De cada olla que se destapa emerge el tufillo de la corrupción. Con la excusa de asistir a los más vulnerables se estuvo cocinando desde un vasto sector de la política un fenomenal entramado delictivo cuyo objetivo no fue erradicar la pobreza, sino valerse de ella para seguir manejando los dineros públicos en beneficio privado de unos pocos.
La reciente revelación judicial sobre la existencia de una aceitada estructura ilegal para extorsionar a los beneficiarios de planes sociales, obligándolos a pagar peajes a los piqueteros, a concurrir a actos políticos so pena de que les quitaran los beneficios y a vender la comida provista por el Estado, entre otras deleznables prácticas, es apenas la más reciente exteriorización de lo que estaba a la vista de todo el mundo, pero que el poder no controlaba por haber sido adjudicador y, al mismo tiempo, adjudicatario final del desfalco.
Según la investigación llevada adelante por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita a partir de 45 denuncias que llegaron a la Justicia de un total de más de 13.000 realizadas a la línea telefónica 134 habilitada por el actual gobierno para comunicar aprietes y amenazas a beneficiarios de planes sociales, se detectó una estructura jerárquica de varios niveles, en la que los referentes y delegados piqueteros cobraban hasta cinco veces más que los beneficiarios rasos. El análisis de escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp también dejó al descubierto un sistema extorsivo, con premios y castigos por asistir a marchas, repartir volantes partidarios o vender mercadería provista por el Estado.
La comprobación judicial de la existencia de un sistema extorsivo para asistir a marchas, repartir volantes partidarios o vender mercadería que el Estado suministra gratuitamente a las personas vulnerables vino a confirmar lo que estaba a los ojos de todos: la utilización de la pobreza con fines político-partidarios y para el enriquecimiento privado de unos pocos
La organización delictiva no solo extorsionaba, sino que también amenazaba exigiendo a los beneficiarios certificados médicos y otra documentación que atestiguara que no podían concurrir a las marchas por razones de fuerza mayor. En caso contrario, se aplicaban distintas “penas”. La más drástica implicaba la quita del beneficio.
A lo largo de la investigación, se realizaron escuchas telefónicas directas sobre los piqueteros acusados, lo que permitió que se concretaran numerosos allanamientos, y se logró precisar la existencia de al menos tres grupos de personas relacionadas con la gestión del plan Potenciar Trabajo: los beneficiarios del beneficio, los que se dedicaban sistemáticamente a exigirles dinero a las personas vulnerables y los que cobraban por la entrega de alimentos que los beneficiarios debían recibir en forma gratuita.
Entre los dirigentes allanados, a quienes la Justicia acaba de inhibir sus bienes, hay referentes del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de una vertiente de Barrios de Pie. Por ejemplo, se identificó a Jeremías Cantero, que coordinaba el funcionamiento de varios de esos centros desde el Ministerio de Capital Humano hasta marzo pasado, y a Elizabeth del Carmen Palma, quien se ocupaba de cargar en el sistema informático los datos que permitían que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social. Toda una estructura paraestatal que navegaba a sus anchas por las aguas del delito, ya que nadie los supervisaba debidamente desde el Estado.
La respuesta a si las denuncias son un hecho novedoso y por qué no se ejercía el poder de policía sobre la correcta adjudicación de los beneficios es concreta: siempre hubo denuncias de este tipo, pero nada ocurría porque funcionarios que manejaban los planes durante los gobiernos kirchneristas eran juez y parte. Por caso, la línea de denuncias que funcionó durante la gestión de Alberto Fernández era responsabilidad del entonces secretario de Economía Social del ministerio y a la vez líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico.
Tampoco es esta la primera vez, desde que asumió el actual gobierno, que salta la tapa de una olla de la corrupción kirchnerista. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenó una auditoría de los programas sociales, entre ellos, el Plan Nacional Argentina contra el Hambre. La investigación arrojó que el 50 por ciento de los comedores y merenderos que gestionaban alimentos por sumas varias veces millonarias eran inexistentes. Incluso uno de ellos –el comedor Gauchito Gil– tenía como dirección la de un barrio privado.
La cobertura y la impunidad de la que ha gozado la corrupción en nuestro país han sido la principal garantía para su permanencia
Yendo un poco más atrás, en enero de este año, la misma funcionaria había anunciado que el Gobierno se disponía a dar de baja más de 27.000 planes sociales por gruesas irregularidades, que hubieran significado al Estado una erogación de 2000 millones de pesos tan solo por ese mes. Por ejemplo, los cobraban personas que ya recibían otros ingresos por jubilaciones o pensiones, dueños de propiedades declaradas y de vehículos de poca antigüedad, monotributistas de categoría C e incluso superior, beneficiarios de seguros de desempleo, residentes en el exterior y más de 900 fallecidos.
