Decía que tenía 14 o 15 años. Se expresaba con dulzura, como si estuviera descubriendo el amor por primera vez. Pero en realidad tenía 62. Lo que parecía una conversación inocente era, en realidad, parte de un plan meticuloso: un modus operandi para engañar a menores, generar confianza a través de las redes sociales y luego solicitarles imágenes y videos de contenido sexual.
Héctor Eduardo Soibelzon no es un nombre desconocido para la Justicia platense. En 2012 el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta de la UFI N°12 de la capital bonaerense había dictado su encarcelación por corrupción de menores y por haber cometido dos abusos sexuales con acceso carnal contra otros dos menores de edad. Aunque en noviembre de 2024 recuperó la libertad tras cumplir su condena, lejos de reinsertarse, volvió a delinquir.
Primero creaba perfiles falsos de adolescentes en redes sociales como Instagram, con los que buscaba captar la atención de menores. La mayoría de sus víctimas eran varones gays o personas LGTBQ+. Luego de entrar en confianza, trasladaba el vínculo a WhatsApp, donde profundizaba la manipulación. “Uno de los perfiles que utilizó para acosar fue creado en 2023, cuando todavía estaba detenido. Entablaba conversaciones amorosas. Todo se basaba en lo sentimental. Buscaba confundirlos”, explicó a LA NACION la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI Nº 15, y responsable de la investigación junto al Juez Guillermo Atencio, titular del Juzgado de Garantías N°1.
La denuncia fue impulsada por Miguel Oscar Berri, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), luego de recibir un mensaje anónimo de una alumna. En él, se alertaba sobre un perfil falso que acosaba a estudiantes por redes sociales. Al rastrear el número de teléfono vinculado a la cuenta de Instagram, el decano advirtió que coincidía con el celular de un alumno de la carrera, el mismo que usaba en grupos de WhatsApp con docentes y compañeros. Frente a dicho escenario, decidió formalizar la denuncia.
El viernes pasado, el allanamiento lo dejó al descubierto. “Estaba chateando con un menor cuando entraron a la casa”, confirmó a LA NACION la fiscal Corfield. Al revisar sus dispositivos, efectivos de la policía bonaerense accedieron a su cuenta de WhatsApp Web desde una de las computadoras. La escena fue impactante: había más de 37 conversaciones activas con menores de edad, tanto de Argentina como del exterior.
Los agentes de la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen del área de Delitos Complejos de la bonaerense incautaron dos computadoras, dos teléfonos celulares y un frasco de vaselina. Nada era producto del azar. Todo estaba conectado y daba indicios sobre conductas por la que ya había sido previamente condenado.
“Estamos investigando. Los dispositivos se abrieron hoy a la mañana. Salió con condena cumplida y los organismos de justicia solo tienen injerencia en aquellos casos donde hay libertad anticipada o libertad condicional. Si no estarían excediendo el límite de la pena”, sostuvo en diálogo con LA NACION la fiscal Corfield, quien busca esclarecer el alcance de los delitos cometidos y contactar al resto de las víctimas afectadas.
Desde el viernes, el acusado permanece detenido por el delito de grooming y, hasta el momento, se negó a declarar ante la Justicia. Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, en las próximas dos semanas las autoridades a cargo de la investigación pedirán la prisión preventiva y se anticipa que la imputación será ampliada.
La causa ya contabiliza más de 37 víctimas, y cada caso representa un hecho independiente de acoso a menores a través de redes sociales.
“Llamo a la reflexión a padres, madres y docentes para que a través del diálogo los chicos sepan cómo protegerse y detectar posibles escenarios de abuso. Los menores son víctimas en todo sentido. No tienen ningún grado de responsabilidad, pero necesitan acompañamiento de los adultos”, comentó la fiscal a LA NACION.
Decía que tenía 14 o 15 años. Se expresaba con dulzura, como si estuviera descubriendo el amor por primera vez. Pero en realidad tenía 62. Lo que parecía una conversación inocente era, en realidad, parte de un plan meticuloso: un modus operandi para engañar a menores, generar confianza a través de las redes sociales y luego solicitarles imágenes y videos de contenido sexual.
Héctor Eduardo Soibelzon no es un nombre desconocido para la Justicia platense. En 2012 el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta de la UFI N°12 de la capital bonaerense había dictado su encarcelación por corrupción de menores y por haber cometido dos abusos sexuales con acceso carnal contra otros dos menores de edad. Aunque en noviembre de 2024 recuperó la libertad tras cumplir su condena, lejos de reinsertarse, volvió a delinquir.
Primero creaba perfiles falsos de adolescentes en redes sociales como Instagram, con los que buscaba captar la atención de menores. La mayoría de sus víctimas eran varones gays o personas LGTBQ+. Luego de entrar en confianza, trasladaba el vínculo a WhatsApp, donde profundizaba la manipulación. “Uno de los perfiles que utilizó para acosar fue creado en 2023, cuando todavía estaba detenido. Entablaba conversaciones amorosas. Todo se basaba en lo sentimental. Buscaba confundirlos”, explicó a LA NACION la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI Nº 15, y responsable de la investigación junto al Juez Guillermo Atencio, titular del Juzgado de Garantías N°1.
La denuncia fue impulsada por Miguel Oscar Berri, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), luego de recibir un mensaje anónimo de una alumna. En él, se alertaba sobre un perfil falso que acosaba a estudiantes por redes sociales. Al rastrear el número de teléfono vinculado a la cuenta de Instagram, el decano advirtió que coincidía con el celular de un alumno de la carrera, el mismo que usaba en grupos de WhatsApp con docentes y compañeros. Frente a dicho escenario, decidió formalizar la denuncia.
El viernes pasado, el allanamiento lo dejó al descubierto. “Estaba chateando con un menor cuando entraron a la casa”, confirmó a LA NACION la fiscal Corfield. Al revisar sus dispositivos, efectivos de la policía bonaerense accedieron a su cuenta de WhatsApp Web desde una de las computadoras. La escena fue impactante: había más de 37 conversaciones activas con menores de edad, tanto de Argentina como del exterior.
Los agentes de la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen del área de Delitos Complejos de la bonaerense incautaron dos computadoras, dos teléfonos celulares y un frasco de vaselina. Nada era producto del azar. Todo estaba conectado y daba indicios sobre conductas por la que ya había sido previamente condenado.
“Estamos investigando. Los dispositivos se abrieron hoy a la mañana. Salió con condena cumplida y los organismos de justicia solo tienen injerencia en aquellos casos donde hay libertad anticipada o libertad condicional. Si no estarían excediendo el límite de la pena”, sostuvo en diálogo con LA NACION la fiscal Corfield, quien busca esclarecer el alcance de los delitos cometidos y contactar al resto de las víctimas afectadas.
Desde el viernes, el acusado permanece detenido por el delito de grooming y, hasta el momento, se negó a declarar ante la Justicia. Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, en las próximas dos semanas las autoridades a cargo de la investigación pedirán la prisión preventiva y se anticipa que la imputación será ampliada.
La causa ya contabiliza más de 37 víctimas, y cada caso representa un hecho independiente de acoso a menores a través de redes sociales.
“Llamo a la reflexión a padres, madres y docentes para que a través del diálogo los chicos sepan cómo protegerse y detectar posibles escenarios de abuso. Los menores son víctimas en todo sentido. No tienen ningún grado de responsabilidad, pero necesitan acompañamiento de los adultos”, comentó la fiscal a LA NACION.
Había estado preso hasta diciembre del año pasado por abuso sexual en 2012 y actualmente está imputado por el delito de grooming Read More