaciones se pronuncia sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento tras la decisión de la Corte Suprema que restringió el uso de medidas cautelares de alcance general.
El dictamen del juez Gould, respaldado por el también juez Michael Daly Hawkins, deja abierta la posibilidad de que el máximo tribunal de Estados Unidos deba pronunciarse sobre el tema en un futuro cercano.
Un tribunal de apelaciones bloqueó el intento de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento y ratificó la protección de la Enmienda 14 en EE.UU. Read More