MAR DEL PLATA.- La Justicia hizo lugar a un recurso de hábeas corpus presentado por referentes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y fijó límites a la intervención del Cuerpo de Patrulla Municipal que, con amplia difusión en redes sociales, en especial, apoyado por el intendente Guillermo Montenegro, ha enfocado gran parte de su acción en la erradicación de “trapitos”, “cuidacoches” y personas en situación de calle que ocupan espacios públicos e incluso privados.
El juez de Garantías Juan Tapia ordenó que las autoridades del municipio de General Pueyrredón “omitan todo despliegue de operativos por parte del Cuerpo de Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle que impliquen violencia física o verbal, así como también la sustracción de documentos u objetos personales, ello en resguardo del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la dignidad del colectivo vulnerable que ha sido objeto de la presente acción”.
El reclamo, que ingresó en los tribunales marplatenses en febrero pasado, llegó luego de la difusión pública de la labor que esta fuerza dependiente de la comuna realizaba en la vía pública. En videos, incluso publicados por cuentas oficiales del municipio y del propio intendente, Guillermo Montenegro, se mostraba cómo se los retiraba a cuidacoches, limpiavidrios en esquinas de los lugares donde ejercían una actividad que aquí está prohibida por ordenanza.
La acción de reclamo la encabezaron el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos en carácter de presidentes de la CPM. Montenegro ha sido muy crítico de ese organismo y lo relacionó con acciones que con intenciones políticas buscarían generar complicaciones en el distrito que le toca gobernar desde 2019.
“Defendemos al marplatense, al que labura, y no defendemos chorros”, dijo tras su paso por tribunales en abril, convocado por el juez Tapia.
La Patrulla Municipal se fortaleció durante la actual gestión, depende de la Secretaría de Seguridad municipal y desde comienzos de este año sumó la disponibilidad de armas no letales, alternativa a la que accedieron por impulso del Poder Ejecutivo municipal con aval del Concejo Deliberante. Hasta el momento no se ha conocido que hayan debido hacer uso de ese recurso en acciones de defensa o frente a casos de delitos o contravenciones en las que les han tocado intervenir.
A este cuerpo no solo se lo ha visto con despliegue en espacios públicos, sino también despejando propiedad privada que habían sido ocupadas por personas en situación de calle. En especial, los accesos cubiertos a entidades bancarias, que permanecen abiertos durante las noches para la operatoria con cajeros automáticos, donde suelen quedarse a dormir sobre cartones, cubiertos con frazadas, personas que no tienen hogar.
Otro tanto han hecho con construcciones, viviendas o terrenos que suelen convertirse en refugios para los sin-techo. Los agentes de la Patrulla obligan a retirarse del lugar a los ocupantes y descartan todo elemento del cual disponían, en particular colchones, frazadas y otras pertenencias. Estos despliegues son expuestos en redes sociales por la propia comuna con un mensaje que los justifica y ratifica.
La resolución de Tapia destaca que relatos aportados por la CPM y otros recibidos por el Ministerio Público Fiscal “son coincidentes en exponer situaciones de violencia física y psicológica, sustracción de pertenencias, y falta de identificación de quienes realizan los operativos”.
Desde el organismo provincial remarcan que tiene registrados casos de sustracción de teléfonos celulares, zapatillas y otros elementos, propiedad de los desalojados.
“De lo que se trata es de la realización de procedimientos respetuosos de la vida, la integridad física y la dignidad de las personas respecto de las cuales se ejerce la respuesta estatal”, remarca la resolución.
Montenegro ha destacado en varias oportunidades que gracias a este tipo de operativos y a la identificación de quienes se mueven en las calles de la ciudad bajo actividades como la de “cuidacoches” o “trapitos” se ha logrado detectar a decenas de personas que tenían pedido de captura por distintos delitos; la mayoría, procedentes de otros distritos e instalados en la ciudad. “Mandan gente para que pululen por la calle y generen caos”, dijo el intendente en abril, al salir de tribunales, convocado por esta presentación de hábeas corpus.
El planteo judicial de la CPM también pedía que la Patrulla Municipal dejara de contar con la autorización para portar armas no letales. El magistrado no hizo lugar a ese reclamo, ya que no encontró constancias de su mala utilización o aplicación.
En las últimas horas Montenegro publicó otro duro tuit contra un hombre que cuidaba autos en el macrocentro y murió en el interior del garaje de una casa, donde una vecina le había ofrecido refugio y otros la ayudaban a diario para acercarle alimento, ropa e incluso permitirle acceso a su casa para que se duche.
“Se trataba de un delincuente con antecedentes”, aseguró el intendente y enumeró los reclamos que tanto en el servicio 911 como en una línea municipal habían recibido por las acciones de esta persona.
Esta publicación llegó en respuesta a sectores que acusaban al municipio de ser responsable de esta muerte, relacionándola con la de una persona en situación de calle, sin atención social de la comuna y apuntando como máximo responsable al jefe de gobierno local.
“Usaron la muerte para montar una operación política, disfrazándola de una supuesta víctima del frío y de un Estado ausente. Pobres ratas, ¿cómo caminarán hoy por la calle después de todo lo que acusaron? Pero como no paran de mentir”, denunció Montenegro.
