Lo que sucedía dentro de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, apuntados por las muertes de fentanilo contaminado, dependía de un esquema de protección exterior. Los hermanos García, dueños de los establecimientos, contaban con una red de contactos políticos y judiciales tan frondosos y aceitados que es difícil determinar el papel de cada eslabón. Unos ayudaban a evitar inspecciones, otros frenaban los cierres de las empresas y había también quienes conseguían contratos con el Estado. Así operaron en las sombras durante años. La investigación judicial ahora también apunta a desvíos de drogas al mercado ilegal.
Ariel García tejió su telaraña de contactos muchas veces a través de conocidos. Un amigo al que le pide que le presente a otro. También a través de promesas a políticos, como la de instalar plantas farmacéuticas en Catamarca, o tendidos eléctricos con los cables de su empresa Epuyén en Chubut. Con esos proyectos entró en contacto con el gobernador Ignacio Torres, a través de su abogado, Gastón Marano, quien voló en su avión privado, o con el catamarqueño Raúl Jalil, a quien conoció a través de su hermano, Andrés Jalil, uno de los grandes patrones de la medicina en la provincia norteña.
García invitaba a visitar el laboratorio a políticos. Por allí han pasado desde Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita, hasta el propio Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y hermano del juez que entiende en la causa, Ernesto Kreplak. El ministro estuvo, por última vez, en diciembre.
Sin embargo, una de las visitas frecuentes a HLB Pharma era Freddy Lijo, hermano de otro juez, Ariel Lijo. El operador solía ir al laboratorio de San Isidro a buscar ampollas de fentanilo para sus caballos. Conoció a los García a través de su compartida afición por la equitación, devenida en negocio.
Ambos tienen studs de caballos de carrera, y suelen cruzarse en el Hipódromo de San Isidro, en donde García le ha prestado, en ocasiones, instalaciones para sus animales. Luego de las visitas, donde incluso se llegaron a hacer medicamentos gratuitos para los visitantes, García y Lijo almorzaban en un conocido restaurante: 1000 Rosa Negra, en la Avenida de la Unidad Nacional, con vista privilegiada al Jockey Club San Isidro.
Uno de los emisarios que golpeaban puertas en nombre de Alfarma, HLB y Laboratorios Ramallo, las tres principales empresas de salud del García Furfaro, era José María Olazagasti. El hombre fue un verdadero paladar negro del despacho de Julio De Vido en sus 12 años como ministro kirchnerista, tiempo en el que se desempeñó como secretario privado. “El Vasco”, como le dicen, fue un ladero fiel del jefe de la cartera de Planificación Federal y se encargó de varios negocios, entre ellos, la relación con la Venezuela de Hugo Chávez, tarea que compartía con Claudio Uberti.
Dos fuentes contaron a LA NACION que Olazagasti, procesado en el caso Cuadernos, se apersonaba en varios centros de salud pública, nacionales, provinciales o municipales, y pedía que le pasen los millonarios contratos de provisión de medicamentos que se canalizarían por la droguería del grupo, Alfarma. Luego, las negociaciones seguían en un domicilio de la calle Arias al 4100, en el barrio de Saavedra, un verdadero bunker donde ahora funciona un lujoso salón de belleza. Ese, además, es el domicilio de la Consultora C&O, una empresa cuyo socio es Nicolás Olazagasti (hermano de José María). Esa relación se habría enfriado en el último tiempo.
García también cultivaba vínculos en reuniones a su casa. Por allí pasaron desde el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que es vecino del empresario en el country San Diego, en Moreno, como Raquel Méndez, esposa del exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán y Daniel Mautone, uno de los pesos pesados del juego en la Argentina. Ella también trabajaba en Anmat, el organismo que debía controlar el fentanilo. A través de ese cargo viajó a Rusia en pandemia por la Sputnik V, al igual que HLB Pharma.
En 2020, dieron con el negocio de la venta al Estado. Le adquirieron a Carlos Tita, uno de los grandes proveedores de medicamentos en Santa Fe, la droguería Alfarma.
Esta empresa ya tenía el esquema de licitaciones públicas armado. Por lo tanto, si HLB y Ramallo le vendían a Alfarma, y Alfarma, a su vez, le vendía a las provincias y municipios, el circuito estaba armado. A veces se hacía con precios bajos para garantizarse la contratación del Estado y otras, como en el caso de Jose C. Paz, con sobreprecios, según la documentación revisada por LA NACION.
Las adquisiciones para el distrito de Mario Ishii las gestionaba Sebastián Nanini, un abogado, apoderado de la lista del intendente de José C. Paz, que apareció sorpresivamente como presunto comprador del laboratorio, tan solo semanas antes de que explote el caso de la contaminación.
