El gobierno argentino presentó esta noche un escrito ante la jueza de Nueva York Loretta Preska en el que pide la suspensión de la decisión que tomó este lunes sobre YPF hasta que la Cámara revisora se expida sobre la cuestión de fondo. “Se pide que suspenda su decisión, hasta tanto se revise su decisión”, indicaron a LA NACION altas fuentes con acceso al expediente.
En paralelo, el Gobierno ya diseña la apelación sobre la cuestión de fondo que presentará, todo indica, antes de mediados de mes.
El pedido de suspensión es el primer paso del Estado argentino en el caso, luego de que este lunes Preska ordenara al país que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera, Burford y Eton Park.
La jueza estableció esta forma de pago por la sentencia en contra del país en primera instancia, de US$16.100 millones más intereses, que se determinó en 2023.
En su escrito de cuatro páginas, la defensa argentina, según detallaron fuentes con acceso al caso a LA NACION, se argumenta que Preska se excedió en su jurisdicción y que no hay posibilidad material de expropiar las acciones.
“Preska está invadiendo una jurisdicción. No puede ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”, graficaron. Además, cualquier decisión vinculada a la expropiación de la petrolera deberá pasar por el Congreso de la Nación y obtener una aprobación con dos tercios de los votos.
Para la Argentina, avanzar con la decisión de Preka podría traer “consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo”.
“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, fue una de las frases citadas por los abogados en el escrito al señalar que, si los fondos que reclaman tomaran control del paquete accionario de la petrolera y eventualmente decidieran venderlo, algo que ya solicitaron en sus presentaciones judiciales, el daño causado a la Argentina sería irreparable, incluso si ganara la apelación por la cuestión de fondo.
En la Casa Rosada se desarrollaron a lo largo de este martes varios encuentros por el tema. Desde temprano ratificaron también la decisión de apelar el fallo de la jueza de Nueva York, como anticipó este lunes el presidente Javier Milei. Eso se hará, sobre la cuestión de fondo, dentro de los próximos quince días.
Consultados por este diario por los argumentos que se utilizarán para buscar rebatir la decisión, fuentes del palacio de gobierno aseguraron que estaban siendo estudiados en estos momentos.
Por lo pronto, cerca del Presidente consideran el fallo de Preska como de “imposible cumplimiento”.
En la sede de Gobierno también negaron con contundencia que hubiera contactos con los bonistas, en tanto estos aseguran que sí los hay.
A nivel técnico en el país, el caso es llevado por Juan Ignacio Stampalija, segundo de Santiago Castro Videla en la Procuración Tesoro Nacional (PTN). Castro Videla, que asumió a comienzos de este año la jefatura de abogados del Estado en reemplazo de Rodolfo Barra, está excusado para participar en el caso porque su exsocio Alberto Bianchi fue testigo experto en el caso y en contra del Estado argentino en este litigio.
Stampalija tiene un plus que por estas horas resaltaban en el Gobierno: es orientador en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales. Abogado por la Universidad Austral, Stampalija tiene un Magíster en Derecho por la Universidad de Hong Kong y otro en estudios legales internacionales por la de Nueva York.
En tanto que en los tribunales de Nueva York seguirá interviniendo el estudio el buffet Sullivan & Cromwell LLP, que viene llevando la representación del país desde que comenzó el conflicto.
En línea con el descargo que ayer hizo Milei en redes, en los que apuntó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ministro de Economía de Cristina Kirchner, al momento de la expropiación de la compañía, en Casa Rosada se lamentaban hoy por el “impacto negativo” y la “falta de credibilidad que genera lo que pasó”. En ese sentido agregaban: “Es parte de la herencia recibida”, decían.
“Es un peso más para los esfuerzos que tiene que hacer el país. Un elemento más de la herencia recibida”, dijo una de las fuentes consultadas.
