Poco vuelo, como era de esperar, tuvo la denuncia sobre un supuesto complot policial, vociferada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La Justicia decidió no formar parte de una maniobra que se vislumbra con todas las características de una vil treta electoral.
El Ministerio Público Fiscal decidió que no existen elementos que avalen la pretendida asonada de los 24 oficiales en actividad de la fuerza de seguridad provincial y del comisario retirado Maximiliano Bondarenko, quien es el principal apuntado por los funcionarios de la administración con sede en La Plata.
Bondarenko cumplió 25 años de servicio sin cuestionamientos. Actualmente, se encuentra inscripto por La Libertad Avanza (LLA) como primer candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral, una extensa franja del conurbano considerada clave para definir el próximo 7 de septiembre la elección de legisladores provinciales.
En ese contexto, la arremetida de Kicillof contra policías cercanos a Bondarenko surgió claramente como un ardid en respuesta a la decisión de LLA de señalar la angustia que padecen los bonaerenses frente la ostensible inseguridad del distrito.
Por sus repercusiones administrativas, esa denuncia ha afectado a 24 comisarios, subcomisarios y otros altos jefes policiales que comparten amistad con el colega retirado. Si bien el fiscal subrogante Álvaro Garganta decidió descartar rápidamente la hipótesis de un complot y avanzar solo con un posible caso de malversación de fondos por el uso de equipos profesionales –computadoras– para tareas particulares, la auditoría interna de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mantiene la suspensión de los oficiales, con una reducción del 50% de sus haberes, mientras prosigue el sumario administrativo, expediente que tiene un plazo máximo de 90 días para su resolución.
Todo empezó inmediatamente después de que se diera a conocer la postulación de Bondarenko como cabeza de la lista de LLA en el territorio que el peronismo considera un bastión inexpugnable, compuesto por La Matanza y otros municipios del conurbano. Allí, donde el periodismo recoge cada día crónicas de diferentes clases de violencia urbana, la presencia de un comisario retirado en la oferta electoral representa una constante interpelación a los funcionarios provinciales que deben garantizar la seguridad de los bonaerenses, pero que no lo hacen. A cambio, se inclinan por una ostensible maniobra con la apertura de una causa por el supuesto intento de “golpe al comando institucional”, tal la rebuscada figura usada por Kicillof y el ministro de seguridad provincial, Javier Alonso. ¿Las pruebas? Una denuncia anónima.
Las fiscalías bonaerense y de otros distritos también están curtidas en las trampas que pueden surgir cuando se abre la puerta de una causa sustentada en una denuncia de ese tipo. En los tribunales se sabe que esa vil argucia esconde muchas veces una investigación realizada fuera del radar judicial y cuyos resultados se busca filtrar luego en expedientes para darle una burda pincelada de legalidad. Se trata de un viejo y sucio truco.
En este caso, derivó en una contradenuncia efectuada por el Ministerio de Seguridad Nacional por actos de espionaje ilegales que habrían sufrido Bondarenko y los 24 oficiales sancionados al registrarse un interceptado intercambio de mensajes de esos policías en un grupo creado en WhatsApp. El anónimo que impulsa la investigación no recrea la forma en que se consiguieron esos mensajes.
Es válido recordar que el artículo 18 de la Constitución nacional garantiza la inviolabilidad de la correspondencia. El fiscal Garganta no consideró que lo expuesto en la denuncia gubernamental configurase el delito reclamado por Kicillof y sus funcionarios. La síntesis de la posición judicial es clara: no hay complot.
La fiscalía apartó esa línea de investigación por falta de sustento y por la sospecha de que la hipótesis que dio origen al caso se generó con una primera medida alejada de la legalidad. Una prueba inicial de esas características desmorona cualquier investigación.
El fiscal incorporó al expediente sobre Bondarenko y los 24 oficiales la denuncia realizada por el equipo de Patricia Bullrich, que apunta a conocer a los responsables de “espionaje ilegal, persecución ideológica, discriminación y abuso de autoridad”, apuntándose en ese aspecto a los funcionarios políticos de la provincia de Buenos Aires.
Desviar la atención de los principales problemas que padecen los bonaerenses es la “mejor” estrategia de campaña que parece haber encontrado Kicillof ante la falta de acciones de su estrepitoso gobierno.