A través de su influencia, Nanini gestionaba para los García vínculos con asociaciones ligadas a la Justicia. En mayo del año pasado, Nanini fue el coordinador de un seminario sobre Ciberdelito en Latinoamérica y Estados Unidos. Lo organizaban la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y The American University. Se hizo un viaje a Washington en donde estuvieron presentes García, Nanini, Marano y un listado de jueces y fiscales. Fueron: Javier López Biscayart (juez nacional en lo Penal Económico), Alfredo Gusman (camarista), Ricardo Mianovich (juez federal de Sáenz Peña), Alejandro Maraniello (juez civil), María Florencia Budiño (presidenta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires), Ulises Giménez (secretario Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires), Patricio Sabadini (fiscal en Chaco), Marcelo Martínez Burgos (fiscal de instrucción), Roberto Fernando Minguillón (juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal), Martín Poderti (juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar de Plata), Eduardo Bucca (senador provincial de Unión por la Patria) y Mario Kohan (presidente del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires). Los asistentes no necesariamente mantenían una relación personal con García, pero este tipo de eventos muestra el esfuerzo que realizaba el empresario y su gente para tender vínculos con el poder.
No es el único abogado con extraños vínculos alrededor de García. Actualmente, el representante en la causa por el fentanilo contaminado es Gastón Marano. Se trata de un exasesor de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y defensor de “la banda de los copitos”, acusados por el intento de homicidio a Cristina Kirchner. Marano también fue un nexo clave para las gestiones de los laboratorios en Anmat, el organismo cuya desidia -en el mejor de los casos-, habilitó la existencia de las fabricas durante años. Marano llegó a tener un contrato de locación de servicios en el organismo a raíz de su vínculo por HLB y Ramallo.
La familia García tiene muchas empresas y propiedades. Una de ellas es la casa donde vivió Diego Armando Maradona, en Villa Devoto. La adquirió por unos US$900.000 y fue noticia por abrirla al público para ver la final del mundo. También se la alquiló (a un valor simbólico, por lo que era mayormente un préstamo) a Roberto García Moritán durante su campaña a jefe de Gobierno porteño, en la que se presentó como parte del equipo a Fernando Burlando. Fuentes cercanas al excandidato dijeron que la idea era que, en una eventual gestión, convertirlo en patrimonio histórico. Sin embargo, según aseguran, Moritán nunca conoció personalmente a Ariel García.
El empresario de HLB Pharma también se cruzó con Cristina Kirchner. El último encuentro registrado fue en el Instituto Patria, en abril de 2024. Tuvo una audiencia privada con ella que quedó plasmada en un video subido por la propia expresidente, aunque ahora ya no aparece en sus redes.
Ariel García es el hermano que comenzó con el emporio de negocios que luego incluyó a sus hermanos, Damián y Diego García Furfaro. Su crecimiento económico y en la escena política se dió entre 2016 y 2017. Entre esos años, explotó el armado que comenzó a gestarse una década antes en Rosario, cuando Ariel García se une al Laboratorio Apolo, empieza a defender como abogado recién recibido a implicados en el caso de la efedrina y de la mafia de los medicamentos, y pasa de tener un Volkswagen Fox anaranjado a una flota de autos. En 2016, después de la presunta explosión de una caldera en Apolo, logra la compra del laboratorio Ramallo (donde se produjo el fentanilo contaminado) a la familia Araujo, abogados de los acusados en la explosión.
Es ahí cuando empieza su crecimiento meteórico. En los comienzos, se obsesionó con la producción de anestésicos, medicamentos que en realidad no dan grandes márgenes de ganancia. La pregunta es si todo se vendía en el canal formal o si la morfina y otros componentes químicos tenían “mermas” (producción que no se puede distribuir) tan grandes como la del fentanilo (cerca de un 24%) y si eso “perdido” no llegaba a otros compradores ilegales.
Con el tiempo, García se dio cuenta que el negocio era la venta al Estado. Compró, sucesivamente, tres droguerías: Droguería Mayorista, ABC1 y la última, Alfarma. A las dos primeras, las fundió por deudas fiscales y las abandonó. Es posible que la AFIP haya sido benevolente con sus problemas ya que el gerente de la sucursal a la que le correspondían todas sus empresas, por la dirección en donde las inscribían, era su primo.
Con algunos hizo negocios. Víctor Santa María, dirigente del sindicato de porteros y empresario de la comunicación, adquirió varios medios con fondos cuyo origen, según una decena de fuentes del sector, pertenecían a García Furfaro. Compró, como contó LA NACION, Los 40 Principales (105.5FM), Continental (590AM) y el sitio IP Noticias. Y así llegó a los medios de comunicación.