El gobierno argentino presentó esta noche un escrito ante la jueza de Nueva York Loretta Preska en el que pide la suspensión de la decisión que tomó este lunes sobre YPF hasta que la Cámara revisora se expida sobre la cuestión de fondo. “Se pide que suspenda su decisión, hasta tanto se revise su decisión”, indicaron a LA NACION altas fuentes con acceso al expediente.
En paralelo, el Gobierno ya diseña la apelación sobre la cuestión de fondo que presentará, todo indica, antes de mediados de mes.
El pedido de suspensión es el primer paso del Estado argentino en el caso, luego de que este lunes Preska ordenara al país que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera, Burford y Eton Park.
La jueza estableció esta forma de pago por la sentencia en contra del país en primera instancia, de US$16.100 millones más intereses, que se determinó en 2023.
En su escrito de cuatro páginas, la defensa argentina, según detallaron fuentes con acceso al caso a LA NACION, se argumenta que Preska se excedió en su jurisdicción y que no hay posibilidad material de expropiar las acciones.
“Preska está invadiendo una jurisdicción. No puede ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”, graficaron. Además, cualquier decisión vinculada a la expropiación de la petrolera deberá pasar por el Congreso de la Nación y obtener una aprobación con dos tercios de los votos.
Para la Argentina, avanzar con la decisión de Preka podría traer “consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo”.
“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, fue una de las frases citadas por los abogados en el escrito al señalar que, si los fondos que reclaman tomaran control del paquete accionario de la petrolera y eventualmente decidieran venderlo, algo que ya solicitaron en sus presentaciones judiciales, el daño causado a la Argentina sería irreparable, incluso si ganara la apelación por la cuestión de fondo.
En la Casa Rosada se desarrollaron a lo largo de este martes varios encuentros por el tema. Desde temprano ratificaron también la decisión de apelar el fallo de la jueza de Nueva York, como anticipó este lunes el presidente Javier Milei. Eso se hará, sobre la cuestión de fondo, dentro de los próximos quince días.
Consultados por este diario por los argumentos que se utilizarán para buscar rebatir la decisión, fuentes del palacio de gobierno aseguraron que estaban siendo estudiados en estos momentos.
Por lo pronto, cerca del Presidente consideran el fallo de Preska como de “imposible cumplimiento”.
En la sede de Gobierno también negaron con contundencia que hubiera contactos con los bonistas, en tanto estos aseguran que sí los hay.
A nivel técnico en el país, el caso es llevado por Juan Ignacio Stampalija, segundo de Santiago Castro Videla en la Procuración Tesoro Nacional (PTN). Castro Videla, que asumió a comienzos de este año la jefatura de abogados del Estado en reemplazo de Rodolfo Barra, está excusado para participar en el caso porque su exsocio Alberto Bianchi fue testigo experto en el caso y en contra del Estado argentino en este litigio.
Stampalija tiene un plus que por estas horas resaltaban en el Gobierno: es orientador en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales. Abogado por la Universidad Austral, Stampalija tiene un Magíster en Derecho por la Universidad de Hong Kong y otro en estudios legales internacionales por la de Nueva York.
En tanto que en los tribunales de Nueva York seguirá interviniendo el estudio el buffet Sullivan & Cromwell LLP, que viene llevando la representación del país desde que comenzó el conflicto.
En línea con el descargo que ayer hizo Milei en redes, en los que apuntó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ministro de Economía de Cristina Kirchner, al momento de la expropiación de la compañía, en Casa Rosada se lamentaban hoy por el “impacto negativo” y la “falta de credibilidad que genera lo que pasó”. En ese sentido agregaban: “Es parte de la herencia recibida”, decían.
“Es un peso más para los esfuerzos que tiene que hacer el país. Un elemento más de la herencia recibida”, dijo una de las fuentes consultadas.
Sostiene que cumplir la orden generaría un “daño irreparable” para el país; en paralelo, en la Casa Rosada trabajan en la apelación sobre la cuestión de fondo Read More