El conflicto judicial que enfrenta el Municipio de Tolhuin con la empresa LeoLabs Argentina revela no solo un problema procesal, sino también una preocupación de fondo sobre cómo se ejercen los controles del Estado en zonas estratégicas del país.
La Justicia provincial decidió devolver la denuncia presentada por el municipio contra la firma, alegando que el documento combinaba dos acciones legales incompatibles en un mismo proceso: por un lado, la ejecución fiscal de una multa impuesta a LeoLabs, y por otro, el pedido de remoción del radar instalado en la Estancia “El Relincho”.
Más allá de lo estrictamente legal, el caso pone en tela de juicio la planificación y capacidad jurídica de los gobiernos locales para enfrentar situaciones de este calibre. La falta de precisión en la presentación impidió que la denuncia siquiera fuera tratada, lo que retrasa un tema que ha despertado alarma en la opinión pública y ha sido motivo de pronunciamientos de otros actores políticos y sociales.
El radar de LeoLabs, de origen estadounidense, ha sido cuestionado por su potencial uso estratégico, y su instalación sin consulta previa abrió un debate más amplio sobre la soberanía tecnológica y el control territorial en el sur del país.