La falta de mantenimiento de los caminos rurales se volvió insostenible en varias zonas productivas de la provincia de Buenos Aires, donde más allá de la salida de la cosecha y el traslado de la hacienda a los mercados, también impacta la cotidianidad de la gente. La falta de respuestas por parte de los intendentes de partidos como Azul y Bolívar llevó a muchos productores a dejar de pagar la tasa vial ante la caída de la contraprestación del servicio. Esta situación comenzó a generar en algunos puntos una escalada de tensión con los productores, que ahora enfrentan embargos, juicios y un creciente desarraigo. Las escuelas rurales cerradas, familias desplazadas y caminos intransitables completan el panorama de un conflicto que trasciende lo económico y pone en jaque la continuidad de la vida rural.
“Acá se hacen bien las cosas”: son hermanos, transformaron un campo y venden créditos de soja
“No se puede sacar el ganado, no se ha cosechado todavía la soja, ni el maíz, y lo más grave es que se termina la cultura y tradición del campo: 420 chicos no tienen escuela. En mayo-junio empezaron las clases, pero muchos no las comenzaron porque no pueden llegar, y a los otros, nosotros los llevamos al colegio. Hay chicos que no tienen posibilidad de tener internet para tener clases virtuales. Ni en la pandemia vivimos una situación como esta”, planteó Cristina Boubee, productora agropecuaria de la zona.
Dice que sin la producción agropecuaria que de alguna manera ayuda a algunos chicos a acceder, resulta imposible. “El Municipio está cobrando, y hoy los productores tratando de llevarlo a juicio porque no tenemos una contraprestación de servicio. Así como eso hay 20 caminos que los están arreglando los dueños de los campos. Lo insólito es que esto es un tema de todos porque nos tenemos que unir para sacar adelante los campos. Hemos ido a la Defensoría del Pueblo para tener un panorama más claro, pero la mayoría están pensando en las elecciones”, afirmó.
Boubee, además, se dedica también a las tareas sociales en la región. El año pasado hizo la entrega de 15.000 litros de leche. “Estoy dedicándome a entregar papas que quedan en los campos, los repartimos en 25 barrios, porque hay gente que se desespera por esa papa. Hay una necesidad enorme”, relata. Para hacer estas tareas, además, tiene que circular por esos caminos sin mantenimiento.
“Este año no comenzaron las clases, vivimos en un mundo que no existe. Hoy corremos el riesgo de morir en cualquier lado. Subieron 270% las tasas de los impuestos el año pasado, después vinieron las tasas esenciales que fue un litro de gasoil por hectárea. Los que hicimos juicio resolvimos un 50% de esa tasa esencial, porque el Municipio, además, puso impuestos a los combustibles. Todo esto para mejorar la vida rural y no mejoró”, denunció.
A partir de todos estos aumentos, hubo productores que decidieron no pagar la tasa, dado que tampoco tienen una contraprestación del servicio. Ante esto, dijo, los productores de Azul podrían ser embargados, tal como sucedió en Bolívar. “Eso va a reavivar la bronca de los productores, porque están adormecidos. Yo no puedo esperar, para mí es hoy. Hay juicios que se ganaron, como en Daireaux. Seguimos poniendo amparos judiciales, pero la justicia está muy quieta”, afirmó.
Este año, sacar la cosecha gruesa le tomó a Boubee tres meses, a pesar de estar en una de las mejores zonas de Azul. Antes, esa misma tarea le tomaba un mes. “Este año se nos encajaban los camiones y había que ir con una máquina para poder sacarlos”, relatan. En el camino a Tandil viejo, hay al menos 38 pasos intransitables. La situación refleja una dejadez total, un abandono que afecta directamente a quienes viven y trabajan en la zona. Ahora, con el frío, nadie sale, pero el problema no es el clima: los caminos son intransitables.
