En su lugar de cautiverio, la víctima tenía las manos y los pies atados con cinta adhesiva. Le taparon el rostro para que no pudiera ver a sus captores. A pesar de las dificultades para poder mirar, observó que uno de los secuestradores se movilizaba en silla de ruedas.
Oscar Antonio A., el dueño de una carnicería de Villa Tesei, en el partido bonaerense de Hurlingham, no se había equivocado. Uno de los integrantes de la banda delictiva que lo tuvo cautivo entre las 16.15 del 23 de noviembre de 2022 y los primeros minutos del día siguiente, momento en que su familia pagara un rescate de $300.000 y US$2000, se movilizaba en silla de ruedas.
Se trata de Eduardo Marcelo Alaníz, conocido por su alias de Pulpo, quien estuvo prófugo 27 meses y fue detenido la semana pasada por detectives del Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina (PFA).
“Se le atribuye a Alaníz haber intervenido junto con Alexis Verón, Cristian Galarza, Juan Carlos Farías, Javier Lanchi, Juan José López y Alfredo Martínez en el apoderamiento ilegítimo, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el secuestro extorsivo de Oscar Antonio A. y mediante el empleo de armas de fuego, de un manojo de llaves correspondientes a la casa del nombrado y su local comercial de tipo carnicería”, sostuvo el fiscal federal Santiago Marquevich en un dictamen firmado en las últimas horas donde le solicitó al juez federal de Morón Jorge Rodríguez el procesamiento con prisión preventiva de Pulpo.
Marquevich tiene a su cargo la Fiscalía Federal de Hurlingham y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), dependencias que tuvieron a su cargo la investigación del secuestro de Oscar Antonio A.
Pulpo, de 56 años, era el único integrante de la banda que falta atrapar. El Ministerio de Seguridad Nacional ofrecía una recompensa de #3.000.000 para quien aportara datos que permitieran ubicar su paradero.
Alaníz, finalmente, fue detenido en la casa de su madre, en Pablo Nogués, en Malvinas Argentinas y mientras usaba una identidad de otra persona para pasar por debajo del radar de la Justicia y la policía.
“Subía distintos posteos a varias redes sociales, pero bajo la identidad de Osmar Britos, el nombre y apellido que utilizó mientras estuvo prófugo”, sostuvo a LA NACION un detective que participó de la investigación.
A fines de mayo pasado, los otros integrantes de la banda fueron condenados por los jueces Silvina Mayorga, Héctor Sagretti y Daniel Gutiérrez, integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de San Martín, a penas de hasta 12 años y medio de cárcel por secuestro extorsivo, robo agravado y asociación ilícita, entre otros delitos.
El secuestro, el rescate y la liberación
Ese 23 de noviembre de 2022, la víctima fue capturada cuando caminaba desde su casa hacia su carnicería. A punta de pistola fue obligada a subirse a un vehículo. Durante varias horas estuvo cautivo en una casa de Trujui, en el partido de Moreno.
Con las llaves que le sacaron a Oscar Antonio A., uno de los delincuentes fue hasta la carnicería de la víctima y se robó el dinero que había en la caja registradora, $70.000.
En la primera llamada extorsiva, los secuestradores le exigieron $3.000.000 a la hija de la víctima para liberar a su padre.
“Tras distintas comunicaciones, las cuales se materializaron desde el teléfono de la víctima, los captores bajaron sus pretensiones y aceptaron la suma ofrecida, de $300.000 y US$2000 dólares en concepto de rescate”, según se desprende de los fundamentos de la sentencia del TOF N°1 de San Martín.
El pago se concretó a las 0.50 del 24 de noviembre de 2022 en Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. La víctima fue liberada en inmediaciones de la ruta 4 y Camino de La Ribera Sur de localidad de 9 de abril, en Esteban Echeverría.
Mientras estuvo cautivo, el comerciante “pudo advertir la presencia de un quinto delincuente, quien se desplazaba en una silla de ruedas. Si bien la víctima permanecía con el rostro cubierto, cuando apareció la persona en silla de ruedas, los captores se esforzaron más por impedirle la visión”, según remarcaron los jueces al redactar la sentencia.
