Ante la falta de acuerdo en el Senado a sus candidatos, el presidente Javier Milei designó en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. La decisión, oficializada hoy con la publicación del decreto 137/2025 en el Boletín Oficial, regirá “hasta la finalización del próximo período legislativo” a menos que el Congreso o la Justicia intervenga y ponga freno a sus nombramientos. La asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) ya solicitó la primera cautelar para impedir su jura.
No sería la primera vez que sucede. En diciembre de 2015, el exmandatario Mauricio Macri debió dar marcha atrás con la designación por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz tras enfrentar un revés judicial. Rosatti y Rosenkrantz decidieron esperar y el nombramiento terminó ocurriendo con la anuencia del Senado.
Un día después de que el titular de Pro asumiera la Presidencia, en diciembre de 2015, el juez Carlos Fayt renunció a la Corte Suprema, lo que dejó una nueva vacante en el Máximo Tribunal. Raúl Zaffaroni ya había abandonado su cargo en diciembre de 2014. Ante las dos vacantes, y con el período ordinario de sesiones parlamentarias ya concluido, el exmandatario decidió nombrar a sus reemplazos por decreto.
La Constitución Nacional establece que la Cámara alta debe aprobar con una mayoría de dos tercios los pliegos de los candidatos a jueces del Máximo Tribunal. En su artículo 99, inciso 19, sin embargo, habilita al Presidente a “llenar las vacantes de los empleados, que requieran acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Este último es el camino que tomó Macri apenas asumió, en 2015, y que ahora decidió seguir también Milei, aunque luego de las dificultades para reunir la mayoría necesaria en el Congreso.
El antecedente de Macri, sin embargo, marca un límite al gobierno libertario. A pocos días de que el titular de Pro impulsara la designación de Rosatti y Rosenkrantz en comisión, el juez federal Alejo Ramos Padilla hizo lugar a una “medida cautelar interina” que frenó los nombramientos e instó a la Corte Suprema –por entonces integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda– a no tomarles juramento.
El letrado había hecho lugar a un planteo del ciudadano Mariano José Orbaiceta, patrocinado por la abogada Lorena Herrera, por considerar que la decisión del exmandatario violaba la separación de poderes y la autonomía del Poder Judicial. “A través de estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la Nación estarían viciadas de nulidad absoluta”, rezaba el fallo de Ramos Padilla.
La resolución judicial también establecía que el impedimento quedaría revocado en caso de que el Senado aprobara los pliegos correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. Esto fue lo que terminó ocurriendo recién seis meses después.
Ante las críticas de la oposición y el revés judicial, el expresidente Macri decidió recurrir al procedimiento de audiencias públicas, contemplado en el decreto 222/2003 de Néstor Kirchner, y suscribir los pliegos a la votación de la Cámara Alta. Finalmente, el 15 de junio de 2016, el Senado avaló el nombramiento de ambos jueces: la designación de Rosenkrantz obtuvo 58 votos afirmativos y 12 negativos, mientras que la de Rosatti logró 60 apoyos y 10 rechazos.
Ante la falta de acuerdo en el Senado a sus candidatos, el presidente Javier Milei designó en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. La decisión, oficializada hoy con la publicación del decreto 137/2025 en el Boletín Oficial, regirá “hasta la finalización del próximo período legislativo” a menos que el Congreso o la Justicia intervenga y ponga freno a sus nombramientos. La asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) ya solicitó la primera cautelar para impedir su jura.
No sería la primera vez que sucede. En diciembre de 2015, el exmandatario Mauricio Macri debió dar marcha atrás con la designación por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz tras enfrentar un revés judicial. Rosatti y Rosenkrantz decidieron esperar y el nombramiento terminó ocurriendo con la anuencia del Senado.
Un día después de que el titular de Pro asumiera la Presidencia, en diciembre de 2015, el juez Carlos Fayt renunció a la Corte Suprema, lo que dejó una nueva vacante en el Máximo Tribunal. Raúl Zaffaroni ya había abandonado su cargo en diciembre de 2014. Ante las dos vacantes, y con el período ordinario de sesiones parlamentarias ya concluido, el exmandatario decidió nombrar a sus reemplazos por decreto.
La Constitución Nacional establece que la Cámara alta debe aprobar con una mayoría de dos tercios los pliegos de los candidatos a jueces del Máximo Tribunal. En su artículo 99, inciso 19, sin embargo, habilita al Presidente a “llenar las vacantes de los empleados, que requieran acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Este último es el camino que tomó Macri apenas asumió, en 2015, y que ahora decidió seguir también Milei, aunque luego de las dificultades para reunir la mayoría necesaria en el Congreso.
El antecedente de Macri, sin embargo, marca un límite al gobierno libertario. A pocos días de que el titular de Pro impulsara la designación de Rosatti y Rosenkrantz en comisión, el juez federal Alejo Ramos Padilla hizo lugar a una “medida cautelar interina” que frenó los nombramientos e instó a la Corte Suprema –por entonces integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda– a no tomarles juramento.
El letrado había hecho lugar a un planteo del ciudadano Mariano José Orbaiceta, patrocinado por la abogada Lorena Herrera, por considerar que la decisión del exmandatario violaba la separación de poderes y la autonomía del Poder Judicial. “A través de estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la Nación estarían viciadas de nulidad absoluta”, rezaba el fallo de Ramos Padilla.
La resolución judicial también establecía que el impedimento quedaría revocado en caso de que el Senado aprobara los pliegos correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. Esto fue lo que terminó ocurriendo recién seis meses después.
Ante las críticas de la oposición y el revés judicial, el expresidente Macri decidió recurrir al procedimiento de audiencias públicas, contemplado en el decreto 222/2003 de Néstor Kirchner, y suscribir los pliegos a la votación de la Cámara Alta. Finalmente, el 15 de junio de 2016, el Senado avaló el nombramiento de ambos jueces: la designación de Rosenkrantz obtuvo 58 votos afirmativos y 12 negativos, mientras que la de Rosatti logró 60 apoyos y 10 rechazos.
En diciembre de 2015, el juez Ramos Padilla frenó el nombramiento en comisión de Rosenkrantz y Rosatti; los jueces asumieron seis meses más tarde tras la aprobación de sus pliegos en el Senado Read More