“Me encantaría sentar a cualquier intendente de Axel Kicillof para que vea el estado de los caminos”, lamentó. “El gobernador apenas intentó trabajar en un 20% de la Ruta 80, donde hoy están todos los pozos posibles”, dijo. No obstante, la productora dice que hoy se siguen cobrando guías y la tasa vial, pero ese dinero no se destina al mantenimiento vial. “¿Qué más falta? ¿Que directamente nos roben los campos?”, se preguntó Boubee. La situación se va agravando en diferentes zonas: en Cacharí y Parish, por caso, no pueden sacar los animales.
En Bolívar, la semana pasada comenzaron a llegar embargos a los productores. Eliel Nabaes, presidente de la Federación Agraria local, dijo a LA NACION que en los últimos días el gobierno municipal mandó a embargar a productores por la falta de pagos de la tasa vial. Los representantes de Federación Agraria, la Sociedad Rural y Carbap intentaron reunirse con el intendente Marcos Pisano, pero no los recibió. No obstante, el día siguiente llegó un comunicado en el que se decía que solo se lleva cobrado el 55% de la tasa vial y que por la baja cobrabilidad de la tasa no se puede prestar el servicio. La cobrabilidad histórica es de un 85%. Hasta ahora llegaron embargos a 13 productores.
Existe una ordenanza municipal que establece que, si se recauda el 100% de la tasa, al menos el 80% debe destinarse a caminos rurales. Actualmente, según denunciaron, apenas se aplica un 40%, y eso cuando se realiza alguna intervención. “La contraprestación no vuelve. Lo que más duele es que esta gente está dejando de vivir en el campo”, lamentó Nabaes y agregó que la discusión se desvirtúa si todo se reduce a si pagaste o no pagaste. “El problema es que nos estamos quedando sin población rural. La vida en el campo está en peligro”, afirmó.
En el comunicado, el municipio también señaló que el presidente de la Sociedad Rural local, José Gabriel Erreka, mantiene una deuda de 13 millones de pesos por tasa vial. Los productores interpretaron que la difusión de ese dato buscaba desviar el eje del reclamo colectivo hacia una situación personal. “Hay caminos que llevan más de un año sin mantenimiento. Las inundaciones agravaron el estado de la red vial, dejando aún más expuesta una situación crítica que viene de larga data. El agua no hizo más que revelar el abandono previo. No hubo respuesta antes ni después del desastre”, sentenció. En total, de acuerdo con el municipio, la deuda de la tasa vial asciende a más de $ 3176 millones.
Nabaes subrayó que el problema no se limita a la salida de la producción: “Esto afecta la vida cotidiana. Hay escuelas rurales que están dejando de dar clases porque los caminos son intransitables. No es sólo producción, son familias que viven ahí, con pequeños productores que tienen sus animales y su forma de vida. Todo eso está en riesgo. Este reclamo viene desde hace muchísimos años, del sector agropecuario, principalmente, por la falta de mantenimiento de los caminos rurales”.
Dice que desde el municipio se ha subestimado el problema. “Nunca se atendió a los reclamos puntuales y a soluciones concretas. Todo el pueblo de Bolívar está en conocimiento del problema. Ya no es solamente un sector que reclama, sino que es gran parte de la ciudad”, dijo.
Según agregó, saben que la relación que tiene campo-ciudad es fundamental. “Acá en Bolívar, un pueblo chico, una ciudad chica, donde nos conocemos todos y la relación entre campo y ciudad es importantísima. Pero a su vez esto ha generado algo muy triste, que es que muchas escuelas rurales este año han dejado de dar clases por la falta de mantenimiento de los caminos y no poder llegar ni maestros ni chicos ni nadie a las escuelas. Eso hace que un montón de chicos hayan tenido que salir en busca de otro nuevo horizonte educativo y, atrás de eso, las familias que tienen que cambiar toda su vida para poder acompañar a sus hijos”, sentenció.