Lo que sucedía dentro de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, apuntados por las muertes de fentanilo contaminado, dependía de un esquema de protección exterior. Los hermanos García, dueños de los establecimientos, contaban con una red de contactos políticos y judiciales tan frondosos y aceitados que es difícil determinar el papel de cada eslabón. Unos ayudaban a evitar inspecciones, otros frenaban los cierres de las empresas y había también quienes conseguían contratos con el Estado. Así operaron en las sombras durante años. La investigación judicial ahora también apunta a desvíos de drogas al mercado ilegal.
Ariel García tejió su telaraña de contactos muchas veces a través de conocidos. Un amigo al que le pide que le presente a otro. También a través de promesas a políticos, como la de instalar plantas farmacéuticas en Catamarca, o tendidos eléctricos con los cables de su empresa Epuyén en Chubut. Con esos proyectos entró en contacto con el gobernador Ignacio Torres, a través de su abogado, Gastón Marano, quien voló en su avión privado, o con el catamarqueño Raúl Jalil, a quien conoció a través de su hermano, Andrés Jalil, uno de los grandes patrones de la medicina en la provincia norteña.
García invitaba a visitar el laboratorio a políticos. Por allí han pasado desde Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita, hasta el propio Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y hermano del juez que entiende en la causa, Ernesto Kreplak. El ministro estuvo, por última vez, en diciembre.
Sin embargo, una de las visitas frecuentes a HLB Pharma era Freddy Lijo, hermano de otro juez, Ariel Lijo. El operador solía ir al laboratorio de San Isidro a buscar ampollas de fentanilo para sus caballos. Conoció a los García a través de su compartida afición por la equitación, devenida en negocio.
Ambos tienen studs de caballos de carrera, y suelen cruzarse en el Hipódromo de San Isidro, en donde García le ha prestado, en ocasiones, instalaciones para sus animales. Luego de las visitas, donde incluso se llegaron a hacer medicamentos gratuitos para los visitantes, García y Lijo almorzaban en un conocido restaurante: 1000 Rosa Negra, en la Avenida de la Unidad Nacional, con vista privilegiada al Jockey Club San Isidro.
Uno de los emisarios que golpeaban puertas en nombre de Alfarma, HLB y Laboratorios Ramallo, las tres principales empresas de salud del García Furfaro, era José María Olazagasti. El hombre fue un verdadero paladar negro del despacho de Julio De Vido en sus 12 años como ministro kirchnerista, tiempo en el que se desempeñó como secretario privado. “El Vasco”, como le dicen, fue un ladero fiel del jefe de la cartera de Planificación Federal y se encargó de varios negocios, entre ellos, la relación con la Venezuela de Hugo Chávez, tarea que compartía con Claudio Uberti.
Dos fuentes contaron a LA NACION que Olazagasti, procesado en el caso Cuadernos, se apersonaba en varios centros de salud pública, nacionales, provinciales o municipales, y pedía que le pasen los millonarios contratos de provisión de medicamentos que se canalizarían por la droguería del grupo, Alfarma. Luego, las negociaciones seguían en un domicilio de la calle Arias al 4100, en el barrio de Saavedra, un verdadero bunker donde ahora funciona un lujoso salón de belleza. Ese, además, es el domicilio de la Consultora C&O, una empresa cuyo socio es Nicolás Olazagasti (hermano de José María). Esa relación se habría enfriado en el último tiempo.
García también cultivaba vínculos en reuniones a su casa. Por allí pasaron desde el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que es vecino del empresario en el country San Diego, en Moreno, como Raquel Méndez, esposa del exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán y Daniel Mautone, uno de los pesos pesados del juego en la Argentina. Ella también trabajaba en Anmat, el organismo que debía controlar el fentanilo. A través de ese cargo viajó a Rusia en pandemia por la Sputnik V, al igual que HLB Pharma.
En 2020, dieron con el negocio de la venta al Estado. Le adquirieron a Carlos Tita, uno de los grandes proveedores de medicamentos en Santa Fe, la droguería Alfarma.
Esta empresa ya tenía el esquema de licitaciones públicas armado. Por lo tanto, si HLB y Ramallo le vendían a Alfarma, y Alfarma, a su vez, le vendía a las provincias y municipios, el circuito estaba armado. A veces se hacía con precios bajos para garantizarse la contratación del Estado y otras, como en el caso de Jose C. Paz, con sobreprecios, según la documentación revisada por LA NACION.
Las adquisiciones para el distrito de Mario Ishii las gestionaba Sebastián Nanini, un abogado, apoderado de la lista del intendente de José C. Paz, que apareció sorpresivamente como presunto comprador del laboratorio, tan solo semanas antes de que explote el caso de la contaminación.
