Las más de 50 universidades nacionales de todo el país se verán afectadas el próximo lunes 11 de agosto por el paro de actividades de 24 horas en el que confluirán diversas vertientes gremiales de docentes y trabajadores no docentes. Será en el marco del rechazo a la motosierra del Gobierno, reclamos de una recomposición salarial y la exigencia de que el Senado apruebe el proyecto de ley del aumento a las partidas presupuestarias, lo que podría derivar en un veto presidencial.

La medida impactará, sobre todo, en aquellas casas de estudios superiores que debían volver a las clases pasado mañana tras el receso invernal, como es el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La jornada de lucha, que -anticipan- “contará con un alto acatamiento”, es motorizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que incluye a los gremios docentes de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), los de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y los de la Conadu Histórica, así como a los no docentes nucleados en la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun).

“El gobierno de Milei decide no convocar a la paritaria, da aumentos que se encuentran por debajo de la inflación y no aumenta el presupuesto de los gastos de funcionamiento y de la beca para estudiantes”, argumentan consultados por LA NACION desde Fedun, a la que adhieren unos 180.000 docentes de universidades que dependen de los fondos dispuestos por el Estado nacional. “Es la mayor pérdida del poder adquisitivo de la historia, nuestro salario se ha convertido en el peor de Latinoamérica”, acusan desde esa federación, donde agregan que “hasta el 24 de agosto se llevarán adelante jornadas de visibilización del conflicto en las distintas casas de estudio”.

Los que tienen una postura más intransigente, sin embargo, adelantaron una prolongación del cese de actividades. Son el caso de la Conadu, que lo convocó hasta el 15; y de la Conadu Histórica, hasta el 16. Este escenario no es visto con buenos ojos por los rectores, que no aceptan cerrar por tanto tiempo las universidades. “Los rectores acompañan el reclamo, pero se oponen a perder muchos días de clases porque se expone la matrícula a posibles deserciones del alumnado, una visión que es compartida con parte del plantel docente”, indican fuentes universitarias a este medio.

Tensión calmada

Tras las movilizaciones masivas que tuvieron lugar durante 2024, el Poder Ejecutivo se focalizó en la recomposición de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, que se elevó en un 270% a partir de mayo de ese año. Si bien esa tensión se enfrió y la concurrencia de las manifestaciones en las calles se diluyó, los gremios vuelven a la carga por los salarios, que representan cerca del 85% del presupuesto universitario, lejos del 5% que implican los gastos de funcionamiento.

De acuerdo con un informe de Fedun, “los salarios reales en las universidades nacionales perdieron un 29,3%contra los valores de noviembre de 2023, lo que representa un nivel por debajo de los valores de 2002”. A su vez, aseveran que en 2025 el financiamiento educativo nacional “cayó a un mínimo en 33 años”, representando en la actualidad el 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI). “El presupuesto de la Secretaría de Educación bajó un 47,6% en dos años, que implica la mayor caída en la historia junto con la experimentada en 1992”, completan.

Los llamados a paritarias se encuentran trabados desde el último trimestre del año pasado. A partir de entonces, los incrementos han sido por decreto e inferiores al 2%. Desde los gremios docentes universitarios sostienen que “hubo dos o tres reuniones de paritarias en 2024, pero nunca se resolvió nada negociado con todos los sectores. Los aumentos fueron decididos unilateralmente por el Gobierno, así que la paritaria desde que asumió prácticamente no existió”. Como contracara, otros aseguran que el Poder Ejecutivo cuenta con puentes activos de negociación con las universidades “para acordar de forma directa e individual proyectos o partidas especiales para funcionamiento”.

En ese contexto, otra voz universitaria del conurbano bonaerense analiza que -pese al impacto social que ocasionaron- “las marchas federales no se tradujeron en grandes logros salariales” y criticó que “las intenciones de aprovechamiento político conspiraron contra ese propósito”, pero rescata que “a diferencia de los últimos intentos de medidas de fuerza que se tomaron este año y que no consiguieron una adhesión alta, esta vez se va a hacer sentir. Incluso, en aquellas universidades en las que no cuentan con un fuerte andamiaje gremial”.

