Siete presos alojados en una alcaidía de la Policía de la Ciudad escaparon por los techos. Pocas horas después, dos de los delincuentes fueron recapturados, en tanto los otros cinco son intensamente buscados. Entre tanto, el Ministerio de Seguridad porteño decidió sumariar a cuatro oficiales para determinar su eventual responsabilidad por la evasión.
Ocurrió en la Alcaidía 4Bis, situada cerca de la sede del club Deportivo Barracas. “El Ministerio de Seguridad está abocado a la búsqueda de los delincuentes que lograron fugarse y trabajando fuertemente en llevar tranquilidad al barrio”, informaron fuentes oficiales.
Los voceros consultados dijeron que la fuga es consecuencia de “la superpoblación de presos en la Ciudad”. En abril pasado, tras una seguidilla de fugas de distintas comisarías y alcaidías hubo un fuerte cruce entre funcionarios porteños y nacionales. En ese momento había 1962 presos en dependencias de la Capital, aunque la Policía de la Ciudad cuenta con 1041 plazas para una “estadía” transitoria hasta el trasladado a unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
“El problema no empezó ahora. Todo comenzó durante la pandemia con la política de la exjueza María Laura Garrigós [exinterventora del SPF], que no daba cupo para trasladar presos a las cárceles federales. En ese momento, en las dependencias de la Ciudad había solo 60 detenidos. En el SPF no quieren tener las cárceles colapsadas, pero la consecuencia es que las que están colapsadas son nuestras alcaidías y comisarías, que no están preparadas para el alojamiento prolongado de detenidos”, habían explicado en esos días a LA NACION desde el Ministerio de Seguridad porteño.
Hace 12 días, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, finalmente acordaron avanzar con el traspaso de los servicios del SPF en el ámbito de la Capital, lo que implicará que la Ciudad se hará responsable del cuidado de los detenidos por causas tramitadas en la Justicia nacional ordinaria y en la Penal, Contravencional y de Faltas porteña.
En la firma del convenio Bullrich estuvo acompañada por el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y la Directora Nacional de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Desirée Barczuk. Junto a Macri estuvieron el jefe y el vicejefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti y Gabriel Sánchez Zinny; y los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Waldo Wolff.
“Esta es la primera reunión. Ahora comienza a ejecutarse. Es pasar la responsabilidad para que la Ciudad se haga cargo de la gestión del alojamiento de los presos que no sean de la Justicia federal. Seguirán reuniones de trabajo para ir concretándolo”, dijeron a LA NACION fuentes del gabinete nacional.
Hasta el momento, los procesados por delitos cometidos en territorio porteño quedaban detenidos en las diferentes comisarías de la Policía de la Ciudad, que estaban excedidas en su capacidad. Eso fue motivo de fuertes cruces entre los funcionarios porteños y los nacionales durante el gobierno de Alberto Fernández, especialmente a partir de la pandemia, cuando el SPF redujo los cupos semanales reservados para alojar a personas detenidas en la Capital en el mayor establecimiento disponible en el territorio porteño: la Cárcel de Devoto. Inclusive recurrió a la Justicia, que le dio la razón y le impuso al Poder Ejecutivo Nacional la asignación de cupos suficientes.
Para paliar la situación, la Ciudad amplió cupos en sus alcaidías comunales y, además, sumó plazas en estructuras provisorias como, por ejemplo, contenedores acondicionados especialmente para el alojamiento preventivo de detenidos por cortos plazos.
Siete presos alojados en una alcaidía de la Policía de la Ciudad escaparon por los techos. Pocas horas después, dos de los delincuentes fueron recapturados, en tanto los otros cinco son intensamente buscados. Entre tanto, el Ministerio de Seguridad porteño decidió sumariar a cuatro oficiales para determinar su eventual responsabilidad por la evasión.
Ocurrió en la Alcaidía 4Bis, situada cerca de la sede del club Deportivo Barracas. “El Ministerio de Seguridad está abocado a la búsqueda de los delincuentes que lograron fugarse y trabajando fuertemente en llevar tranquilidad al barrio”, informaron fuentes oficiales.
Los voceros consultados dijeron que la fuga es consecuencia de “la superpoblación de presos en la Ciudad”. En abril pasado, tras una seguidilla de fugas de distintas comisarías y alcaidías hubo un fuerte cruce entre funcionarios porteños y nacionales. En ese momento había 1962 presos en dependencias de la Capital, aunque la Policía de la Ciudad cuenta con 1041 plazas para una “estadía” transitoria hasta el trasladado a unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
“El problema no empezó ahora. Todo comenzó durante la pandemia con la política de la exjueza María Laura Garrigós [exinterventora del SPF], que no daba cupo para trasladar presos a las cárceles federales. En ese momento, en las dependencias de la Ciudad había solo 60 detenidos. En el SPF no quieren tener las cárceles colapsadas, pero la consecuencia es que las que están colapsadas son nuestras alcaidías y comisarías, que no están preparadas para el alojamiento prolongado de detenidos”, habían explicado en esos días a LA NACION desde el Ministerio de Seguridad porteño.
Hace 12 días, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, finalmente acordaron avanzar con el traspaso de los servicios del SPF en el ámbito de la Capital, lo que implicará que la Ciudad se hará responsable del cuidado de los detenidos por causas tramitadas en la Justicia nacional ordinaria y en la Penal, Contravencional y de Faltas porteña.
En la firma del convenio Bullrich estuvo acompañada por el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y la Directora Nacional de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Desirée Barczuk. Junto a Macri estuvieron el jefe y el vicejefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti y Gabriel Sánchez Zinny; y los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Waldo Wolff.
“Esta es la primera reunión. Ahora comienza a ejecutarse. Es pasar la responsabilidad para que la Ciudad se haga cargo de la gestión del alojamiento de los presos que no sean de la Justicia federal. Seguirán reuniones de trabajo para ir concretándolo”, dijeron a LA NACION fuentes del gabinete nacional.
Hasta el momento, los procesados por delitos cometidos en territorio porteño quedaban detenidos en las diferentes comisarías de la Policía de la Ciudad, que estaban excedidas en su capacidad. Eso fue motivo de fuertes cruces entre los funcionarios porteños y los nacionales durante el gobierno de Alberto Fernández, especialmente a partir de la pandemia, cuando el SPF redujo los cupos semanales reservados para alojar a personas detenidas en la Capital en el mayor establecimiento disponible en el territorio porteño: la Cárcel de Devoto. Inclusive recurrió a la Justicia, que le dio la razón y le impuso al Poder Ejecutivo Nacional la asignación de cupos suficientes.
Para paliar la situación, la Ciudad amplió cupos en sus alcaidías comunales y, además, sumó plazas en estructuras provisorias como, por ejemplo, contenedores acondicionados especialmente para el alojamiento preventivo de detenidos por cortos plazos.
Ocurrió en una dependencia situada en Barracas; pocas horas después fueron recapturados dos sospechosos y ahora continúa la búsqueda de los otros cinco Read More