MAR DEL PLATA.- La Justicia hizo lugar a un recurso de hábeas corpus presentado por referentes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y fijó límites a la intervención del Cuerpo de Patrulla Municipal que, con amplia difusión en redes sociales, en especial, apoyado por el intendente Guillermo Montenegro, ha enfocado gran parte de su acción en la erradicación de “trapitos”, “cuidacoches” y personas en situación de calle que ocupan espacios públicos e incluso privados.
El juez de Garantías Juan Tapia ordenó que las autoridades del municipio de General Pueyrredón “omitan todo despliegue de operativos por parte del Cuerpo de Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle que impliquen violencia física o verbal, así como también la sustracción de documentos u objetos personales, ello en resguardo del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la dignidad del colectivo vulnerable que ha sido objeto de la presente acción”.
El reclamo, que ingresó en los tribunales marplatenses en febrero pasado, llegó luego de la difusión pública de la labor que esta fuerza dependiente de la comuna realizaba en la vía pública. En videos, incluso publicados por cuentas oficiales del municipio y del propio intendente, Guillermo Montenegro, se mostraba cómo se los retiraba a cuidacoches, limpiavidrios en esquinas de los lugares donde ejercían una actividad que aquí está prohibida por ordenanza.
La acción de reclamo la encabezaron el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos en carácter de presidentes de la CPM. Montenegro ha sido muy crítico de ese organismo y lo relacionó con acciones que con intenciones políticas buscarían generar complicaciones en el distrito que le toca gobernar desde 2019.
“Defendemos al marplatense, al que labura, y no defendemos chorros”, dijo tras su paso por tribunales en abril, convocado por el juez Tapia.
La Patrulla Municipal se fortaleció durante la actual gestión, depende de la Secretaría de Seguridad municipal y desde comienzos de este año sumó la disponibilidad de armas no letales, alternativa a la que accedieron por impulso del Poder Ejecutivo municipal con aval del Concejo Deliberante. Hasta el momento no se ha conocido que hayan debido hacer uso de ese recurso en acciones de defensa o frente a casos de delitos o contravenciones en las que les han tocado intervenir.
A este cuerpo no solo se lo ha visto con despliegue en espacios públicos, sino también despejando propiedad privada que habían sido ocupadas por personas en situación de calle. En especial, los accesos cubiertos a entidades bancarias, que permanecen abiertos durante las noches para la operatoria con cajeros automáticos, donde suelen quedarse a dormir sobre cartones, cubiertos con frazadas, personas que no tienen hogar.
Otro tanto han hecho con construcciones, viviendas o terrenos que suelen convertirse en refugios para los sin-techo. Los agentes de la Patrulla obligan a retirarse del lugar a los ocupantes y descartan todo elemento del cual disponían, en particular colchones, frazadas y otras pertenencias. Estos despliegues son expuestos en redes sociales por la propia comuna con un mensaje que los justifica y ratifica.
La resolución de Tapia destaca que relatos aportados por la CPM y otros recibidos por el Ministerio Público Fiscal “son coincidentes en exponer situaciones de violencia física y psicológica, sustracción de pertenencias, y falta de identificación de quienes realizan los operativos”.
Desde el organismo provincial remarcan que tiene registrados casos de sustracción de teléfonos celulares, zapatillas y otros elementos, propiedad de los desalojados.
“De lo que se trata es de la realización de procedimientos respetuosos de la vida, la integridad física y la dignidad de las personas respecto de las cuales se ejerce la respuesta estatal”, remarca la resolución.
Montenegro ha destacado en varias oportunidades que gracias a este tipo de operativos y a la identificación de quienes se mueven en las calles de la ciudad bajo actividades como la de “cuidacoches” o “trapitos” se ha logrado detectar a decenas de personas que tenían pedido de captura por distintos delitos; la mayoría, procedentes de otros distritos e instalados en la ciudad. “Mandan gente para que pululen por la calle y generen caos”, dijo el intendente en abril, al salir de tribunales, convocado por esta presentación de hábeas corpus.
El planteo judicial de la CPM también pedía que la Patrulla Municipal dejara de contar con la autorización para portar armas no letales. El magistrado no hizo lugar a ese reclamo, ya que no encontró constancias de su mala utilización o aplicación.
En las últimas horas Montenegro publicó otro duro tuit contra un hombre que cuidaba autos en el macrocentro y murió en el interior del garaje de una casa, donde una vecina le había ofrecido refugio y otros la ayudaban a diario para acercarle alimento, ropa e incluso permitirle acceso a su casa para que se duche.
“Se trataba de un delincuente con antecedentes”, aseguró el intendente y enumeró los reclamos que tanto en el servicio 911 como en una línea municipal habían recibido por las acciones de esta persona.
Esta publicación llegó en respuesta a sectores que acusaban al municipio de ser responsable de esta muerte, relacionándola con la de una persona en situación de calle, sin atención social de la comuna y apuntando como máximo responsable al jefe de gobierno local.
“Usaron la muerte para montar una operación política, disfrazándola de una supuesta víctima del frío y de un Estado ausente. Pobres ratas, ¿cómo caminarán hoy por la calle después de todo lo que acusaron? Pero como no paran de mentir”, denunció Montenegro.
Deben evitar la violencia física y verbal y la sustracción de documentos y objetos personales cuando desalojan a quienes viven o trabajan en la calle Read More