La falta de mantenimiento de los caminos rurales se volvió insostenible en varias zonas productivas de la provincia de Buenos Aires, donde más allá de la salida de la cosecha y el traslado de la hacienda a los mercados, también impacta la cotidianidad de la gente. La falta de respuestas por parte de los intendentes de partidos como Azul y Bolívar llevó a muchos productores a dejar de pagar la tasa vial ante la caída de la contraprestación del servicio. Esta situación comenzó a generar en algunos puntos una escalada de tensión con los productores, que ahora enfrentan embargos, juicios y un creciente desarraigo. Las escuelas rurales cerradas, familias desplazadas y caminos intransitables completan el panorama de un conflicto que trasciende lo económico y pone en jaque la continuidad de la vida rural.
“Acá se hacen bien las cosas”: son hermanos, transformaron un campo y venden créditos de soja
“No se puede sacar el ganado, no se ha cosechado todavía la soja, ni el maíz, y lo más grave es que se termina la cultura y tradición del campo: 420 chicos no tienen escuela. En mayo-junio empezaron las clases, pero muchos no las comenzaron porque no pueden llegar, y a los otros, nosotros los llevamos al colegio. Hay chicos que no tienen posibilidad de tener internet para tener clases virtuales. Ni en la pandemia vivimos una situación como esta”, planteó Cristina Boubee, productora agropecuaria de la zona.
Dice que sin la producción agropecuaria que de alguna manera ayuda a algunos chicos a acceder, resulta imposible. “El Municipio está cobrando, y hoy los productores tratando de llevarlo a juicio porque no tenemos una contraprestación de servicio. Así como eso hay 20 caminos que los están arreglando los dueños de los campos. Lo insólito es que esto es un tema de todos porque nos tenemos que unir para sacar adelante los campos. Hemos ido a la Defensoría del Pueblo para tener un panorama más claro, pero la mayoría están pensando en las elecciones”, afirmó.
Boubee, además, se dedica también a las tareas sociales en la región. El año pasado hizo la entrega de 15.000 litros de leche. “Estoy dedicándome a entregar papas que quedan en los campos, los repartimos en 25 barrios, porque hay gente que se desespera por esa papa. Hay una necesidad enorme”, relata. Para hacer estas tareas, además, tiene que circular por esos caminos sin mantenimiento.
“Este año no comenzaron las clases, vivimos en un mundo que no existe. Hoy corremos el riesgo de morir en cualquier lado. Subieron 270% las tasas de los impuestos el año pasado, después vinieron las tasas esenciales que fue un litro de gasoil por hectárea. Los que hicimos juicio resolvimos un 50% de esa tasa esencial, porque el Municipio, además, puso impuestos a los combustibles. Todo esto para mejorar la vida rural y no mejoró”, denunció.
A partir de todos estos aumentos, hubo productores que decidieron no pagar la tasa, dado que tampoco tienen una contraprestación del servicio. Ante esto, dijo, los productores de Azul podrían ser embargados, tal como sucedió en Bolívar. “Eso va a reavivar la bronca de los productores, porque están adormecidos. Yo no puedo esperar, para mí es hoy. Hay juicios que se ganaron, como en Daireaux. Seguimos poniendo amparos judiciales, pero la justicia está muy quieta”, afirmó.
Este año, sacar la cosecha gruesa le tomó a Boubee tres meses, a pesar de estar en una de las mejores zonas de Azul. Antes, esa misma tarea le tomaba un mes. “Este año se nos encajaban los camiones y había que ir con una máquina para poder sacarlos”, relatan. En el camino a Tandil viejo, hay al menos 38 pasos intransitables. La situación refleja una dejadez total, un abandono que afecta directamente a quienes viven y trabajan en la zona. Ahora, con el frío, nadie sale, pero el problema no es el clima: los caminos son intransitables.