En julio último, el Ministerio de Capital Humano publicó un comunicado en el que desmintió la existencia de 10.000 desvinculaciones en las plantillas docentes, como había contabilizado un informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). De haber ocurrido, plantea el escrito oficial, “las universidades deberían haber devuelto al Tesoro Nacional una suma cercana a los $250.000 millones, correspondientes a la masa salarial que ya no requerirían”. Pero “esa devolución no se produjo de manera alguna, lo que confirma que los fondos han sido ejecutados con normalidad y que la planta de personal permanece sin alteraciones de esa magnitud”.

La situación de la UBA

“Es un paro que se va a sentir fuerte en la ciudad de Buenos Aires”, dice Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba). A nivel porteño, la medida de fuerza incluye a la Asociación del Personal de la UBA (Apuba), el Sindicato de Trabajadores Docentes de la UBA (Feduba) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), entre otros. “La UBA no comenzará las clases en el segundo cuatrimestre como consecuencia del retraso salarial de más de un 40% desde la llegada al gobierno de Javier Milei”, remarca el dirigente gremial.

Según Cagnacci, que es titular de cátedra en el Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA, “los últimos aumentos salariales fueron del 1,3% en junio, de otro 1,3% en julio y un 1,3% más en agosto, pero se cobra todo junto recién en agosto”. También hace hincapié en que “fueron resoluciones ministeriales sin mesa paritaria como establecen los convenios colectivos de trabajo”. Y agrega: “También hay que decir que el incremento en otras áreas viene siendo del 0%, como el destinado al funcionamiento de los hospitales universitarios, donde hay que afrontar gastos en dólares en equipos e instrumentos”.

Pese a que no todas las universidades tienen fecha de inicio del segundo cuatrimestre para este lunes 11, ya que algunas se encuentran en el cierre del proceso de inscripción de materias, el paro impactará -con distintos alcances- en casas de estudios superiores como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), las universidades del conurbano bonaerense, las sedes provinciales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), entre otras.

La disputa en el Congreso

Los gremios también apuntan al Congreso de la Nación, donde esta última semana la Cámara de Diputados avaló el nuevo proyecto de ley del aumento de las partidas universitarias con amplio margen: 158 votos a favor y 75 en contra. La votación deberá ser ratificada por la Cámara de Senadores, que de aprobarla en las próximas semanas podría ser bloqueada ante un eventual veto de la Casa Rosada bajo la premisa del “déficit cero”. No obstante, el escenario parlamentario asoma menos inclinado en favor del oficialismo para blindar nuevamente esa decisión, como ocurrió, en octubre pasado, a través de la Cámara baja con una iniciativa similar.

“Celebramos la media sanción de la Cámara de Diputados e instamos ahora a los senadores y senadoras a acompañar el proyecto y darle fuerza a la ley”, remarcan desde Fedun sobre la próxima instancia que se espera con una sesión en la Cámara alta. “También expresamos nuestra solidaridad con cada uno de los sectores que se encuentran en lucha debido a las políticas de ajuste y deficiencias, como los jubilados y los trabajadores de los hospitales”, complementan.

Con la expectativa de otro desenlace esta vez, de la reversión del actual proyecto de Ley de Financiamiento Universitario participaron el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, el CIN y FUA (Federación Universitaria Argentina), que pretende llevar el presupuesto del sector progresivamente hasta alcanzar una participación del 1,5% del PBI para 2031. “Les pedimos a los senadores y senadoras que escuchen el reclamo de la comunidad universitaria, que no es más que el reclamo de la sociedad argentina para tener una posibilidad”, concluye el titular de Aduba, que habla de “un ahogo presupuestario sin precedentes”.