Tras su detención y cuando fue indagado, Pulpo explicó que iba a declarar, pero no iba a responder preguntas “para evitar problemas a futuro con otras personas”. Y dijo: “Uno de los muchachos me dice de ir a buscar un dinero para hacer un arrebato, que el hombre llevaba una plata encima y se la íbamos a sacar. Yo solo tenía que manejar. Hasta ahí era lo que yo tenía en mente. Cambiaron las cosas repentinamente cuando subieron al hombre al auto. Pero lo subieron a los empujones, no a punta de arma. No había armas, al menos donde yo estaba, no sé si en el otro auto había. Lo subieron al auto y yo ya estaba ahí, no me podía echar atrás. Después todo ocurrió según lo que me manifestaron. Yo estoy en silla de ruedas. La necesidad me empujó a esos errores. Vivo con mi vieja ahora, ella tiene 83 años y está casi ciega y sorda. Yo todo este tiempo después de este hecho, no es lo que yo pensaba. No fui a hacer una cosa así, pero terminó pasando. Es muy distinto arrebatar una plata a secuestrar una persona. No estaba eso planeado, por lo menos de mi parte. Desde que pasó eso, yo estaba en el domicilio donde me agarraron. Nunca me notificaron ni me avisaron. Yo siempre estuve ahí. Me dedicó a cuidar a mi vieja y estar con ella, porque no me puedo mover y estoy dolorido. Me agarró una bacteria en el pie que me agravó más mi situación”.
Para el fiscal Marquevich existen “elementos de convicción” que lo llevan a concluir que Alaníz fue integrante de la “comunidad delictiva” investigada y uno de los autores materiales del secuestro extorsivo.
“La prevención concluyó que el movimiento que mantuvo la línea telefónica utilizada por Alaníz, durante el transcurso del secuestro extorsivo investigado, fue diverso al reporte que habitualmente registraba en la localidad de Pablo Nogués. Además, en distintos tramos del secuestro extorsivo en trato, el desplazamiento de la línea coincidió con el abonado perteneciente a Farías, uno de los autores materiales del injusto, con quien a su vez mantuvo comunicaciones telefónicas en cuatro oportunidades más durante el desarrollo del hecho y también con el recorrido del equipo celular de la víctima activa”, explicó el fiscal Marquevich al fundamentar el pedido de procesamiento.
En su lugar de cautiverio, la víctima tenía las manos y los pies atados con cinta adhesiva. Le taparon el rostro para que no pudiera ver a sus captores. A pesar de las dificultades para poder mirar, observó que uno de los secuestradores se movilizaba en silla de ruedas.
Oscar Antonio A., el dueño de una carnicería de Villa Tesei, en el partido bonaerense de Hurlingham, no se había equivocado. Uno de los integrantes de la banda delictiva que lo tuvo cautivo entre las 16.15 del 23 de noviembre de 2022 y los primeros minutos del día siguiente, momento en que su familia pagara un rescate de $300.000 y US$2000, se movilizaba en silla de ruedas.
Se trata de Eduardo Marcelo Alaníz, conocido por su alias de Pulpo, quien estuvo prófugo 27 meses y fue detenido la semana pasada por detectives del Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina (PFA).
“Se le atribuye a Alaníz haber intervenido junto con Alexis Verón, Cristian Galarza, Juan Carlos Farías, Javier Lanchi, Juan José López y Alfredo Martínez en el apoderamiento ilegítimo, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo el secuestro extorsivo de Oscar Antonio A. y mediante el empleo de armas de fuego, de un manojo de llaves correspondientes a la casa del nombrado y su local comercial de tipo carnicería”, sostuvo el fiscal federal Santiago Marquevich en un dictamen firmado en las últimas horas donde le solicitó al juez federal de Morón Jorge Rodríguez el procesamiento con prisión preventiva de Pulpo.
Marquevich tiene a su cargo la Fiscalía Federal de Hurlingham y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), dependencias que tuvieron a su cargo la investigación del secuestro de Oscar Antonio A.
Pulpo, de 56 años, era el único integrante de la banda que falta atrapar. El Ministerio de Seguridad Nacional ofrecía una recompensa de #3.000.000 para quien aportara datos que permitieran ubicar su paradero.
Alaníz, finalmente, fue detenido en la casa de su madre, en Pablo Nogués, en Malvinas Argentinas y mientras usaba una identidad de otra persona para pasar por debajo del radar de la Justicia y la policía.
“Subía distintos posteos a varias redes sociales, pero bajo la identidad de Osmar Britos, el nombre y apellido que utilizó mientras estuvo prófugo”, sostuvo a LA NACION un detective que participó de la investigación.