A través de su influencia, Nanini gestionaba para los García vínculos con asociaciones ligadas a la Justicia. En mayo del año pasado, Nanini fue el coordinador de un seminario sobre Ciberdelito en Latinoamérica y Estados Unidos. Lo organizaban la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y The American University. Se hizo un viaje a Washington en donde estuvieron presentes García, Nanini, Marano y un listado de jueces y fiscales. Fueron: Javier López Biscayart (juez nacional en lo Penal Económico), Alfredo Gusman (camarista), Ricardo Mianovich (juez federal de Sáenz Peña), Alejandro Maraniello (juez civil), María Florencia Budiño (presidenta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires), Ulises Giménez (secretario Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires), Patricio Sabadini (fiscal en Chaco), Marcelo Martínez Burgos (fiscal de instrucción), Roberto Fernando Minguillón (juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal), Martín Poderti (juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar de Plata), Eduardo Bucca (senador provincial de Unión por la Patria) y Mario Kohan (presidente del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires). Los asistentes no necesariamente mantenían una relación personal con García, pero este tipo de eventos muestra el esfuerzo que realizaba el empresario y su gente para tender vínculos con el poder.
No es el único abogado con extraños vínculos alrededor de García. Actualmente, el representante en la causa por el fentanilo contaminado es Gastón Marano. Se trata de un exasesor de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y defensor de “la banda de los copitos”, acusados por el intento de homicidio a Cristina Kirchner. Marano también fue un nexo clave para las gestiones de los laboratorios en Anmat, el organismo cuya desidia -en el mejor de los casos-, habilitó la existencia de las fabricas durante años. Marano llegó a tener un contrato de locación de servicios en el organismo a raíz de su vínculo por HLB y Ramallo.
La familia García tiene muchas empresas y propiedades. Una de ellas es la casa donde vivió Diego Armando Maradona, en Villa Devoto. La adquirió por unos US$900.000 y fue noticia por abrirla al público para ver la final del mundo. También se la alquiló (a un valor simbólico, por lo que era mayormente un préstamo) a Roberto García Moritán durante su campaña a jefe de Gobierno porteño, en la que se presentó como parte del equipo a Fernando Burlando. Fuentes cercanas al excandidato dijeron que la idea era que, en una eventual gestión, convertirlo en patrimonio histórico. Sin embargo, según aseguran, Moritán nunca conoció personalmente a Ariel García.
El empresario de HLB Pharma también se cruzó con Cristina Kirchner. El último encuentro registrado fue en el Instituto Patria, en abril de 2024. Tuvo una audiencia privada con ella que quedó plasmada en un video subido por la propia expresidente, aunque ahora ya no aparece en sus redes.
Ariel García es el hermano que comenzó con el emporio de negocios que luego incluyó a sus hermanos, Damián y Diego García Furfaro. Su crecimiento económico y en la escena política se dió entre 2016 y 2017. Entre esos años, explotó el armado que comenzó a gestarse una década antes en Rosario, cuando Ariel García se une al Laboratorio Apolo, empieza a defender como abogado recién recibido a implicados en el caso de la efedrina y de la mafia de los medicamentos, y pasa de tener un Volkswagen Fox anaranjado a una flota de autos. En 2016, después de la presunta explosión de una caldera en Apolo, logra la compra del laboratorio Ramallo (donde se produjo el fentanilo contaminado) a la familia Araujo, abogados de los acusados en la explosión.
Es ahí cuando empieza su crecimiento meteórico. En los comienzos, se obsesionó con la producción de anestésicos, medicamentos que en realidad no dan grandes márgenes de ganancia. La pregunta es si todo se vendía en el canal formal o si la morfina y otros componentes químicos tenían “mermas” (producción que no se puede distribuir) tan grandes como la del fentanilo (cerca de un 24%) y si eso “perdido” no llegaba a otros compradores ilegales.
Con el tiempo, García se dio cuenta que el negocio era la venta al Estado. Compró, sucesivamente, tres droguerías: Droguería Mayorista, ABC1 y la última, Alfarma. A las dos primeras, las fundió por deudas fiscales y las abandonó. Es posible que la AFIP haya sido benevolente con sus problemas ya que el gerente de la sucursal a la que le correspondían todas sus empresas, por la dirección en donde las inscribían, era su primo.
Con algunos hizo negocios. Víctor Santa María, dirigente del sindicato de porteros y empresario de la comunicación, adquirió varios medios con fondos cuyo origen, según una decena de fuentes del sector, pertenecían a García Furfaro. Compró, como contó LA NACION, Los 40 Principales (105.5FM), Continental (590AM) y el sitio IP Noticias. Y así llegó a los medios de comunicación.
Ariel García tejió relaciones y vínculos con el poder para mantener su imperio Read More