“Me encantaría sentar a cualquier intendente de Axel Kicillof para que vea el estado de los caminos”, lamentó. “El gobernador apenas intentó trabajar en un 20% de la Ruta 80, donde hoy están todos los pozos posibles”, dijo. No obstante, la productora dice que hoy se siguen cobrando guías y la tasa vial, pero ese dinero no se destina al mantenimiento vial. “¿Qué más falta? ¿Que directamente nos roben los campos?”, se preguntó Boubee. La situación se va agravando en diferentes zonas: en Cacharí y Parish, por caso, no pueden sacar los animales.
En Bolívar, la semana pasada comenzaron a llegar embargos a los productores. Eliel Nabaes, presidente de la Federación Agraria local, dijo a LA NACION que en los últimos días el gobierno municipal mandó a embargar a productores por la falta de pagos de la tasa vial. Los representantes de Federación Agraria, la Sociedad Rural y Carbap intentaron reunirse con el intendente Marcos Pisano, pero no los recibió. No obstante, el día siguiente llegó un comunicado en el que se decía que solo se lleva cobrado el 55% de la tasa vial y que por la baja cobrabilidad de la tasa no se puede prestar el servicio. La cobrabilidad histórica es de un 85%. Hasta ahora llegaron embargos a 13 productores.
Existe una ordenanza municipal que establece que, si se recauda el 100% de la tasa, al menos el 80% debe destinarse a caminos rurales. Actualmente, según denunciaron, apenas se aplica un 40%, y eso cuando se realiza alguna intervención. “La contraprestación no vuelve. Lo que más duele es que esta gente está dejando de vivir en el campo”, lamentó Nabaes y agregó que la discusión se desvirtúa si todo se reduce a si pagaste o no pagaste. “El problema es que nos estamos quedando sin población rural. La vida en el campo está en peligro”, afirmó.
En el comunicado, el municipio también señaló que el presidente de la Sociedad Rural local, José Gabriel Erreka, mantiene una deuda de 13 millones de pesos por tasa vial. Los productores interpretaron que la difusión de ese dato buscaba desviar el eje del reclamo colectivo hacia una situación personal. “Hay caminos que llevan más de un año sin mantenimiento. Las inundaciones agravaron el estado de la red vial, dejando aún más expuesta una situación crítica que viene de larga data. El agua no hizo más que revelar el abandono previo. No hubo respuesta antes ni después del desastre”, sentenció. En total, de acuerdo con el municipio, la deuda de la tasa vial asciende a más de $ 3176 millones.
Nabaes subrayó que el problema no se limita a la salida de la producción: “Esto afecta la vida cotidiana. Hay escuelas rurales que están dejando de dar clases porque los caminos son intransitables. No es sólo producción, son familias que viven ahí, con pequeños productores que tienen sus animales y su forma de vida. Todo eso está en riesgo. Este reclamo viene desde hace muchísimos años, del sector agropecuario, principalmente, por la falta de mantenimiento de los caminos rurales”.
Dice que desde el municipio se ha subestimado el problema. “Nunca se atendió a los reclamos puntuales y a soluciones concretas. Todo el pueblo de Bolívar está en conocimiento del problema. Ya no es solamente un sector que reclama, sino que es gran parte de la ciudad”, dijo.
Según agregó, saben que la relación que tiene campo-ciudad es fundamental. “Acá en Bolívar, un pueblo chico, una ciudad chica, donde nos conocemos todos y la relación entre campo y ciudad es importantísima. Pero a su vez esto ha generado algo muy triste, que es que muchas escuelas rurales este año han dejado de dar clases por la falta de mantenimiento de los caminos y no poder llegar ni maestros ni chicos ni nadie a las escuelas. Eso hace que un montón de chicos hayan tenido que salir en busca de otro nuevo horizonte educativo y, atrás de eso, las familias que tienen que cambiar toda su vida para poder acompañar a sus hijos”, sentenció.
Advierten que no solo hay problemas con el traslado de la cosecha y el movimiento de la hacienda, sino con la vida cotidiana de la gente que vive en el campo; críticas a los gobiernos municipales Read More