En medio de los procesos judiciales por la expropiación de YPF, el Estado argentino recibió hoy una noticia favorable desde la Justicia de Estados Unidos, aunque vinculada a otro caso. La Cámara de Apelaciones de Nueva York falló a favor de la Argentina y confirmó la desestimación de una demanda presentada por fondos que reclamaban un supuesto incumplimiento en el pago de bonos atados al PBI.
El tribunal ratificó el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, la misma que condujo el juicio por la expropiación de YPF (donde falló en contra del país).
En este caso, Preska ya había rechazado la demanda al considerar que los demandantes —encabezados por el fondo Aurelius— no habían cumplido con los requisitos contractuales necesarios para iniciar el reclamo vinculado a los cupones PBI.
La decisión representa un alivio para el Gobierno, luego de que el año pasado la Corte Suprema del Reino Unido dejara firmes las sentencias adversas por el mismo bono, aunque emitido en euros.
Como el Estado argentino no cumplió con el pago ordenado por la Justicia británica (US$1443 millones), los acreedores se presentaron el mes pasado ante la Corte del Distrito de Columbia, en Washington D.C., para que la Justicia estadounidense reconozca el fallo emitido por el Tribunal Superior de Londres.
Aunque ya se ejecutó una garantía de €313 millones (unos US$325 millones), que el país había depositado en marzo de 2024 para poder apelar —sin éxito—, aún resta cancelar cerca de €1000 millones (unos US$1150 millones).
“El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York a favor de nuestro país en el caso de los cupones PBI en dólares demuestra la importancia de que la Argentina se defienda y utilice todos los recursos disponibles hasta la última instancia. Recordemos que en el caso similar en Londres, referido a los cupones denominados en euros y regidos por la ley inglesa, la corte de ese país falló a favor de los demandantes y rechazó el mismo argumento de la defensa argentina que hoy, en cambio, la Cámara de Nueva York acepta para darnos la razón”, señaló Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro durante el gobierno anterior.
“Hubiera sido un error grave que la Argentina desistiera de defenderse en Estados Unidos, suponiendo que la Justicia de Nueva York fallaría igual que la de Londres. Los demandantes podrían intentar presentar una nueva demanda, corrigiendo los defectos contractuales que los llevaron a esta derrota, pero las chances de que la Argentina prevalezca aumentan significativamente con este fallo. Además, una eventual nueva causa demoraría años en resolverse”, agregó Soler.
Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors y experto en litigios internacionales contra el país, aclaró que aún existen otros juicios en curso vinculados a los cupones PBI.
Historia del caso
El cupón atado al PBI fue creado como incentivo para lograr una mayor adhesión al canje de deuda de 2005, liderado por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, hoy embajador en Paraguay. Este instrumento preveía el pago de intereses a los bonistas si la economía argentina crecía más de un 3% anual, hasta el año 2035. Sin embargo, el país no realiza pagos desde 2011, cuando dejó de registrar ese nivel de crecimiento.
La demanda se centró en el cambio de la base de cálculo del PBI realizado en 2014, bajo la gestión del entonces ministro Axel Kicillof. La metodología previa, basada en datos de 1993, se consideraba desactualizada, por lo que fue reemplazada por una nueva estructura que tomó como año base 2004. Ese ajuste provocó que la estimación de crecimiento del PBI de 2013 fuera menor a la que arrojaba la base anterior, lo que desencadenó los reclamos judiciales de los inversores.
Con la nueva base, el Indec informó que la economía creció menos del 3,22% ese año, mientras que bajo la metodología anterior el crecimiento había sido del 4,9%. En consecuencia, el gobierno de Cristina Kirchner evitó pagar más de US$3600 millones en intereses.
El fallo de primera instancia en Inglaterra consideró que el cambio metodológico en el cálculo del PBI perjudicó a los tenedores de bonos, y dispuso que los títulos debían recibir intereses calculados desde diciembre de 2014 en adelante.
Desde la defensa argentina sostuvieron que la modificación era necesaria para diseñar un esquema de pagos sostenible. “Sin los cambios, los cupones se ajustarían por un parámetro desactualizado, sin relación con la expansión real de la economía”, argumentaron.
En contraste, los cuatro fondos demandantes aseguraron que el cálculo del PBI debía mantenerse con la metodología original hasta 2035. Así lo explicó Aidan O’Rourke, abogado del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que representa a los fondos.
Tanto el Tribunal de Apelaciones de Londres como la Corte Suprema del Reino Unido ratificaron esa interpretación.