Poco vuelo, como era de esperar, tuvo la denuncia sobre un supuesto complot policial, vociferada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La Justicia decidió no formar parte de una maniobra que se vislumbra con todas las características de una vil treta electoral.
El Ministerio Público Fiscal decidió que no existen elementos que avalen la pretendida asonada de los 24 oficiales en actividad de la fuerza de seguridad provincial y del comisario retirado Maximiliano Bondarenko, quien es el principal apuntado por los funcionarios de la administración con sede en La Plata.
Bondarenko cumplió 25 años de servicio sin cuestionamientos. Actualmente, se encuentra inscripto por La Libertad Avanza (LLA) como primer candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral, una extensa franja del conurbano considerada clave para definir el próximo 7 de septiembre la elección de legisladores provinciales.
En ese contexto, la arremetida de Kicillof contra policías cercanos a Bondarenko surgió claramente como un ardid en respuesta a la decisión de LLA de señalar la angustia que padecen los bonaerenses frente la ostensible inseguridad del distrito.
Por sus repercusiones administrativas, esa denuncia ha afectado a 24 comisarios, subcomisarios y otros altos jefes policiales que comparten amistad con el colega retirado. Si bien el fiscal subrogante Álvaro Garganta decidió descartar rápidamente la hipótesis de un complot y avanzar solo con un posible caso de malversación de fondos por el uso de equipos profesionales –computadoras– para tareas particulares, la auditoría interna de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mantiene la suspensión de los oficiales, con una reducción del 50% de sus haberes, mientras prosigue el sumario administrativo, expediente que tiene un plazo máximo de 90 días para su resolución.
Todo empezó inmediatamente después de que se diera a conocer la postulación de Bondarenko como cabeza de la lista de LLA en el territorio que el peronismo considera un bastión inexpugnable, compuesto por La Matanza y otros municipios del conurbano. Allí, donde el periodismo recoge cada día crónicas de diferentes clases de violencia urbana, la presencia de un comisario retirado en la oferta electoral representa una constante interpelación a los funcionarios provinciales que deben garantizar la seguridad de los bonaerenses, pero que no lo hacen. A cambio, se inclinan por una ostensible maniobra con la apertura de una causa por el supuesto intento de “golpe al comando institucional”, tal la rebuscada figura usada por Kicillof y el ministro de seguridad provincial, Javier Alonso. ¿Las pruebas? Una denuncia anónima.
Las fiscalías bonaerense y de otros distritos también están curtidas en las trampas que pueden surgir cuando se abre la puerta de una causa sustentada en una denuncia de ese tipo. En los tribunales se sabe que esa vil argucia esconde muchas veces una investigación realizada fuera del radar judicial y cuyos resultados se busca filtrar luego en expedientes para darle una burda pincelada de legalidad. Se trata de un viejo y sucio truco.
En este caso, derivó en una contradenuncia efectuada por el Ministerio de Seguridad Nacional por actos de espionaje ilegales que habrían sufrido Bondarenko y los 24 oficiales sancionados al registrarse un interceptado intercambio de mensajes de esos policías en un grupo creado en WhatsApp. El anónimo que impulsa la investigación no recrea la forma en que se consiguieron esos mensajes.
Es válido recordar que el artículo 18 de la Constitución nacional garantiza la inviolabilidad de la correspondencia. El fiscal Garganta no consideró que lo expuesto en la denuncia gubernamental configurase el delito reclamado por Kicillof y sus funcionarios. La síntesis de la posición judicial es clara: no hay complot.
La fiscalía apartó esa línea de investigación por falta de sustento y por la sospecha de que la hipótesis que dio origen al caso se generó con una primera medida alejada de la legalidad. Una prueba inicial de esas características desmorona cualquier investigación.
El fiscal incorporó al expediente sobre Bondarenko y los 24 oficiales la denuncia realizada por el equipo de Patricia Bullrich, que apunta a conocer a los responsables de “espionaje ilegal, persecución ideológica, discriminación y abuso de autoridad”, apuntándose en ese aspecto a los funcionarios políticos de la provincia de Buenos Aires.
Desviar la atención de los principales problemas que padecen los bonaerenses es la “mejor” estrategia de campaña que parece haber encontrado Kicillof ante la falta de acciones de su estrepitoso gobierno.
El gobierno bonaerense recurrió a una infundada denuncia sobre un supuesto complot policial para atacar a sus principales adversarios políticos Read More