¿A los políticos les sirve que haya pobres?, fue el título de una nota de LA NACION publicada en 2019. El 74 por ciento de los consultados afirmó que sí, según un estudio realizado sobre una muestra ampliamente representativa por la consultora Voices!, en exclusiva para el proyecto Redes Invisibles de LA NACION. En los focus groups que se llevaron adelante para aquel estudio, se escucharon frases como “es más fácil manejar y manipular a la gente ignorante”; “hay pobreza por falta de una decisión política, la riqueza está muy mal distribuida”; “es más cómodo para el político dar el plan social que sostener una estructura”; “no se les enseña a estudiar, a trabajar y a luchar por lo que quieren”, y “el narcotráfico es un negocio y la pobreza está ligada al narcotráfico”.
Siguiendo estos argumentos, los consultados opinaron que la dirigencia política mayoritariamente “hace como” que lucha contra la pobreza, pero que, en el fondo, la sostiene para su propio beneficio: en la medida en que las personas más vulnerables necesiten de planes sociales para poder sobrevivir, las estructuras de poder pueden aprovecharse y presionarlas para obtener su voto. Es decir, sacar partido de la desesperación humana para consolidar un aval electoral.
La corrupción es un fenómeno complejo que necesita de muchos agentes para desarrollarse en semejante escala. La cobertura política y la impunidad de la que ha gozado en nuestro país, especialmente en las últimas décadas, ha sido hasta ahora la principal salvaguarda para su permanencia. Que tantas personas se animen a denunciarla constituye un paso significativo para poder avanzar en las investigaciones y condenar a quienes cometieron estos aberrantes delitos. Es hora de marcar un punto de quiebre, desenmascarar a los corruptos y hacer justicia para con la sociedad en su conjunto y, fundamentalmente, para con quienes más están sufriendo y vienen siendo rehenes de una carroña dirigencial a la que mantener y acrecentar la pobreza le ha sido siempre funcional.
De cada olla que se destapa emerge el tufillo de la corrupción. Con la excusa de asistir a los más vulnerables se estuvo cocinando desde un vasto sector de la política un fenomenal entramado delictivo cuyo objetivo no fue erradicar la pobreza, sino valerse de ella para seguir manejando los dineros públicos en beneficio privado de unos pocos.
La reciente revelación judicial sobre la existencia de una aceitada estructura ilegal para extorsionar a los beneficiarios de planes sociales, obligándolos a pagar peajes a los piqueteros, a concurrir a actos políticos so pena de que les quitaran los beneficios y a vender la comida provista por el Estado, entre otras deleznables prácticas, es apenas la más reciente exteriorización de lo que estaba a la vista de todo el mundo, pero que el poder no controlaba por haber sido adjudicador y, al mismo tiempo, adjudicatario final del desfalco.
Según la investigación llevada adelante por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita a partir de 45 denuncias que llegaron a la Justicia de un total de más de 13.000 realizadas a la línea telefónica 134 habilitada por el actual gobierno para comunicar aprietes y amenazas a beneficiarios de planes sociales, se detectó una estructura jerárquica de varios niveles, en la que los referentes y delegados piqueteros cobraban hasta cinco veces más que los beneficiarios rasos. El análisis de escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp también dejó al descubierto un sistema extorsivo, con premios y castigos por asistir a marchas, repartir volantes partidarios o vender mercadería provista por el Estado.
La comprobación judicial de la existencia de un sistema extorsivo para asistir a marchas, repartir volantes partidarios o vender mercadería que el Estado suministra gratuitamente a las personas vulnerables vino a confirmar lo que estaba a los ojos de todos: la utilización de la pobreza con fines político-partidarios y para el enriquecimiento privado de unos pocos
La organización delictiva no solo extorsionaba, sino que también amenazaba exigiendo a los beneficiarios certificados médicos y otra documentación que atestiguara que no podían concurrir a las marchas por razones de fuerza mayor. En caso contrario, se aplicaban distintas “penas”. La más drástica implicaba la quita del beneficio.
A lo largo de la investigación, se realizaron escuchas telefónicas directas sobre los piqueteros acusados, lo que permitió que se concretaran numerosos allanamientos, y se logró precisar la existencia de al menos tres grupos de personas relacionadas con la gestión del plan Potenciar Trabajo: los beneficiarios del beneficio, los que se dedicaban sistemáticamente a exigirles dinero a las personas vulnerables y los que cobraban por la entrega de alimentos que los beneficiarios debían recibir en forma gratuita.