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Las más de 50 universidades nacionales de todo el país se verán afectadas el próximo lunes 11 de agosto por el paro de actividades de 24 horas en el que confluirán diversas vertientes gremiales de docentes y trabajadores no docentes. Será en el marco del rechazo a la motosierra del Gobierno, reclamos de una recomposición salarial y la exigencia de que el Senado apruebe el proyecto de ley del aumento a las partidas presupuestarias, lo que podría derivar en un veto presidencial.

La medida impactará, sobre todo, en aquellas casas de estudios superiores que debían volver a las clases pasado mañana tras el receso invernal, como es el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La jornada de lucha, que -anticipan- “contará con un alto acatamiento”, es motorizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que incluye a los gremios docentes de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), los de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y los de la Conadu Histórica, así como a los no docentes nucleados en la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun).

“El gobierno de Milei decide no convocar a la paritaria, da aumentos que se encuentran por debajo de la inflación y no aumenta el presupuesto de los gastos de funcionamiento y de la beca para estudiantes”, argumentan consultados por LA NACION desde Fedun, a la que adhieren unos 180.000 docentes de universidades que dependen de los fondos dispuestos por el Estado nacional. “Es la mayor pérdida del poder adquisitivo de la historia, nuestro salario se ha convertido en el peor de Latinoamérica”, acusan desde esa federación, donde agregan que “hasta el 24 de agosto se llevarán adelante jornadas de visibilización del conflicto en las distintas casas de estudio”.

Los que tienen una postura más intransigente, sin embargo, adelantaron una prolongación del cese de actividades. Son el caso de la Conadu, que lo convocó hasta el 15; y de la Conadu Histórica, hasta el 16. Este escenario no es visto con buenos ojos por los rectores, que no aceptan cerrar por tanto tiempo las universidades. “Los rectores acompañan el reclamo, pero se oponen a perder muchos días de clases porque se expone la matrícula a posibles deserciones del alumnado, una visión que es compartida con parte del plantel docente”, indican fuentes universitarias a este medio.

Tensión calmada

Tras las movilizaciones masivas que tuvieron lugar durante 2024, el Poder Ejecutivo se focalizó en la recomposición de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, que se elevó en un 270% a partir de mayo de ese año. Si bien esa tensión se enfrió y la concurrencia de las manifestaciones en las calles se diluyó, los gremios vuelven a la carga por los salarios, que representan cerca del 85% del presupuesto universitario, lejos del 5% que implican los gastos de funcionamiento.

De acuerdo con un informe de Fedun, “los salarios reales en las universidades nacionales perdieron un 29,3%contra los valores de noviembre de 2023, lo que representa un nivel por debajo de los valores de 2002”. A su vez, aseveran que en 2025 el financiamiento educativo nacional “cayó a un mínimo en 33 años”, representando en la actualidad el 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI). “El presupuesto de la Secretaría de Educación bajó un 47,6% en dos años, que implica la mayor caída en la historia junto con la experimentada en 1992”, completan.

Los llamados a paritarias se encuentran trabados desde el último trimestre del año pasado. A partir de entonces, los incrementos han sido por decreto e inferiores al 2%. Desde los gremios docentes universitarios sostienen que “hubo dos o tres reuniones de paritarias en 2024, pero nunca se resolvió nada negociado con todos los sectores. Los aumentos fueron decididos unilateralmente por el Gobierno, así que la paritaria desde que asumió prácticamente no existió”. Como contracara, otros aseguran que el Poder Ejecutivo cuenta con puentes activos de negociación con las universidades “para acordar de forma directa e individual proyectos o partidas especiales para funcionamiento”.

En ese contexto, otra voz universitaria del conurbano bonaerense analiza que -pese al impacto social que ocasionaron- “las marchas federales no se tradujeron en grandes logros salariales” y criticó que “las intenciones de aprovechamiento político conspiraron contra ese propósito”, pero rescata que “a diferencia de los últimos intentos de medidas de fuerza que se tomaron este año y que no consiguieron una adhesión alta, esta vez se va a hacer sentir. Incluso, en aquellas universidades en las que no cuentan con un fuerte andamiaje gremial”.