A fines de mayo pasado, los otros integrantes de la banda fueron condenados por los jueces Silvina Mayorga, Héctor Sagretti y Daniel Gutiérrez, integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de San Martín, a penas de hasta 12 años y medio de cárcel por secuestro extorsivo, robo agravado y asociación ilícita, entre otros delitos.
El secuestro, el rescate y la liberación
Ese 23 de noviembre de 2022, la víctima fue capturada cuando caminaba desde su casa hacia su carnicería. A punta de pistola fue obligada a subirse a un vehículo. Durante varias horas estuvo cautivo en una casa de Trujui, en el partido de Moreno.
Con las llaves que le sacaron a Oscar Antonio A., uno de los delincuentes fue hasta la carnicería de la víctima y se robó el dinero que había en la caja registradora, $70.000.
En la primera llamada extorsiva, los secuestradores le exigieron $3.000.000 a la hija de la víctima para liberar a su padre.
“Tras distintas comunicaciones, las cuales se materializaron desde el teléfono de la víctima, los captores bajaron sus pretensiones y aceptaron la suma ofrecida, de $300.000 y US$2000 dólares en concepto de rescate”, según se desprende de los fundamentos de la sentencia del TOF N°1 de San Martín.
El pago se concretó a las 0.50 del 24 de noviembre de 2022 en Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. La víctima fue liberada en inmediaciones de la ruta 4 y Camino de La Ribera Sur de localidad de 9 de abril, en Esteban Echeverría.
Mientras estuvo cautivo, el comerciante “pudo advertir la presencia de un quinto delincuente, quien se desplazaba en una silla de ruedas. Si bien la víctima permanecía con el rostro cubierto, cuando apareció la persona en silla de ruedas, los captores se esforzaron más por impedirle la visión”, según remarcaron los jueces al redactar la sentencia.
Tras su detención y cuando fue indagado, Pulpo explicó que iba a declarar, pero no iba a responder preguntas “para evitar problemas a futuro con otras personas”. Y dijo: “Uno de los muchachos me dice de ir a buscar un dinero para hacer un arrebato, que el hombre llevaba una plata encima y se la íbamos a sacar. Yo solo tenía que manejar. Hasta ahí era lo que yo tenía en mente. Cambiaron las cosas repentinamente cuando subieron al hombre al auto. Pero lo subieron a los empujones, no a punta de arma. No había armas, al menos donde yo estaba, no sé si en el otro auto había. Lo subieron al auto y yo ya estaba ahí, no me podía echar atrás. Después todo ocurrió según lo que me manifestaron. Yo estoy en silla de ruedas. La necesidad me empujó a esos errores. Vivo con mi vieja ahora, ella tiene 83 años y está casi ciega y sorda. Yo todo este tiempo después de este hecho, no es lo que yo pensaba. No fui a hacer una cosa así, pero terminó pasando. Es muy distinto arrebatar una plata a secuestrar una persona. No estaba eso planeado, por lo menos de mi parte. Desde que pasó eso, yo estaba en el domicilio donde me agarraron. Nunca me notificaron ni me avisaron. Yo siempre estuve ahí. Me dedicó a cuidar a mi vieja y estar con ella, porque no me puedo mover y estoy dolorido. Me agarró una bacteria en el pie que me agravó más mi situación”.
Para el fiscal Marquevich existen “elementos de convicción” que lo llevan a concluir que Alaníz fue integrante de la “comunidad delictiva” investigada y uno de los autores materiales del secuestro extorsivo.
“La prevención concluyó que el movimiento que mantuvo la línea telefónica utilizada por Alaníz, durante el transcurso del secuestro extorsivo investigado, fue diverso al reporte que habitualmente registraba en la localidad de Pablo Nogués. Además, en distintos tramos del secuestro extorsivo en trato, el desplazamiento de la línea coincidió con el abonado perteneciente a Farías, uno de los autores materiales del injusto, con quien a su vez mantuvo comunicaciones telefónicas en cuatro oportunidades más durante el desarrollo del hecho y también con el recorrido del equipo celular de la víctima activa”, explicó el fiscal Marquevich al fundamentar el pedido de procesamiento.
Se trata de Eduardo Marcelo Alaníz; el Ministerio de Seguridad Nacional ofrecía una recompensa de $3.000.000 para quien aportara datos de su paradero Read More