En medio de los procesos judiciales por la expropiación de YPF, el Estado argentino recibió hoy una noticia favorable desde la Justicia de Estados Unidos, aunque vinculada a otro caso. La Cámara de Apelaciones de Nueva York falló a favor de la Argentina y confirmó la desestimación de una demanda presentada por fondos que reclamaban un supuesto incumplimiento en el pago de bonos atados al PBI.
El tribunal ratificó el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, la misma que condujo el juicio por la expropiación de YPF (donde falló en contra del país).
En este caso, Preska ya había rechazado la demanda al considerar que los demandantes —encabezados por el fondo Aurelius— no habían cumplido con los requisitos contractuales necesarios para iniciar el reclamo vinculado a los cupones PBI.
La decisión representa un alivio para el Gobierno, luego de que el año pasado la Corte Suprema del Reino Unido dejara firmes las sentencias adversas por el mismo bono, aunque emitido en euros.
Como el Estado argentino no cumplió con el pago ordenado por la Justicia británica (US$1443 millones), los acreedores se presentaron el mes pasado ante la Corte del Distrito de Columbia, en Washington D.C., para que la Justicia estadounidense reconozca el fallo emitido por el Tribunal Superior de Londres.
Aunque ya se ejecutó una garantía de €313 millones (unos US$325 millones), que el país había depositado en marzo de 2024 para poder apelar —sin éxito—, aún resta cancelar cerca de €1000 millones (unos US$1150 millones).
“El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York a favor de nuestro país en el caso de los cupones PBI en dólares demuestra la importancia de que la Argentina se defienda y utilice todos los recursos disponibles hasta la última instancia. Recordemos que en el caso similar en Londres, referido a los cupones denominados en euros y regidos por la ley inglesa, la corte de ese país falló a favor de los demandantes y rechazó el mismo argumento de la defensa argentina que hoy, en cambio, la Cámara de Nueva York acepta para darnos la razón”, señaló Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro durante el gobierno anterior.
“Hubiera sido un error grave que la Argentina desistiera de defenderse en Estados Unidos, suponiendo que la Justicia de Nueva York fallaría igual que la de Londres. Los demandantes podrían intentar presentar una nueva demanda, corrigiendo los defectos contractuales que los llevaron a esta derrota, pero las chances de que la Argentina prevalezca aumentan significativamente con este fallo. Además, una eventual nueva causa demoraría años en resolverse”, agregó Soler.
Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors y experto en litigios internacionales contra el país, aclaró que aún existen otros juicios en curso vinculados a los cupones PBI.
Historia del caso
El cupón atado al PBI fue creado como incentivo para lograr una mayor adhesión al canje de deuda de 2005, liderado por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, hoy embajador en Paraguay. Este instrumento preveía el pago de intereses a los bonistas si la economía argentina crecía más de un 3% anual, hasta el año 2035. Sin embargo, el país no realiza pagos desde 2011, cuando dejó de registrar ese nivel de crecimiento.
La demanda se centró en el cambio de la base de cálculo del PBI realizado en 2014, bajo la gestión del entonces ministro Axel Kicillof. La metodología previa, basada en datos de 1993, se consideraba desactualizada, por lo que fue reemplazada por una nueva estructura que tomó como año base 2004. Ese ajuste provocó que la estimación de crecimiento del PBI de 2013 fuera menor a la que arrojaba la base anterior, lo que desencadenó los reclamos judiciales de los inversores.
Con la nueva base, el Indec informó que la economía creció menos del 3,22% ese año, mientras que bajo la metodología anterior el crecimiento había sido del 4,9%. En consecuencia, el gobierno de Cristina Kirchner evitó pagar más de US$3600 millones en intereses.
El fallo de primera instancia en Inglaterra consideró que el cambio metodológico en el cálculo del PBI perjudicó a los tenedores de bonos, y dispuso que los títulos debían recibir intereses calculados desde diciembre de 2014 en adelante.
Desde la defensa argentina sostuvieron que la modificación era necesaria para diseñar un esquema de pagos sostenible. “Sin los cambios, los cupones se ajustarían por un parámetro desactualizado, sin relación con la expansión real de la economía”, argumentaron.
En contraste, los cuatro fondos demandantes aseguraron que el cálculo del PBI debía mantenerse con la metodología original hasta 2035. Así lo explicó Aidan O’Rourke, abogado del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que representa a los fondos.
Tanto el Tribunal de Apelaciones de Londres como la Corte Suprema del Reino Unido ratificaron esa interpretación.
Un tribunal estadounidense avaló la defensa del Estado y rechazó una demanda millonaria presentada por fondos internacionales; la Corte británica había fallado en sentido contrario en 2023 Read More