En julio último, el Ministerio de Capital Humano publicó un comunicado en el que desmintió la existencia de 10.000 desvinculaciones en las plantillas docentes, como había contabilizado un informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). De haber ocurrido, plantea el escrito oficial, “las universidades deberían haber devuelto al Tesoro Nacional una suma cercana a los $250.000 millones, correspondientes a la masa salarial que ya no requerirían”. Pero “esa devolución no se produjo de manera alguna, lo que confirma que los fondos han sido ejecutados con normalidad y que la planta de personal permanece sin alteraciones de esa magnitud”.

La situación de la UBA

“Es un paro que se va a sentir fuerte en la ciudad de Buenos Aires”, dice Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba). A nivel porteño, la medida de fuerza incluye a la Asociación del Personal de la UBA (Apuba), el Sindicato de Trabajadores Docentes de la UBA (Feduba) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), entre otros. “La UBA no comenzará las clases en el segundo cuatrimestre como consecuencia del retraso salarial de más de un 40% desde la llegada al gobierno de Javier Milei”, remarca el dirigente gremial.

Según Cagnacci, que es titular de cátedra en el Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA, “los últimos aumentos salariales fueron del 1,3% en junio, de otro 1,3% en julio y un 1,3% más en agosto, pero se cobra todo junto recién en agosto”. También hace hincapié en que “fueron resoluciones ministeriales sin mesa paritaria como establecen los convenios colectivos de trabajo”. Y agrega: “También hay que decir que el incremento en otras áreas viene siendo del 0%, como el destinado al funcionamiento de los hospitales universitarios, donde hay que afrontar gastos en dólares en equipos e instrumentos”.

Pese a que no todas las universidades tienen fecha de inicio del segundo cuatrimestre para este lunes 11, ya que algunas se encuentran en el cierre del proceso de inscripción de materias, el paro impactará -con distintos alcances- en casas de estudios superiores como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), las universidades del conurbano bonaerense, las sedes provinciales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), entre otras.

La disputa en el Congreso

Los gremios también apuntan al Congreso de la Nación, donde esta última semana la Cámara de Diputados avaló el nuevo proyecto de ley del aumento de las partidas universitarias con amplio margen: 158 votos a favor y 75 en contra. La votación deberá ser ratificada por la Cámara de Senadores, que de aprobarla en las próximas semanas podría ser bloqueada ante un eventual veto de la Casa Rosada bajo la premisa del “déficit cero”. No obstante, el escenario parlamentario asoma menos inclinado en favor del oficialismo para blindar nuevamente esa decisión, como ocurrió, en octubre pasado, a través de la Cámara baja con una iniciativa similar.

“Celebramos la media sanción de la Cámara de Diputados e instamos ahora a los senadores y senadoras a acompañar el proyecto y darle fuerza a la ley”, remarcan desde Fedun sobre la próxima instancia que se espera con una sesión en la Cámara alta. “También expresamos nuestra solidaridad con cada uno de los sectores que se encuentran en lucha debido a las políticas de ajuste y deficiencias, como los jubilados y los trabajadores de los hospitales”, complementan.

Con la expectativa de otro desenlace esta vez, de la reversión del actual proyecto de Ley de Financiamiento Universitario participaron el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, el CIN y FUA (Federación Universitaria Argentina), que pretende llevar el presupuesto del sector progresivamente hasta alcanzar una participación del 1,5% del PBI para 2031. “Les pedimos a los senadores y senadoras que escuchen el reclamo de la comunidad universitaria, que no es más que el reclamo de la sociedad argentina para tener una posibilidad”, concluye el titular de Aduba, que habla de “un ahogo presupuestario sin precedentes”.

 Los gremios del sector reclaman la recomposición de sus sueldos y la aprobación de la ley de financiamiento para el sector  Read More