Entre los dirigentes allanados, a quienes la Justicia acaba de inhibir sus bienes, hay referentes del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de una vertiente de Barrios de Pie. Por ejemplo, se identificó a Jeremías Cantero, que coordinaba el funcionamiento de varios de esos centros desde el Ministerio de Capital Humano hasta marzo pasado, y a Elizabeth del Carmen Palma, quien se ocupaba de cargar en el sistema informático los datos que permitían que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social. Toda una estructura paraestatal que navegaba a sus anchas por las aguas del delito, ya que nadie los supervisaba debidamente desde el Estado.
La respuesta a si las denuncias son un hecho novedoso y por qué no se ejercía el poder de policía sobre la correcta adjudicación de los beneficios es concreta: siempre hubo denuncias de este tipo, pero nada ocurría porque funcionarios que manejaban los planes durante los gobiernos kirchneristas eran juez y parte. Por caso, la línea de denuncias que funcionó durante la gestión de Alberto Fernández era responsabilidad del entonces secretario de Economía Social del ministerio y a la vez líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico.
Tampoco es esta la primera vez, desde que asumió el actual gobierno, que salta la tapa de una olla de la corrupción kirchnerista. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenó una auditoría de los programas sociales, entre ellos, el Plan Nacional Argentina contra el Hambre. La investigación arrojó que el 50 por ciento de los comedores y merenderos que gestionaban alimentos por sumas varias veces millonarias eran inexistentes. Incluso uno de ellos –el comedor Gauchito Gil– tenía como dirección la de un barrio privado.
La cobertura y la impunidad de la que ha gozado la corrupción en nuestro país han sido la principal garantía para su permanencia
Yendo un poco más atrás, en enero de este año, la misma funcionaria había anunciado que el Gobierno se disponía a dar de baja más de 27.000 planes sociales por gruesas irregularidades, que hubieran significado al Estado una erogación de 2000 millones de pesos tan solo por ese mes. Por ejemplo, los cobraban personas que ya recibían otros ingresos por jubilaciones o pensiones, dueños de propiedades declaradas y de vehículos de poca antigüedad, monotributistas de categoría C e incluso superior, beneficiarios de seguros de desempleo, residentes en el exterior y más de 900 fallecidos.
¿A los políticos les sirve que haya pobres?, fue el título de una nota de LA NACION publicada en 2019. El 74 por ciento de los consultados afirmó que sí, según un estudio realizado sobre una muestra ampliamente representativa por la consultora Voices!, en exclusiva para el proyecto Redes Invisibles de LA NACION. En los focus groups que se llevaron adelante para aquel estudio, se escucharon frases como “es más fácil manejar y manipular a la gente ignorante”; “hay pobreza por falta de una decisión política, la riqueza está muy mal distribuida”; “es más cómodo para el político dar el plan social que sostener una estructura”; “no se les enseña a estudiar, a trabajar y a luchar por lo que quieren”, y “el narcotráfico es un negocio y la pobreza está ligada al narcotráfico”.
Siguiendo estos argumentos, los consultados opinaron que la dirigencia política mayoritariamente “hace como” que lucha contra la pobreza, pero que, en el fondo, la sostiene para su propio beneficio: en la medida en que las personas más vulnerables necesiten de planes sociales para poder sobrevivir, las estructuras de poder pueden aprovecharse y presionarlas para obtener su voto. Es decir, sacar partido de la desesperación humana para consolidar un aval electoral.
La corrupción es un fenómeno complejo que necesita de muchos agentes para desarrollarse en semejante escala. La cobertura política y la impunidad de la que ha gozado en nuestro país, especialmente en las últimas décadas, ha sido hasta ahora la principal salvaguarda para su permanencia. Que tantas personas se animen a denunciarla constituye un paso significativo para poder avanzar en las investigaciones y condenar a quienes cometieron estos aberrantes delitos. Es hora de marcar un punto de quiebre, desenmascarar a los corruptos y hacer justicia para con la sociedad en su conjunto y, fundamentalmente, para con quienes más están sufriendo y vienen siendo rehenes de una carroña dirigencial a la que mantener y acrecentar la pobreza le ha sido siempre funcional.
Es hora de hacer justicia, especialmente para quienes más sufren y son rehenes de una carroña dirigencial que los explota y controla en su propio beneficio Read More